La maniobra orquestada por el Poder Ejecutivo Nacional para que el Tesoro se apropie de las reservas monetarias del país superó la imaginación de quienes, en materia moral, eran ya muy pesimistas. La presidenta Cristina Kirchner no sólo volvió a eludir al Congreso, burlando preceptos de la Constitución y fallos de los jueces. También montó un ardid para impedir que los diputados y senadores, lo mismo que los magistrados, reaccionaran a tiempo en defensa del patrimonio del Banco Central. El incumplimiento de la ley dejó de ser accidental y el avasallamiento de las instituciones ya no puede ser imputado a la torpeza: ahora se apela al engaño como conducta deliberada.
El lunes pasado, paradójicamente el día en que se abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso en el año del Bicentenario, el poder en la Argentina cruzó un límite. Lo que hasta entonces había sido prepotencia verbal y desapego por los procedimientos, se completó con un embuste premeditado. La mala fe quedó consagrada como motor de la acción oficial.
La Presidenta abrió los trabajos del Congreso anunciando que, otra vez, había resuelto arrebatarles facultades a los legisladores a través de otro decreto de necesidad y urgencia. Confesó que lo había hecho para servirse de las reservas monetarias como si fueran un ingreso corriente, algo que la Justicia ya le había prohibido en más de una instancia. Esperó, para efectuar ese anuncio, a que los directores del Banco Central que le responden giraran el dinero al Ministerio de Economía. Para asegurarse de que el controvertido decreto tuviera vigencia y, al mismo tiempo, evitar que se divulgara su contenido, ordenó la publicación de un suplemento especial del Boletín Oficial, que circuló cuando ya se había consumado la operación.
Resulta escandaloso y desmoralizante imaginar la escena de quien ejerce la primera magistratura pergeñando un plan semejante con sus colaboradores inmediatos. Con su maniobra, la señora de Kirchner no sólo agravió al Congreso, sino también su elevada investidura de funcionaria, además de desmerecerse a sí misma, como dirigente política, si recordamos que en su campaña presidencial prometió calidad institucional y que, como abogada, siendo joven, prometió servir a la ley.
Los considerandos del decreto de necesidad y urgencia y el discurso que la Presidenta pronunció el jueves pasado demuestran que aquella maniobra fue el comienzo de un ciclo más pronunciado de degradación institucional, que amenaza con una espiral de autoritarismo pleno.
Sería ingenuo ignorar los antecedentes de este tipo de engaños. Los Kirchner ya apelaron a la mentira cuando ordenaron adulterar las estadísticas del Indec, cuando modificaron el calendario electoral de acuerdo con sus supuestas conveniencias de facción o cuando idearon las llamadas "candidaturas testimoniales", para que los ciudadanos votaran a personas que no ejercerían la función que se les encomendaba. El jefe de Gabinete ganó las páginas de los diarios por haberle ordenado a un juez que desobedeciera una orden judicial. No es la primera vez, entonces, que el Gobierno apela al fraude para superar una dificultad.
Tampoco es la primera vez que se recurre a denunciar intentos destituyentes, pese a que es la propia conducta temeraria de nuestros gobernantes la que los conduce a la autoflagelación.
Como se ve, la maniobra oficialista de los últimos días dista de ser novedosa. Pero resulta la más grave desde que, ahora, la señora de Kirchner ha resuelto hacer aquello que los jueces habían prohibido, induciendo a ese desacato a varios de sus funcionarios; entre ellos, la presidenta del Banco Central.
Contra todo lo que cabía esperar, se anunció que, en adelante, el propio Poder Ejecutivo decidirá cuáles son las sentencias que deben ser cumplidas, ateniéndose a un brumoso y, por ahora, bastante cómodo "juicio de la historia". Es imposible encontrar una declaración más sombría en la historia de la democracia que se restauró en 1983.
A primera vista, las palabras y los hechos llevarían a concluir que el matrimonio gobernante ha resuelto iniciar una revolución -o, si se prefiere, un golpe de Estado contra los demás poderes-, sin tener asegurado un número suficiente de revolucionarios. Este desbarajuste transcurre cuando la Presidenta y su esposo han descendido a un nuevo piso en términos de imagen positiva. Pero lo más penoso es que la sociedad argentina se está encontrando, por enésima vez, con un fenómeno recurrente de su historia: la aparición de una fantasía hegemónica para la que sólo hay poder allí donde hay abuso de poder.
Es imposible precisar dónde desembocará el curso de acción que tomó el Poder Ejecutivo desde el lunes pasado. Pero sería sorprendente que al final del camino no apareciera una nueva ruptura entre la ciudadanía y sus representantes.
El oficialismo debería hacer un ejercicio de introspección y de cambio para evitar ese desenlace. Debería recordar, siquiera por un momento, "la necesidad de construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición"; advertir que "en las democracias de fuerte intensidad los adversarios discuten y disienten cooperando"; acordarse de que "nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamientos, energías mal gastadas en luchas estériles, hasta el punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados". Son ideas que pueden hoy parecerles huecas, candorosas o utópicas. Sin embargo, no deberían resultarles tan ajenas: las expuso Néstor Kirchner el día de su asunción presidencial en su discurso ante el Congreso.
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