buen título para la historia "el año de la corrupción" en efecto además de los factores que escribe E.Martínez están la desconfianza en el Régimen que cunde como sarampión, el trizado de su imagen, y la persistencia en negar vínculos. el Ministerio Público está haciendo lo suyo, vamos a ver hasta dónde es capaz!

Si alguno de los sucesos de este 2012 que ya se va puede definir el año vivido en Bolivia, es sin duda el mega-escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Evo Morales.

Aunque las denuncias sobre presiones gubernamentales en la justicia abundaron en años anteriores, divulgadas por opositores perseguidos, fue en el 2012 que las manipulaciones judiciales se hicieron evidentes e incontrovertibles a raíz del caso Ostreicher.

Para que la administración evista se viera forzada a actuar contra sus propios asesores parece haber sido fundamental la influencia norteamericana, admitida primero por el ministro de gobierno Carlos Romero, quien señaló que los mensajes recibidos por el presidente Morales en su celular provenían de la embajada estadounidense en La Paz; y luego por el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, quien reconoció que existieron “presiones humanitarias” de EEUU.

También desde el país del norte, aunque no impulsado desde Washington sino muy probablemente por la gravitación que tienen las organizaciones de activistas judíos sobre Hollywood, llegó el actor Sean Penn, ideológicamente alineado con el ALBA, pero quien acabó desempeñando un papel incómodo para el régimen de Evo Morales al convertirse en cruzado de la liberación de Jacob Ostreicher.

¿Qué cartas tenía en la manga el “imperio” para provocar tal desbarajuste?

¿Evidencias sobre el involucramiento de altos mandos en las prácticas manipulatorias de la justicia? ¿Algún expediente del caso del narco-general Sanabria?

En todo caso, esta alineación de astros contribuyó a hacer del 2012 el Año de la Corrupción, y como van las cosas el 2013 podría ser el Año de la caída total de las máscaras…

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testimonios para la historia de la mafia. Cori Balcázar de Achá presa en Palmasola, tesorera de abogados del MAS posa muy estrecha con el Vice García y con el candidato a vice Héctor Arce (cerebros grises de un régimen corrupto)

Los altos mandos del régimen de Evo Morales niegan conocer siquiera a los implicados en la red de extorsión puesta al descubierto por el caso Ostreicher, pero una serie de fotografías conocidas recientemente dicen lo contrario.

En las mismas se observa al vicepresidente Álvaro García Linera y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, junto a Cory Balcázar, actualmente en prisión.

Balcázar era la responsable financiera de la “Organización de Abogados para el Cambio” (OAPAC), entidad que aglutina a los juristas alineados con el oficialismo y que encabeza el asesor presidencial Eusebio Gironda.

Lo cierto es que cada día que pasa surgen nuevos indicios que apuntan a que la red no era sólo un “pequeño grupo privado”, como se alega desde el gobierno, sino parte estructural de las prácticas de manipulación de la justicia del régimen.

A la manera de la famosa Cosa Nostra siciliana, la organización mafiosa local también estaría conformada jerárquicamente, por soldati sacrificables (hoy en día encarcelados), capos y consiglieri cada vez más complicados en el asunto y a los que habrá que enviar al exterior, y por un capi di tutti capi.

“Coca Nostra” podría ser una buena denominación para el fenómeno, dados los orígenes cocaleros del grupo gobernante…

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Robert Téllez se refiere en general a la corrupción dando sabias normas para evitarla, aunque no se refiere al caso de la extorsión del caso Ostreicher que lacera el alma boliviana, porque viene de arriba con todo su peso de funcionnarios mafiosos socorridos por jefes mafiosos de un gobierno mafioso.

La corrupción sembró un estado de desconfianza generalizada que parece hundirnos día a día. Nos plantea el interrogante del cuál es la fuerza que la hace cada vez más poderosa, y que en la actualidad parece dominar las sociedades y a los gobiernos. Nuestro deber de ciudadanos nos llama a la lucha contra la corrupción, para lograr un Estado fuerte, una justicia independiente, una economía sólida y una sociedad donde todos tengamos la misma posibilidad de adelanto e inclusión. La corrupción es posible cuando el dinero ocupa un lugar elevado en la tabla de valores de una comunidad. En este marco se puede distinguir a los políticos que viven para la política y los que viven de la política, utilizándola como instrumento para su enriquecimiento. A tal punto que la política se transforma en el mejor negocio posible. 

Un medio de control de la corrupción estatal sería, la desregularización, la estabilidad y una justicia independiente, además de la disposición para castigar a los corruptores, al igual que los funcionarios corruptos. Una de las ideas básicas de las democracias modernas es diferenciar funciones dentro del Estado, adjudicándoles a órganos independientes que se controlan unos a otros y balancean su poder entre ellos. 

Los controles mutuos son necesarios para la transparencia y constituye la clave misma del sistema democrático constitucional. La idea es que nadie ejerza un poder, sin que alguien tenga el derecho de controlarlo. Una regla elemental de la técnica de control, es que quien controla sea independiente de quien es controlado. No hay monopolio del poder, ya que el mismo debe repartirse entre las distintas funciones de gobierno que se controlan unas a otras. Hay baja discrecionalidad. 

La ley es la que debe regular la conducta de los funcionarios públicos y hay transparencia pues se garantiza la publicidad de los actos de gobierno y la libertad de expresión. Poder hegemónico es igual a corrupción. La lucha contra la corrupción se orienta especialmente a la denuncia del problema. Surgen los índices para medir la corrupción desde la percepción de la corrupción por parte de diversos actores sociales. El punto central está en la violación de un deber jurídico, de modo que la corrupción se presenta, no sólo como una violación de una norma legal o constitucional determinada, sino como la ruptura del vínculo jurídico que es el que le asigna a determinada persona, funcionario público o agente privado, un carácter especial, para poder tomar decisiones que afectan al conjunto de la colectividad: la violación del deber y la utilización ilícita del poder recibido por el titular de la especial situación jurídica constituyen el sustrato común de todas las formas de corrupción.

Uribe sabía del caso Ostreicher. no hizo nada para subsanar. Uribe miente al afirmar "no sabía nada" la denuncia recibida en la Fiscalía en 6 de junio suscriba por Jacobo Ostreicher lo desmiente

El exfiscal general Mario Uribe tenía conocimiento de la existencia de la red de extorsión que operaba en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher. Así se revela mediante un documento arrimado al voluminoso expediente que tiene el sello de Recibido por la Fiscalía General con fecha del 6 de julio de 2011.

El documento de queja elevado formalmente al fiscal general de entonces por la defensa de Ostreicher haciendo conocer todas las actuaciones, contradice a las recientes declaraciones de Uribe ante la comisión de fiscales de Santa Cruz integrada por Fernando Cabrera, Ángel Álvarez, Olvis Egüez, Mabel Andrade y Mario Mercado. 

Mario Uribe tras ser convocado llegó a nuestra capital la semana pasada y aseguró que nunca tuvo conocimiento de la actuación irregular de fiscales o de otros funcionarios, porque de haber recibido denuncias estaba en la inmediata obligación de ordenar una investigación.

En la documentación recibida por la Fiscalía General y que lleva la firma del abogado y de Jacob Ostreicher, se denuncia que el empresario estadounidense fue detenido el 3 de junio de 2011 y que en la oportundiad actuaron los fiscales Álvaro La Torre, Marina Flores, Janeth Velarde y Roberto Achá.

Ostreicher en esa oportunidad en partes más sobresalientes  de su memorial denunció al fiscal queneral que “la razón de esta lógica ecuación, estriba en el hecho de que mi conciencia se encuentra totalmente tranquila debido a que no he cometido ningún delito, aclarando que la forzada acción penal al carecer de total asidero legal, indiscutiblemente caerá por su propio peso”.  

El documento del 6 de julio de 2011 hace conocer la historia del caso, desde la detención de Ostreicher, la inversión de $us 27 millones para actividades agrícolas y ganaderas, las propiedades y el origen del dinero girado mediante entidades financieras.

 Ya existen 12 personas encarceladas incluyendo los fiscales Roberto Achá y Janeth Velarde que intervinieron en las investigaciones, así como los principales actores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Dennis Rodas, Boris Villegas, el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez y otros. Ostreicher está con arresto domiciliario desde el martes en su casa de la zona de Equipetrol.

Presidente del Tribunal 

Mientras tanto, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha, sigue siendo buscado por la Policía en todo el territorio nacional. 

Es investigado en el caso de la red de extorsión bajo indicios de presionar a jueces para forzar fallos. El fiscal Ángel Álvarez dijo que la pesquisa sigue y que de Rocha nada se sabe, solo que pidió permiso en el Tribunal y no apareció más. La Interpol remitió orden de captura a países limítrofes 

La última carta de congresistas a Evo
 El 13 de diciembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos elevó una carta oficial al presidente Evo Morales, expresando su preocupación por la situación de Jacob Ostreicher.

La carta fue enviada dos días después que la justicia de Santa Cruz negara la libertad a Ostreicher y remitiera el caso a la jueza Eneas Gentile.

Los congresistas le pidieron a Evo Morales tome acciones legales que correspondan para liberar a Jacob, al que se le dignosticó la enfermedad de párkinson.

Destacaron que varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia fueron detenidos  por los cargos de cometer extorsión contra Ostreicher. “Son dignos de destacar los arrestos de esos funcionarios que incurrieron en corrupción”, señala parte de la carta firmada por Christoper H. Smith,  Nydia Velásquez, Eliot Nadler, Connie Mack, Robert Turner, Tom Marino y otros. 

Centa Rek sale al frente de acusaciones de Marcelo Sosa el fiscal de los casos Terrorismo I y II que sin tener prueba alguna la acusa de financiar a Rózsa. el masista Sosa no puede sostener acusaciones al aire porque Centa pide investigarlo por extorsión

Nos negamos a seguir en esta situación fuera del Estado de Derecho, en la arbitrariedad absoluta y actuaremos en consecuencia… los bolivianos nos sentimos totalmente indefensos, indemnes ante tantos atropellos; por lo que exigimos que se realicen acciones de restablecimiento de la Justicia porque no podemos seguir andando con el testamento bajo el brazo…

 La jefa de Bancada de Convergencia en ejercicio, Centa Rek, anunció hoy que solicitará garantías constitucionales y  demandará una satisfacción pública del  fiscal Marcelo Sosa; a quien, además, denunciará ante el Ministerio Público y Ministerio de Gobierno por sus declaraciones mentirosas y tendenciosas y sin ningún fundamento o prueba respecto al caso del Hotel las Américas.

“Es increíble que, a pesar que se está investigando a la red de extorsión y de tráfico de influencia en Bolivia, todavía hay fiscales actuando a libre albedrio como el fiscal Sosa… que realizan acusaciones totalmente en falso, inventando una supuesta injerencia en el caso de financiamiento de terrorismo”.

Rek recordó que los ataques del fiscal Sosa en su contra surgen luego que ella pidiera a nombre de la Bancada de Convergencia la investigación de las denuncias planteadas por  la senadora Carmen Eva González, quien dijo que el representante del Ministerio Público intentó extorsionarla,  como al senador Roger Pinto, a través de su abogado Moisés Ponce de León.

Ante ese pedido Sosa salió a mentir inventando que la senadora Rek habría financiado en el montaje del caso terrorismo a través de “supuestos palos blancos”, lo que demuestra que se encuentra nervioso y considera que aun cuenta con el apoyo de la banda de abogados extorsionadores del Ministerio de Gobierno.

“Como esta jefa de Bancada no tiene movimientos bancarios él (Sosa) esgrime la posibilidad de que hubiera habido un palo blanco, que no se sabe quién es la supuesta persona; una trama que no responde en absoluto a la posibilidad de hacer una interpretación jurídica y el esclarecimiento de los hechos jurídicos, lo que constituye en un amedrentamiento directo contra las personas que quiere investigar y restituir las acciones de la justicia en Bolivia”, indicó la aludida.

En ese sentido, dijo que si los representantes del Ministerio Publico actúan de manera tan intrépida, mentirosa  y artera en contra de parlamentarios que tienen el mandato de fiscalizar; nada se puede proponer o sugerir  a la ciudadanía que queda totalmente indefensa y atemorizada por tales acciones.

“Estamos frente a funcionarios que se creen con un poder absoluto por estar llevando casos que aducen que está de por medio la seguridad del Estado, y quieren actuar con total impunidad  y arbitrariedad  y los bolivianos nos sentimos totalmente indefensos, indemnes ante tantos atropellos; por lo que exigimos que se realicen acciones de restablecimiento de la Justicia porque no podemos seguir andando con el testamento bajo el brazo”, resaltó Rek.

Para finalizar Rek adelantó que personalmente presentará ante el Ministerio Público y ante el Ministerio de Gobierno las denuncias con los audios donde Sosa, abogados del Ministerio de Gobierno y otros  estarían  tramando el direccionamiento judicial de  los casos Terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia; además que acompañará como Jefa de Bancada las denuncias de González para pedir la investigación de las denuncias de supuesta extorsión por parte del fiscal, a través de su abogado.

“Nos negamos a seguir en esta situación fuera del Estado de Derecho, en la arbitrariedad absoluta y actuaremos en consecuencia”, finalizó. 

es desgarrador, inhumano, indescriptible el espectáculo apocalíptico de las cárceles en Bolivia. El Dia quiere llamar la atención apelando a Fundación Milenio sobre el hacinamiento con 8.700 presos en un espacio para 3.700 o sea 5.000 están en el aire..

A lo mejor es una estrategia de las autoridades, “no hacer olas” con la promesa de indulto a un millar de reclusos de las cárceles del país, tal como lo anunció el Gobierno hace algunos meses. Por lo general, los internos suelen ser muy sensibles a este tipo de procesos y no vaya ser que se inflen demasiado las expectativas de la población penal, que recientemente ha estado dando muestras de agitación en demanda de mejores condiciones de vida en las prisiones de las diferentes capitales y provincias.

En otras palabras, las cárceles bolivianas son bombas de tiempo y, como se puede deducir fácilmente, el anuncio de indulto puede ser un arma de doble filo si es que no se lo maneja con mucho cuidado. De cualquier forma, estamos dando por descontado que las autoridades van a cumplir su promesa fijada para el 24 de diciembre.

La situación es muy grave, tal como lo demuestra un estudio de la Fundación Milenio que considera que los centros de reclusión del país tienen índices de hacinamiento del 233 por ciento, que los coloca entre los peores de América Latina. Para graficarlo aún mejor: en este momento hay 8.700 presos donde solo caben 3.738 personas, con un excedente de casi cinco mil individuos.

Lo peor de todo es que más del 80 por ciento de los que permanecen detenidos, sufriendo mala alimentación, abandono de las autoridades que no cumplen sus obligaciones, enfermedades y una serie de castigos innecesarios, no tienen sentencia y sus casos navegan en el limbo judicial donde solo pueden prosperar aquellos casos pertenecientes a reos con influencias o con dinero suficiente como para mover el pesado aparato de la justicia, cuyos defectos siguen intactos pese a todos los cambios introducidos recientemente.

Con los números indicados arriba, se puede concluir que en primera instancia, el indulto viene a ser un paliativo de una situación que debe ser encarada de manera integral. Evacuar mil reclusos deja dentro de las prisiones una población excedente de alrededor de cuatro mil personas, de los cuales más de 3.300 no tienen sentencia ejecutoriada. Por lo que se ve, la solución pasa por disminuir los índices de retardación, introducir reformas para que los procesos sean menos complejos y más accesibles y obviamente, mejorar también la situación de los internos con instalaciones adecuadas y programas de rehabilitación, para que las cárceles no sean verdaderas escuelas de postgrado de los detenidos.

Otro aspecto que debe evaluar el Gobierno es la situación de una enorme cantidad de presos políticos que se han acumulado por la sañuda persecución que han estado perpetrando agentes gubernamentales, algunos de los cuales han sido desenmascarados recientemente. Este grupo no solo es responsable de una gran injusticia que incrementa el malestar en las cárceles, sino del caso de cientos de exiliados y refugiados cuya situación es igualmente precaria.

Son decisiones que el Gobierno debe tomar cuanto antes, para que Bolivia no siga acumulando estadísticas vergonzantes que deterioran la imagen del país. El caso Ostreicher es paradigmático y refleja todo el cáncer que sufre el sistema judicial boliviano, al extremo de que un observador internacional de mucho peso comparó a Bolivia con Corea del Norte. No cabe duda que estamos lejos de serlo, pero lamentablemente hemos agarrado ese mismo camino.

Los centros de reclusión del país tienen índices de hacimiento del 233 por ciento, que los coloca entre los peores de América Latina. Para graficarlo aún mejor: en este momento hay 8.700 presos donde solo caben 3.738 personas, con un excedente de casi cinco mil individuos.

bajo el penoco titula con gracias "nerviosismo en el barco" contradicciones. es que ahora se percatan que el mismo grupo que usaron para sus "juegos de poder", se convirtió en "extorsionador, independiente?"

Muchos coinciden en afirmar que el caso Ostreicher y toda la red de extorsión que se ha descubierto en el Gobierno todavía no ha comenzado. Los primeros en admitirlo fueron algunos miembros del Estado que han estado trabajando arduamente para atrapar a los responsables de esta banda. La presidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, dijo que el caso ni siquiera se ha llegado a los mandos medios y el propio Boris Villegas, acusado de ser uno de los cabecillas del grupo, dijo que no está dispuesto a convertirse en “chivo expiatorio” de nadie, pues en todas sus actuaciones recibió órdenes de ministros y viceministros. Estas declaraciones han dejado mudos a algunos altos dignatarios y han llevado a contradecirse a otros, como la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, cuya renuncia ha sido exigida por el senador del MAS, Félix Martínez. Mientras todo esto ocurre, en el Gobierno se propaga el nerviosismo y algunos voceros intentan imponer la tesis de que la “Banda de los Abogados” era una suerte de entidad privada, pese a que tenía la potestad de disponer de un cuerpo especial de policías. Lo más preocupante de todo es que esta misma teoría acaba de ser repetida por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, hasta ahora, uno de los que más insistía en investigar “caiga quien caiga”.

a obedecer se dijo. o me hacen propaganda o se van a su casa. fue el mandato de Evo Morales a ilustres "personalidades" que fungen de diplomáticos en el exterior. información elogiosa y uniforme para el gran jefe

Jerjes Justiniano Talavera, embajador de Bolivia en Brasil. Exdiputado, exrector de la Universidad René Moreno, exconcejal y excandidato a gobernador. Salvador Ric, embajador de Bolivia en Uruguay. Exitoso empresario y exministro. Walker San Miguel, cónsul boliviano en Chile. Exministro, experto en leyes y especialista del derecho constitucional. Jorge Miranda Luizaga, embajador de Bolivia en Irán. Connotado intelectual, filósofo y antropólogo, miembro de la Comunidad andina de Sabiduría Ancestral. María del Carmen Almendras, embajadora de Bolivia en España. Abogada y licenciada en Ciencias Políticas y exintegrantes de la  Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica. Carlos Federico de la Riva Guerra. Educador de larga trayectoria, exdirector del colegio jesuita San Calixto de la ciudad de La Paz. Estos son algunos nombres de los representantes diplomáticos de Bolivia en el exterior. Con ellos se reunió ayer el presidente Evo Morales y les recriminó por no dedicarse a hacerle propaganda a su Gobierno. Les dijo de forma terminante que ellos no pueden pensar por sí mismos, que deben dedicarse a hablar por el Estado Plurinacional y repetir todo lo que concierne al discurso oficial. Habría que pedir qué piensan ellos. Esa sería la primera prueba de obediencia.

convertido por decisión propia en embajador de los DDHH, de la transparencia y de la Justicia. Sean Penn

El actor norteamericano Sean Penn se ha tomado en serio el nombramiento de embajador, pero todo indica que alguien se le adelantó al presidente Morales, cuando éste lo designó representante de las buenas causas de Bolivia. El laureado intérprete de Hollywood se ha vuelto el embajador del gobierno estadounidense, que por más de un año hizo intentos por desatar ese nudo llamado Jacob Ostreicher y no lo consiguió, pero que a la postre se convirtió en el mayor escándalo de corrupción que se haya visto en el país. Pero más que el enviado de Washington o de los judíos neoyorquinos que ayudan a su paisano en apuros, Sean Penn es sin duda el embajador de los derechos humanos, de la transparencia y la justicia, que sin proponérselo ha puesto al desnudo al Estado Plurinacional, enmarañado en una oscura trama de chantaje, abuso, violación de los derechos humanos y ahora también secuestro, según las últimas denuncias. Y la labor del actor parece convertirse en un thriller de largo metraje. Pese a que se vino preparado para ponerle la alfombra roja de la libertad a su compatriota, Sean Penn simplemente pudo constatar la grave situación en la que se encuentra la justicia en Bolivia. Para el Gobierno, la presencia de la estrella hollywoodense no hace más que complicar las cosas y exponerlo ante el peor escenario internacional.

algo que aplaudir. la ANP presidida por Juan León Cornejo apenas se enteró de las expresiones del Jefe de Estado al promulgar la Ley del Seguro, salió al frente y refutó las acusaciones a los periodistas infundadas e intrigantes.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), ante la promulgación de la Ley de Seguro de en favor de los Trabajadores de la Prensa, lamentó que haya sido aprobada sin el consenso de los sectores interesados y reprochó en la presentación de esta norma cuyo objetivo es beneficiar a los periodistas se hayan vertido expresiones en contra de la dignidad de este sector.

El presidente del Estado, Evo Morales a tiempo de promulgar la ley manifestó hoy que los periodistas falsean la verdad bajo amenazas de despido de los dueños de los medios de comunicación además los calificó de "esclavos" de los propietarios.

"La ANP, por su parte, lamenta que en el acto de promulgación de la referida ley se hayan vertido expresiones que lastiman la dignidad y la profesionalidad de los periodistas de Bolivia y las rechaza de manera enfática", señala un pronunciamiento de la institución.

La ANP recuerda que estuvo siempre de acuerdo con la creación de un Seguro de Vida para los trabajadores de la Prensa. Pero reitera que ese beneficio debe ser cubierto de manera directa por las empresas en favor de sus trabajadores, para evitar la distorsión de la medida y la apertura de una "puerta a la corrupción" con la incorrecta administración de sus recursos.

"La ANP lamenta que la mencionada ley haya sido aprobada y promulgada sin el necesario consenso de todos los sectores involucrados (…) La ausencia total de consenso en la redacción, aprobación y promulgación se refleja en los pronunciamientos de rechazo de los sindicatos de trabajadores de la prensa de los periódicos La Razón y El Diario de La Paz, Los Tiempos de Cochabamba, Correo del Sur de Sucre, La Patria de Oruro, La Palabra del Beni, El Deber, El Día y el Nuevo Sol de Santa Cruz, entre otros", acota el pronunciamiento.

Por otro lado, la organización que agrupa a los diarios del país calificó de un "tributo encubierto" al aporte que se determina en esta ley y dijo que afectará a la estabilidad de las empresas periodísticas y de los medios de comunicación, particularmente de los más pequeños, poniendo en riesgo su supervivencia y consecuentemente la fuente laboral de decenas de trabajadores del sector.

Asimismo, la ANP exhorta ahora a los trabajadores de prensa de los distintos medios de comunicación del país, involucrados directos en los alcances de la mencionada ley, a que la analicen, la examinen y se pronuncien sobre sus connotaciones reales.

peces gordos van cayendo, los que no caen por ahora son los "muy gordos", aunque está escrito que no tardarán, porque la verdad siempre sale a flote, a veces tarda

Quienes dicen estar dispuestos a llegar a lo último en el esclarecimiento del caso Ostreicher y “La banda de los Abogados”, tendrían que comenzar a recibir las denuncias específicas que vienen realizando otras víctimas, especialmente las que corresponden al montaje denominado “Caso Terrorismo” conducido “supuestamente” por el fiscal Marcelo Soza. Juan Carlos Guedes, uno de los que ha sido vinculado con este hecho que comenzó con la matanza del hotel Las Américas del 16 de abril de 2009, ha identificado a los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas, cabecillas de la banda, como los “alfiles” de la patraña que se armó contra toda la cúpula autonomista de Santa Cruz. En un libro escrito tras las rejas, Guedes ha narrado todo el calvario que le ha tocado vivir, las torturas, el intento de asesinato del que fue víctima en la cárcel de San Pedro y toda una serie de episodios muy parecidos a los que vivió el norteamericano Jacob Ostreicher. Minutos antes que lo detengan, Fernando Rivera era quien ejercía de parte interesada en el caso terrorismo. Circunscribir todo este escándalo a la extorsión de Ostreicher confirmaría la sospecha de que detrás de los abogados hay otra banda con peces muy, muy gordos.

Romero en declaración pública aseguró que la gente denunciada tendrá un proceso conforme a derecho. agradeció a Evo porque respaldó los operativos y procedimientos para destruír la red de corrupción

El Gobierno boliviano estará alerta para que el proceso judicial en contra de los implicados en la red de extorsión y corrupción sea en derecho, después que ese grupo agravió a los bolivianos, afirmó el miércoles el ministro de gobierno, Carlos Romero.

"La red no solamente agredió, atacó y se aprovechó de gente vulnerable, de la gente denunciada por delitos graves, donde se debatían grandes sumas de dinero en esos procesos, sino que agravio a los bolivianos", aseguró en rueda de prensa.

Después de la reclusión preventiva en el Centro Penitenciario de Palmasola, del ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez y de los destituidos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera, aseguró que estarán alertas y vigilantes al debido proceso.

A su juicio, el proceso judicial debe sustentarse conforme a derecho y a las normas jurídicas porque, a su juico, expresan los valores que asumió el Gobierno con la sociedad boliviana, para convivir colectivamente.

"Ha sido valioso el apoyo del presidente, Evo Morales, quien dio la instrucción directa, de que se proceda con los operativos, las aprehensiones y que visibilizaron ante la opinión pública acerca de los primeros involucrados y el rol de participación de diferentes integrantes de la organización de corrupción y extorsión", subrayó.

Como Gobierno, dijo que están conformes y conscientes de que se cumplió un trabajo honesto, decidido, responsable, que les "permite mirar de frente", tomando en cuenta que "el mejor patrimonio que se construye en la vida es mirar de frente cuando se persigue el esclarecimiento de la verdad".

no tiene mayor importancia que EEUU, el agente del FBI, que la embajada hubiesen cooperado en el desbarajuste del aparato de extorsión del Gobierno. lo que cuentan son los resultados, de modo que basta de molestarse porque Romero y Pérez no fueron los primeros, ni los principales, y sí Sean Penn tuvo rol preponderante

Los abogados del estadounidense Jacob Ostreicher, Jimmy Montaño y Jerjes Justiniano, junto al agente jubilado de FBI, que vino a investigar este caso, fueron convocados en julio pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos para prestar sus declaraciones informativas en calidad de testigos para demostrar la inocencia de su cliente, que se encuentra detenido por presunto “enriquecimiento ilícito” desde hace 18 meses en el penal de Palmasola, reveló hoy uno de los juristas.

Fernando Rivera el capo mafioso del Gobierno

“El 31 de julio de este año, nos convocaron y fuimos, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos prestamos nuestra declaración, tanto el doctor Montaño, el agente de FBI jubilado (que vino a investigar a Bolivia), la esposa del señor Ostreicher, la hija del señor Ostreicher y mi persona”, reveló en una entrevista exclusiva con ERBOL  el abogado Justiniano. 

Por tanto, añadió, es evidente (aunque no fue determinante) la influencia de Estados Unidos en el proceso de investigaciones que terminó con el desbaratamiento de la red de corrupción y extorsión dentro del gobierno boliviano, porque llegó a Bolivia un exagente de la FBI –investigador jubilado que estuvo 30 años al servicio de la agencia de investigaciones estadounidense– aunque en una visita no oficial, sino como un funcionario privado. 

“Evidentemente ha influido (EEUU), no nos olvidemos que vino un oficial de FBI a realizar toda una investigación, una persona con 30 años de experiencia, que estuvo inclusive involucrada en la investigación (del atentado) contra las Torres Gemelas y en marzo de este año llegó a la conclusión de que no había ni un solo indicio ni prueba que vincule a Jacob Ostreicher (con el delito de enriquecimiento ilícito). Después se habló mucho de que la venida del actor Sean Penn, por tanto, pueden ser múltiples las causas del efecto que estamos viendo ahora (con el descubrimiento de la red de extorsión)”, dijo.

Recordó que también intervino en este caso un congresista norteamericano…, y pidieron tres senadores estadounidenses a la secretaría de Estado de entonces, Hilary Clintón, para que intervenga en el proceso judicial contra Ostreicher.

“Primero vino este exfuncionario de la FBI para demostrarle al gobierno de Estados Unidos de que iban a intervenir por alguien que no tenía vínculo alguno con el narcotráfico y cuando el gobierno estadounidense se aseguró que no existía ninguna posibilidad de la vinculación de Jacob Ostreicher con el narcotráfico, recién empezó a intervenir, pero (al final) ni todas esas acciones fueron determinantes, sino hasta la intervención del propio ministro de Gobierno, Carlos Romero”, sostuvo.

Apuntó que todos estos últimos hechos registrados en torno a la red de corrupción y extorsión, el panorama procesal de su cliente cambió, porque con el desbaratamiento de ese grupo que operaba dentro del gobierno finalmente se logró destituir la serie de trabas que impedían su libertad.

Justiniano espera que la próxima semana se trate un nuevo recurso de apelación para la liberación de Ostreicher, porque los jueces ya no tendrán la presión de los abogados del Ministerio de Gobierno, tal como lo hacían los ahora detenidos Fernando Rivera y Dennis Rodas.

Datos:

• Este 4 de diciembre se cumplen 18 meses de la detención de Ostreicher.
• Las investigaciones del caso Ostreicher cumplen 24 meses en este mes.

con lengua viva rememora Carlos Mesa el triste episodio de Juan Pereda, militar sin luces, se atrevió a tomar el poder de Bánzer que lo tuvo por delfín...ni cuatro meses duró su mandato, el día que dejó el poder después de un telefonema de David Padilla desapareció de la historia. terminó sus dias en Santa Cruz consumido por la cocaína y la desilusión

El militar que había soñado con heredar al dictador más longevo del siglo XX y terminó su vida mezclado en la sordidez de las páginas de escándalos. Fue sólo un sueño, un mal sueño para él y para un país que tendría que soportar todavía los terribles avatares antes de comenzar el periodo más largo de vida democrática que hayamos conocido

las brumas del pasado

Nueve de la noche del 21 de julio de 1978, Palacio Quemado. Hugo Banzer acaba de pronunciar entre lágrimas su discurso de renuncia a la presidencia, y entrega el mando por un par de horas a una Junta Militar de transición. Desde Santa Cruz, el Gral. Juan Pereda Asbún le ha hecho conocer un ultimátum amenazando con atacar la sede de gobierno si no le entrega el mando de la nación. A las 23:30, dos horas y media después, Pereda irrumpe en Palacio y jura a la presidencia. Se ha consumado un golpe de Estado que abre el periodo de mayor inestabilidad de nuestra historia. Entre ese 21 de julio y el 10 de octubre de 1982, en algo más de cuatro años, Bolivia tuvo ocho presidentes y una Junta Militar.

Pereda fue parte de una maquinaria autoritaria que acabó descompuesta y desacreditada.  Su paso por la historia fue fugaz y se diluyó en las propias insuficiencias de un modelo político que estuvo apoyado –es habitual– en el caudillismo y giró en torno a una curiosa combinación de dictadura militar personalista y el soporte de dos partidos históricos. Nacido en La Paz  en 1931, ingresó al Colegio Militar de Aviación y llegó a ocupar el cargo de comandante de la Fuerza Aérea. Apoyó el golpe de Banzer en 1971 y lo acompañó durante su Gobierno. Fue primero Ministro de Industria y luego Ministro del Interior en la etapa de “apertura” del régimen. Pero el momento definitivo de su vida pública se dio cuando Banzer decidió elegirlo como su sucesor. Su contendor más importante era Alberto Natusch. Si Natusch hubiese sido escogido por el dictador, probablemente la historia ulterior habría cambiado radicalmente, no sólo por el papel trágico que le tocó protagonizar a Natusch en 1979, sino porque era claramente una figura militar e intelectual de mucha mayor envergadura que Pereda, quien fue en realidad una figura de transacción en el seno de unas Fuerzas Armadas en el papel surrealista de votar a nivel de grandes y pequeñas unidades por el candidato oficialista en las elecciones de 1978.

A Pereda le tocó emprender una candidatura arropada por un grupo de tecnócratas jóvenes que se formaron en el banzerismo y que intentaron sin éxito vender una imagen democrática del continuismo con la formación de la precaria Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), para enfrentar la vigorosa coalición liderada por Hernán Silez Zuazo, el entonces Frente de la Unidad Democrática y Popular. El artificio no funcionó. La mayoría del país estaba harta de la dictadura y Banzer no pudo transferir a su delfín el respaldo minoritario pero nada desdeñable que aún tenía. Pereda carecía del carisma y la personalidad que un desafío como éste requería. El desenlace fue un esperpento, el fraude electoral más escandaloso de toda nuestra historia, al punto que el número de votos contados superaba en más del 2 por ciento al número de inscritos ¡Más votos que votantes! El proyecto del banzerismo fue derrotado por el entusiasmo que generó la UDP que recibió una avalancha de votos (como había ocurrido en 1951 con el MNR) que la maquinaria oficial no había previsto. Pereda tenía que pagar la factura. Las elecciones fueron anuladas porque simplemente el descaro del engaño había sido demasiado grosero.

El General de Aviación que se sentía ya Presidente no lo toleró y decidió tomar el Gobierno por la misma vía que lo había hecho su antecesor, el golpe de Estado. No lo acompañaban ni un proyecto ni un programa. Huérfano de la estructura administrativa de la dictadura, propuso un balbuceante camino hacia una nueva elección y la ejecución incierta de medidas para frenar la crisis que los dos últimos años del banzerismo habían generado. Era una cáscara sin contenidos, un aterrizaje forzoso en el poder sin proyección alguna. No era siquiera más de lo mismo. Lo que hizo fue abrir la caja de Pandora. Los demonios de un militarismo desesperado y la incapacidad de los líderes políticos por consolidar la lucha por la recuperación democrática de modo claro, llevaron al país a la etapa más caótica de una historia republicana ya de si turbulenta.

Apenas cuatro meses después de ese absurdo manejo electoral que devino en golpismo, el 24 de noviembre de 1978, Pereda fue expulsado del Palacio por David Padilla, otro militar, pero con un compromiso más claro por la democracia que, sin embargo, no alcanzó para frenar el descalabro. Ese día Juan Pereda Asbún desapareció para siempre de la vida pública. Las brumas de esos pocos días se disolvieron como se disolvió su figura que, como siempre en estos casos, fue librada a su suerte por quienes habían llegado en tumulto al hall principal de la casa de gobierno una fría noche de julio.   

Treinta y cuatro años después, el día de su muerte, los medios de comunicación redactaron breves notas y le dedicaron unas pocas imágenes al militar que había soñado con heredar al dictador más longevo del siglo XX y terminó su vida mezclado en la sordidez de las páginas de escándalos. Fue sólo un sueño, un mal sueño para él y para un país que tendría que soportar todavía los terribles avatares antes de comenzar el periodo más largo de vida democrática que hayamos conocido. 

El autor fue Presidente de la República
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Twitter: @carlosdmesagas 

demasiado joven para ejercer el cargo. Fernando Rivera que resulta protagonista del "Cap. II" de la novela negra de Radio Fides sobre el caso Jacob, de modo que no tenía la experiencia deseable para tan grande responsabilidad. qué gran error! le metía con todo

El día que iba a ser detenido, Fernando Rivera se despertó siendo el abogado más poderoso del Ministerio de Gobierno, estaba en Tarija a cargo del caso más importante para el actual “proceso de cambio”, había sido designado para demostrar que un grupo de personas organizó actividades terroristas e incluso había querido atentar contra la vida del presidente.

Quienes lo vieron ese día en la audiencia, en una sala sin ventilación y con mucho calor, lo vieron cabizbajo, pensativo, según dijo después ya sabía de su aprehensión, y que en pocos momentos su vida daría un giro.

Ese día en sólo unos segundos pasó de ser el poderoso abogado, temido por muchos, a encabezar las portadas de todos los periódicos como el acusado de encabezar una red de extorsión y corrupción.

Para sorpresa de los propios acusados del caso terrorismo, Rivera fue detenido por cuatro uniformados que iban bien armados para conducirlo rumbo a Santa Cruz, en una escena que parecía extraída de una película, fueron las personas a quienes acusó en muchas oportunidades, los que lo vieron enmanillado y custodiado por la Policía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Fernando Rivera, acompañado por otros funcionarios como Dennis Rodas, logró montar una estructura que lo mantuvo muy cerca de la impunidad, se hizo tan poderoso al interior del Ministerio de Gobierno que ni siquiera el cambio de autoridades lo afectó. Hoy jura inocencia.

El funcionario del Ministerio

El registro del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz señala que Fernando Ribera Tardío se graduó como abogado el 9 de junio de 2006, un años después entró a trabajar en el ministerio de Gobierno, durante la gestión de Alfredo Rada, desempeñando varios cargos, pero no sería hasta el 2010 en el que conseguiría tener el cargo con el que logró hacerse de tanto poder.

El año 2010, en el inicio del segundo período presidencial de Evo Morales, una crisis de Gabinete afectó a las principales carteras de Estado, ese fue el caso del Ministerio de Gobierno que pasó a ser encabezado por Sacha Llorentty, Rivera sin embargo no fue cambiado, es más fue promovido y empezó a ocupar el cargo de Director Jurídico.

Los poderes

Según un documento al que tuvo acceso el periódico digital Oxígeno, fue durante la gestión de Sacha Llorentty que Rivera y el otro principal implicado, Dennis Rodas, pasaron a tener “poderes extraordinarios” que les permitían actuar de manera independiente, es decir sin necesidad de recurrir a instancias superiores, y en nombre del Ministerio de Gobierno, en todas aquellas causas penales en las que esta instancia actuaba como querellante.

Según este poder especial, que recibieron Rivera y Rodas, el 27 de enero de 2011, los abogados podían  plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”

De ser ciertas las acusaciones de la Fiscalía, que hoy pesan sobre Rivera, este documento explicaría porque tenían la capacidad de presionar a cualquier acusado, ya que era suficiente una decisión suya para pedir la nulidad de una acción judicial.

El representante legal

En manos de Rivera y Rodas estuvieron los casos más importantes de los últimos años y es por eso que muchos sospechan que con el caso Ostreicher sólo se encontró la punta del ovillo. En los últimos días ya empezaron a aparecer numerosas denuncias de extorsión en contra de estas personas.

Los acusados de los casos del alemán Dirk Schmidt y del caso Navía salieron a los medios a decir que “emisarios” de Rivera pedían sumas exorbitantes a cambio de pedir su libertad, en La Paz varios acusados empezaron a hablar de las supuestas presiones a las que habría sometido a fiscales y jueces.

Varias autoridades del Gobierno han reconocido en los últimos días que es muy posible que este funcionario pudo actuarde la misma manera que con Ostreicher en otros casos, por el momento son todas especulaciones, pues hay una investigación en curso.

La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo pidió denunciar las posibles extorsiones a las que los miembros de la red de corrupción habrían podido someter a otras personas  “es un tema que no puede quedar en la nebulosa, todo lo contrario, tiene que aclararse”, dijo, la pregunta es porque esta instancia no logró percibir estos actos antes.

Las acusaciones de extorsión

Para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Herland Vaca Diez, lo que sucedió en el caso Ostreicher es un mecanismo que fue usado ya para “montar” el caso terrorismo y que “cuando se destape” la realidad en torno a esta investigación se sabrá que no todo lo dicho por el Gobierno fue verdadero.

Y es precisamente el riesgo que corre el Ministerio de Gobierno, el de perder credibilidad, pues encargó a estos hombres los casos más importantes en los que actuó o está actuando como querellante, el más sonado el del caso Rozsa.

Jorge Quiroz, abogado del caso Caranavi, recordó que fue precisamente Fernando Rivera quien provocó que se retrase el proceso que se sigue por la muerte de dos jóvenes durante el operativo policial realizado en julio de 2011, además señaló como otro responsable al entonces fiscal de materia, Isabelino Gómez.

El caso Ostreicher

Pero en qué momento ingresa Fernando Rivera a la historia del caso Ostreicher, no se sabe con exactitud, Ostreicher habla del abogado como el verdadero culpable de que siga en la cárcel, pues lo acusa de haber presionado al juez Zenón Rodríguez para que cambie su decisión de revocar sus medidas sustitutivas a la detención.

Fernando Rivera firmó los memoriales en los que se solicitó que Ostreicher no reciba a medios de comunicación, esto tras la entrevista que concedió a un medio norteamericano (ABC), e incluso fue denunciado por la esposa de Jacob de haber estado de su detención en Palmasola cuando ella le llevaba comida.

Fue también el abogado Rivera quien tramitó el traslado de Claudia Liliana Rodríguez de Santa Cruz a La Paz, en junio de 2001, y a inicios de noviembre de este año, de la ciudad sede de Gobierno a Sucre. El representante legal de la ciudadana colombiana, Favio Jofré, aseguró que el ex funcionario pidió 30 mil dólares para impedir el traslado.

Su verdad

Dos días después de ser detenido Rivera dijo su verdad a los medios de comunicación, aseguró ser inocente y pidió que sea una comisión interinstitucional la que haga una auditoría a todo su trabajo al interior del Ministerio de Gobierno.

“Quiero pedirle con muchísimo respeto al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que por intermedio de su investidura se convoque a la comisión de justicia plural (de la ALP), además al Procurador General  del Estado, a la Ministra de Justicia (Cecilia Ayllón), Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) para que hagan una evaluación procesal de todos y cada uno de los procesos en lo que ha sido parte el Ministerio de Gobierno por intermedio de nuestras personas”, dijo el imputado.

Rivera dijo que siempre respetó la independencia de poderes y que nunca violó sus obligaciones como abogado, negó que alguna vez haya extorsionado a alguien.

“Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta, con la conciencia limpia le digo a toda la opinión pública,  mi persona es absolutamente inocente, lo único que he hecho es trabajar, trabajar, trabajar”.

El abogado aseguró el lunes ya sabía que tenía un mandamiento de aprehensión en su contra y que “tenía suficiente tiempo para huir”, pero que no lo hizo porque es inocente y lo comprobará durante el proceso que se inició.

Será finalmente la justicia quien determine si Fernando Ribera es o no culpable, sin embargo algo ha quedado claro de inicio: el control de las actividades de los funcionarios al interior de los Ministerios no es tan efectivo, tanto así que pueden pasar muchos años para que recién se perciban las graves irregularidades que existen al interior de muchas estructuras gubernamentales.

reitera Daniel Pasquier el retorno al Estado de Derecho como una forma de enderezar lo que marcha mal. "algo huele mal. es que el Tribunal Constitucional quiere aplicar la CPE y el regreso al Estado de Derecho. qué de la independencia de poderes?

El 2005 marcó un momento de inflexión en la vida institucional del país. Por la vía democrática, haciendo uso de prerrogativas y derechos constitucionales llegaba al gobierno Evo Morales. Había competido electoralmente en anterior oportunidad, y nadie había cuestionado entonces ni ahora sus condiciones personales, intelectuales, origen étnico, extracción social, convicciones políticas o religiosas para postularse al cargo. Ganó y fue posesionado como Presidente. Se le puso la Constitución por delante, a la que juró respetar, cumplir y hacerla cumplir. Tenía cuatro años para demostrar las bondades de su promesa y programa electoral.

Sin embargo, como todo el mundo acepta y reconoce, menos los oficialistas, el 22 de enero del 2006 todo cambió. El célebre “le meto nomás”, aunque los próximos y asesores le adelanten que no es legal, que a lo mejor no es ético, que la democracia tiene sus reglas (mínimas, pero las tiene), que el Estado de Derecho se caracteriza por los límites al poder a través de la CPE y las leyes. Hay  normas de oro, como la separación de poderes. El  presidente no las desconocía, porque antes ya había sido parlamentario. Al parecer no le importaba. El plan, premeditado, era otro. Nada menos que tirar todo por tierra y empezar de cero. En algunos casos, hasta más atrás del cero, al infinito, para lo cual se había montado una atrevida interpretación de la historia, creado leyendas,  héroes y nuevos mitos.  Lo que vino es de todos conocido. Se suspenden las garantías constitucionales, la seguridad jurídica para los bienes y las empresas, la amenaza constante a los enemigos reales y fabricados, el comportamiento descontrolado con los recursos públicos, y hasta el cuestionamiento a los compromisos internacionales del Estado boliviano.

Son siete años de vivir sin Dios y sin ley. Pero el tiempo se encarga de bajar las utopías a la realidad y de enfrentar realidad  a  sueños e ilusiones. Los problemas, graves, se multiplican dentro y fuera del país. Los conflictos se profundizan y las soluciones, en la mayoría de los casos, no son tales, sólo son parches ganando tiempo. Tiempo que se agota y al final terminan estallando, dejando su estela de dolor en cada caso, y el problema sin resolver. ¿Habrá llegado la hora de volver, aunque sea lentamente, y a regañadientes, al imperio de la ley?

La impostura se acabó. Los indígenas divididos y humillados por el MAS han roto con el gobierno. Los de Tierras Bajas se embanderan con la defensa del TIPNIS, que cuenta con amplio apoyo de la población boliviana, sin importar el color político. TIPNIS SOMOS TODOS se ha incorporado al lenguaje coloquial.  Los obreros, principalmente los grupos duros, mineros concentrados en Potosí, Oruro y La Paz, con francos cuestionamientos que van desde reivindicaciones laborales, compromisos no cumplidos conflictos por concesiones de minas y, ahora, hasta de límites provinciales y departamentales. Los de Tierras Altas, hacen públicos sus reclamos y sus decepciones. Aglutinados los unos en la CIDOB y los otros en el CONAMAQ, enfrentan al gobierno. Acostumbrados como están a las luchas milenarias, no van a ser ésta la batalla perdida. Ya se sabe el perdedor.

El paquete es de digestión difícil. Las concesiones para proyectos de carreteras,  para plantas de separación de líquidos, para exploración de gas e hidrocarburos (hasta en áreas protegidas), atropellando leyes vigentes y  sin  previa consulta a los originarios de cada región, han terminado por convencer que la bandera de la defensa de los recursos naturales como de los pueblos excluidos y marginados por la Colonia y la República, bases del discurso masista antes y durante su estadía en palacio,  ha sido totalmente arriada por el gobierno. El MAS se ha convertido en un  clásicos partidos de políticas extractivistas y exportadores de materia prima. Nada nuevo bajo el sol. Como lo termina de demostrar el tan publicitado como fracasado proyecto  en el Chapare de la industrialización de la hoja de coca, de la cual lo único valioso lo sacan hace tiempo los narcotraficantes con o sin apoyo de ningún plan de industrialización.

¿El final de la historia? Tanto tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe. ¿El caso Rózsa se cae?  El  terrorismo  a la luz pública internacional. ¿Derechos Humanos? Presos unos 30 ciudadanos sin sentencia por más de tres años. Un auténtico atentado a derechos constitucionales. Acusados que corren con camas y petacas (abogados defensores, familiares, equipamiento para la defensa, documentos, etc.) de un lado para otro, para enfrentar de una vez un juicio, donde las pruebas y el testigo clave, más parecen estar a su favor. ¿Se corroborará lo adelantado por investigaciones particulares? C. Valverde en su momento en Bolivia, N. Márquez afuera, han resumido exhaustivamente con audacia y valentía sus investigaciones y seguimiento del caso.  El último, analiza “el pachamamismo hacia el narcoestado”, apoyado en 620 citas. Todo es grave en este engorroso caso. Pero lo más grave, ¿le contaron toda la historia al Presidente? ¿Todo se resume a un desborde de  ambición por poder?

Algo huele mal en palacio. ¿Hay plazos para Evo? El Tribunal Constitucional Plurinacional se rebela, o simplemente, ¿empieza a aplicarse la CPE y las leyes? ¿La vuelta al Estado de Derecho? Mientras H.  Arce, desde la  ALP  da el espaldarazo jurídico político a la reelección de Evo y el Vice a partir del 2014, "tema absolutamente zanjado",  el presidente del TCP, Dr. Ruddy Flores, en franca rebeldía a los propósitos de la ALP,  reafirma que los magistrados no están conminados a presentar informes de ninguna índole, ni por la vía oral ni por vía escrita, a esa instancia legislativa. El tema de la reelección irá tarde o temprano en consulta a ese tribunal. ¿La vuelta al Estado de Derecho? La independencia de poderes, base republicana del Estado. ¿No todo está bajo control del gobierno, no todo está perdido?

hemos sostenido desde ha mucho. cuánto le cuesta al Estado el caso Rózsa conocido como "caso turismo" porque se traslada de un lado a otro en busca de un juez que se avenga a violar las leyes para dar gusto a un fiscal que sólo obedece al Ministerio de Gobierno y para nada al Ministerio Público.

Una de las claves de muchos abogados que se hacen ricos es alargar las cosas y en eso han sido muy eficientes los “doctores” que han manejado el caso Rózsa, también denominado “caso terrorismo”, aunque muchos ya lo llaman “caso turismo”, porque ha recorrido por lo menos cinco departamentos para huir de las leyes y la justicia y aplicar una patraña inventada por los operadores del control político del régimen. Sin embargo, uno de los más eminentes impulsores de este proceso, que no tiene pruebas ni delito, pero sí culpables sentenciados de antemano por el Ministerio de Gobierno, dice que quiere liquidar el juicio hasta enero del próximo año, es decir, en menos de dos meses. Su argumento es que al Estado le cuesta mucho dinero, por los costos de traslado de los imputados de un departamento a otro en busca del juez más desprevenido o connivente, que haga la vista gorda con tantas irregularidades cometidas contra los imputados. Lo que no declara este señor es cuánto dinero le ha generado a él y a todos los que han estado usufructuando con aterrorizar a toda una región. Para el régimen político la ganancia ha sido superlativa, ya que de un plumazo arrodilló a casi todos los aguerridos autonomistas.

no le hacen ningún favor a Evo, su Vice y su ministra de la Transparencia. embarran más las finanzas de Evo. 2 vehículos no declarados.

El presidente Evo Morales y sus voceros cada vez se complican más al tratar de explicar el aumento patrimonial del mandatario cocalero. Y mientras se ensaya un rosario de excusas, a cual de todas más increíble, se conoce la denuncia de una diputada opositora, sobre dos vehículos de lujo que Morales habría olvidado incluir en su declaración jurada de bienes.

Se trata, según la documentación exhibida por la parlamentaria, de dos movilidades Nissan Patrol GRX, adquiridas por el presidente en los años 2007 y 2008, y que suman un valor de 864.690 Bs., cifra que excede ampliamente lo recibido por Morales por concepto de sus ingresos oficiales en los primeros años de gobierno.

Esto, al margen del hecho de que haber faltado presuntamente a la verdad en una declaración jurada configura un delito importante, tanto como el de recibir regalos en virtud de su cargo, como confesara el propio gobernante.

Lo cierto es que, por más contabilidades creativas que intenten los colaboradores del presidente, las cuentas no cuadran.

El vice García Linera alega que el Jefazo ahorra “el 100% de su salario”, lo que abre otras interrogantes: ¿cuánto le cuesta entonces a los bolivianos el sostenimiento integral del mandatario? ¿No gasta Morales siquiera en el pago de pensiones a sus hijos?

¿Y qué pasa con las tierras que el caudillo masista tiene en El Chapare? ¿Le generan ingresos por la producción cocalera o están ociosas, incumpliendo la Función Económica-Social (FES)?

Urge una glasnost de las finanzas presidenciales…

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