Diego Ayo relaciona los miedos que ha venido sembrando el MAS en estos años, lo que ha creado "una indefensión" del pueblo que admitamos sí, tiene miedo a no tener un empleo firme, a las enfermedades, a envejecer y no tener jubilación decente, miedo a la violencia, miedo a los linchamientos...

Los miedos, herencia de una década del MAS

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Diego Ayo Saucedo


¿Hay algo en común en sucesos aparentemente inconexos como la sentencia contra Leopoldo, la muerte de la niña Eva y el crimen pasional contra el joven deportista de lucha Rony Alexander Viveros? Pues sí. Todos ellos generan incertidumbre sobre la suerte que podemos correr. Y, sobre todo, generan miedo. A pesar de ciertos avances sociales logrados en once años del proceso de cambio, la mayor herencia de este régimen es un conjunto de miedos solo saltan a la vista cuando encarcelan a un político de renombre, ¡muere una niña de hambre!, o matan a alguien con tanta crueldad.

Miedo a no tener un empleo estable y bien remunerado (aproximadamente el 70% de los empleos son precarios y están por debajo de la remuneración salarial promedio). Miedo a contraer una enfermedad y no tener una adecuada atención (Bolivia se encuentra como el país con menor inversión per cápita en salud; el informe Bloomberg sitúa a nuestro país en el último lugar en salud)
Miedo a envejecer y no tener una pensión decente (a pesar de que en Bolivia los ancianos reciben un bono, la ‘renta Dignidad, cuentan con una Ley del Adulto Mayor y/o un Seguro de Alivio de la Vejez, es llamativo que el único indicador fiable al respecto, el Índice Global de Envejecimiento de Help-Age, la ONG dedicada a asistir a ancianos en 70 países del mundo, sitúa a Bolivia en el puesto 51 de 96 países en 2014, pero en 2015 lo hace en el puesto 55. No se puede saber a ciencia cierta, pues no hay datos fiables, la condición de los adultos mayores de Bolivia, pero es evidente que además de las transferencias específicas, no hay una estrategia específica).

Miedo a ser víctima de algún acto de violencia social (asalto, asesinato, etc) (América Latina, de acuerdo al PNUD, ha sido el único continente que de 2000 a 2010 ha incrementado su nivel de violencia. En ese escenario, Bolivia está en el nivel ‘intermedio’ de homicidios pero ‘alto’ de robos. A diferencia de Venezuela u Honduras, que han sido identificados como casos de ‘epidemia’ en cuanto a crímenes, Bolivia se encuentra por debajo. Sin embargo, según el mismo PNUD, Bolivia es el segundo país con más linchamientos de América Latina más atrás de Guatemala.

Asimismo, según la Iglesia, el narcotráfico crece cada vez más en el país, baste ver que el 80% de las cárceles se llenan con delincuentes que violan la ley 1008. Ello ha dado lugar a un incremento de la violencia por ajuste de cuentas y por disputas territoriales entre narcos colombianos, peruanos, brasileños y paraguayos. Y a este panorama se suma la crisis de una Policía que no ha sido reformada hasta hoy, manteniéndose como un espacio patrimonial al servicio del Gobierno)

Miedo a sufrir como mujer, el acoso, el maltrato, la trata o el feminicidio. A pesar de haberse aprobado en marzo de 2013 la Ley para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia, los feminicidios siguen creciendo. En 2016 se registraron 104 casos frente a los 93 de 2015; los recursos fiscales para la partida inexistente de ‘violencia contra la mujer’ no alcanza siquiera al 0,5% del presupuesto general; y/o de las 101.268 denuncias por violencia de 2012 no más del 5% recibe seguimiento)

Miedo a nuestra justicia, ineficiente y corrupta (diversos indicadores como World Justice System colocan a la justicia boliviana como la peor; Bolivia es el país con menor inversión en justicia del continente, con solo 0,4%; las cárceles están hacinadas, con un 85% de presos con retardo de sentencia)

Miedo a que nuestros hijos se vean obligados a trabajar y no puedan estudiar (según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2014, en el país hay más de 850.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan. De esta cifra 500.000 tienen menos de 14 años y más del 80% trabaja en situación de riesgo o en áreas peligrosas, expuestos a accidentes y alejados de su hogar).
Miedo a que nuestros hijos jóvenes consuman drogas (un reporte de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) afirmó que hasta en 5% se incrementó el consumo de drogas: cocaína y marihuana, en el país debido a que Bolivia es un país de tránsito. Desde 2013, los microtraficantes se han fortalecido, sobre todo en los puntos fronterizos por donde ingresan la marihuana y la cocaína, que después es distribuida entre clanes familiares que se dedican a la venta al raleo en ciudades capitales e intermedias donde el número de drogodependientes viene creciendo).

Miedo a quedar viuda, divorciada o a ser madre soltera y no tener con qué mantener a la familia (en el país hay 2.282.006 madres, de ese total tres de cada diez son jefas del hogar, es decir, 789.225 (34,6%) mujeres trabajan para mantener solas a su familia)

Lo ocurrido con Leopoldo, Eva o Rony es lo que ocurre a diario con miles sino millones de bolivianos confrontados con una justicia miserable, una seguridad ciudadana deficitaria o una lucha contra la pobreza insuficiente (entre otros problemas como el sub-empleo, la viudez o la carga laboral infantil).

Requerimos pasar a un Estado protector que comprenda que estos asuntos, aparentemente disconexos, forman parte de una misma trama: la indefensión de la población boliviana frente a hechos absolutamente prevenibles.

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Reynolds se refiere a Evo y al 21F que resultó siendo una catástrofe para el MAS tanto la versión del 2016 como la reciente del 2017 en que Bolivia dijo NO al prorroguismo. con frase galana describe en pocas líneas la situación actual "si se calla el cantor..." sin voz en la garganta aquel no es más el protagonista, sus periplos sin voz, sin público, sin llunkus incondicionales no tienen sentido.

No todas las derrotas son malas; “el arte de ganar se aprende en las derrotas”, decía nuestro padre Bolívar. Ellas, las bartolinas,  plantearon la disyuntiva crucial: “el resultado de febrero es de vida o muerte”. No se logró en las urnas lo que se esperaba; la otra alternativa está haciendo estragos. Es sabido que un fuerte impacto emocional se refleja en el rostro y puede afectar la salud. Tratándose de presidentes, el semblante de éstos  revela el estado anímico imperante en su país. El gesto adusto de Trump y la faz serena de Kuczynski, pueden ser los ejemplos. 

Ya se habrá adivinado de quién estamos hablando.

No parece casualidad que al fracaso sigan las enfermedades. Un hombre sano y fuerte había capeado con éxito todas las tormentas en la ruta, pero de pronto surgen las afecciones en el cuerpo. Respecto a la  garganta, que parece ser la más importante, no podía darse otra receta peor: “no hable mucho”. Si obedeciera, ya no tendría objeto el ir a ninguna parte. Ya se le hizo hábito el periplo cotidiano por los aires, el delirante aplauso de las muchedumbres, las guirnaldas de flores o de coca en el cuello, las cámaras y los micrófonos por detrás, y en fin, el fogoso discurso contra el imperio y el neoliberalismo. “Si se calla el cantor…”.

En el Palacio,  las  altas y solitarias murallas del poder es posible que se parezcan mucho a una cárcel o al exilio amargo de los  políticos. Aparte de la adicción al cargo y el miedo a dejarlo, hay una legión de beneficiarios que lo retienen agitando en su delante el incensario: “Es líder mundial y único; sólo de siglo en siglo hay figuras como Evo”. Nadie que no tenga un poco de vanidad o egolatría sería capaz de resistir semejante avalancha de llunquerío. No le dicen nunca la verdad.
Con un resultado diferente, otro era el hombre. La posibilidad de realizar los planes y proyectos de la agenda patriótica y el bicentenario (2025), le habrían infundido fortaleza no sólo política y moral sino, sobre todo, física. Ahora la realidad es distinta. Tendría que violentar el cerrojo 168 de la Constitución para revertir la decisión del soberano, y eso no se hace impunemente. ¡Qué variable y frágil es el ser humano!  Aunque los ejemplos incitativos se caen a pedazos, todavía son una tentación. 

Además, el tiempo envejece todo. En la gestión anterior, a la derrota electoral se sumó ese borrascoso drama de faldas. Y el fardo acumulado, ¿cómo no iba a transfigurarlo? Uno de los factores para el triunfo de Trump fue el desgaste de los demócratas en el poder. Obama no lo hizo mal, y estaba cantado el triunfo de la señora Clinton, pero el electorado quería ver a otro personaje en la Casa Blanca. Las masas, por una suerte de veleidad política, se inclinan por la corriente opuesta, a veces para mal, pero quieren ver otro estilo, otra cara.
 
El autor es escritor, miembro del PEN Bolivia

presiones desde el Poder han quitado lefitimidad al juicio, habiendo criticado la justicia Evo y Alvaro presionan sobre jueces y fiscales. Fernández es víctima del odio político del MAS. la deuda moral está pendiente dice LTD

Lejos de aclarar el caso y saldar cuentas con la historia y sus víctimas de los sucesos de El Porvenir, el proceso y la sentencia en contra de Leopoldo Fernández dejan pendientes esas tareas para cuando haya la necesaria voluntad jurídica y democrática.

Después de seis años de un polémico proceso judicial incoado a instancia del Órgano Ejecutivo en contra del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ha sido dictada, en primera instancia, una sentencia condenando a 15 años de prisión por los presuntos delitos que habría cometido esa exautoridad en la denominada Masacre de El Porvenir cuando, en medio de una aguda confrontación entre el Gobierno central y las autoridades departamentales, murieron presuntamente 13 ciudadanos bolivianos.

Desde un principio, el proceso estuvo viciado por la profunda tendencia de las principales autoridades de descalificar al adversario. En este caso concreto, es difícil olvidar la célebre frase del entonces Ministro de la Presidencia anunciando que Fernández sería enterrado al  lado de los gusanos. Asimismo, se instruyó que sean fiscales de La Paz los encargados de dirigir el proceso, que más se encargaron de violar impunemente la Constitución y las leyes entonces vigentes asumiendo, en verdad, una fusión de represión política, táctica que se repetiría, por ejemplo, en Santa Cruz en los denominados casos de terrorismo I y II.
Adicionalmente, de acuerdo a muchos especialistas, ninguna de las acusaciones hechas en contra de Fernández habría sido comprobada fehacientemente (de hecho, ni el número de las víctimas pudo ser confirmado) y tuvo que haber una severa advertencia vicepresidencial al tribunal para que se dicte la sentencia condenatoria.

Es decir, estas presiones ejercidas desde la administración central del Estado han quitado legitimidad al juicio y, por tanto, a la sentencia. Peor aún si se ha procesado sólo a una parte de los actores involucrados en el trágico suceso de El Porvenir, de la misma forma que está ocurriendo en los casos de terrorismo I y II.

Desde otra perspectiva, no hay que olvidar que han sido los propios primeros mandatarios quienes han criticado acremente el funcionamiento de la administración judicial, y la presión que las autoridades ejercen sobre jueces, y ni qué decir sobre fiscales, es precisamente uno de los factores principales que la afecta.

En este marco, es posible sostener que no se ha clarificado las causas ni identificado a los actores del caso El Porvenir, como hubiera debido ser el principal objetivo del proceso incoado en contra del exprefecto departamental. La masacre queda en la nebulosa, probablemente hasta que haya la voluntad jurídica y democrática de ir a fondo en la investigación, objetivo que debe ser mantenido si se pretende reforzar el sistema democrático del país y el estado de derecho, bases fundamentales para la pacífica convivencia.

De ahí que no resultan aleccionadoras las declaraciones del Presidente del Estado en sentido de que la justicia “ha premiado a Fernández” y que los exmandatarios que han criticado el proceso sean “traidores” a la patria. Dicha posición sólo reafirma la percepción de que la sentencia que se comenta es ilegítima y que los administradores de justicia y el Ministerio Público no han actuado ciñéndose a lo que manda la ley sino a instrucciones del Órgano Ejecutivo.

En definitiva, el proceso y la sentencia en contra de Leopoldo Fernández profundizan la deuda moral que se tiene con las presuntas 13 personas abatidas en El Porvenir.

tiene un valor testimonial increíble el art. de Carlos Mesa, no sólo porque domina el tema de la Coca y su Círculo Vicioso, sino porque como Presidente fue protagonista de la problemática. tomar nota de sus puntos de vista ciertamente invalorables.

Bolivia no ha logrado en más de medio siglo resolver la cuestión de la coca como uno de los ejes de nuestra economía, de nuestra política y de nuestros problemas sociales. El último paso de Evo Morales sobre el tema ha generado una intensa polémica sobre el asunto, que ha traído a colación algunos episodios del pasado, uno de los cuales toca a mi gestión presidencial.

El 3 de octubre de 2004, mi Gobierno firmó un Convenio (no un Decreto Supremo) con las Federaciones del Trópico de Cochabamba a propósito de la superficie de cultivos de hoja de coca en la zona. ¿Por qué lo firmamos? Por dos razones. La primera, por la filosofía de paz que guió nuestra gestión en salvaguarda de la vida y en defensa de la democracia. Las tensiones entre quienes producían coca en un área protegida (Isiboro Sécure) y la Fuerza de Tarea Conjunta, dejaron como consecuencia un cocalero fallecido y la amenaza violenta de los productores sobre la citada Fuerza. La segunda, por la lección aprendida del proceso de eliminación total de coca en el Chapare en la gestión de Hugo Banzer. Entre 1998 y 2001, se provocó la muerte de 23 cocaleros por acciones represivas de la Felcn para hacer efectiva la premisa de coca cero en ese sector del país. En 2000, se había reducido la coca chapareña hasta sólo 600 hectáreas, pero en 2002 esa cantidad subió a 6.000 hectáreas, lo que demostró el fiasco del esfuerzo a pesar del costo en vidas humanas y el incremento de un volcán social y político que contribuyó a la crisis de la democracia en octubre de 2003.

El Convenio tenía premisas fundamentales: la más importante y base del acuerdo, el compromiso de Gobierno y productores de realizar de manera inmediata un estudio de la demanda del consumo legal de la hoja a cargo de una institución nacional y/o internacional en el plazo máximo de un año a partir de su firma, cuyos resultados debían ser respetados por ambas partes. También se estableció la aceptación por parte de los productores de la erradicación total de la coca existente en los parques nacionales Isiboro Sécure y Carrasco, que a la sazón habían sido invadidos de cocales.

Cuando llegamos al Gobierno en 2003, la coca existente en el Chapare era de 7.300 hectáreas. La decisión fue aprobar en ese Convenio un máximo de 3.200 hectáreas, es decir un 66 por ciento menos que la coca existente entonces, pero lo más importante fue que el Convenio era un documento de transición de sólo un año de duración, sujeto expresamente a la realización del citado estudio sobre los requerimientos del consumo legal. A los productores ni les interesaba ni les convenía hacerlo, porque es evidente que el consumo legal no requiere la producción nacional promedio que el país ha tenido desde 1988 (año de aprobación de la Ley 1008) hasta hoy. Ese estudio no se realizó bloqueado por los productores, en consecuencia la validez del Convenio feneció el 3 de octubre de 2005 (cuatro meses después de nuestra salida del Gobierno) precisamente por la lógica salvaguarda de demostrar que lo que se requería para el consumo legal obligaría a una reducción radical de la producción. Fue además la primera vez que una decisión de Estado sobre la coca se hizo sin consulta previa con la Embajada de los Estados Unidos, con base en los intereses sociales, políticos y económicos del país.
La actual Ley del MAS incrementa el número de hectáreas permitidas de 12.000 a 22.000, derogando las partes respectivas de la Ley 1008. Para evaluar el efecto de la medida hay que hacer algunas preguntas. ¿Contamos con información fiable sobre la verdadera demanda del consumo legal? El estudio realizado hace algunos años no se conoce en detalle, sólo sabemos el dato de una demanda genérica de 14.000 hectáreas en un informe escueto y no explicado por las autoridades. Si aceptamos la cifra como correcta, la Ley estaría 8.000 hectáreas por encima. ¿Cómo se garantizan los mecanismos de control, regulación y distribución de la hoja en los puntos de demanda que garanticen su correcto destino? ¿La idea de industrializar la hoja que no va al acullicu tiene fundamentos técnicos, científicos y de mercado? ¿Es posible industrializar la hoja para su exportación en volúmenes que cubran la producción excedente, a destinos que en su mayoría consideran ilegal la materia prima?

El problema de la Ley tiene que ver con la inexistencia de una estrategia nacional que encare el problema estructural, es decir el fracaso estrepitoso de la guerra contra las drogas iniciado hace 50 años por EEUU y Europa y secundado por los países productores. Bolivia no ha planteado una propuesta que toque el corazón del problema que permita: 1. un debate subregional (Colombia, Perú y Bolivia en el caso de la coca); 2. latinoamericano para el problema integral del crimen organizado asociado a la producción de drogas blandas y duras, y 3. hemisférico —con EEUU— para reformular las premisas de una nueva era que busque superar este círculo vicioso interminable.
 
El autor fue presidente de la República
http://carlosdmesa.com/