Incomprensiblemente tuvieron que pasar 66 días y una violenta represión contra los indígenas que marchaban en defensa del Tipnis, para que el Presidente decidiera volver a los orígenes, el reconocimiento de la intangibilidad de un parque nacional y la decisión, suponemos definitiva, de que la carretera no partirá en dos un área protegida.
Primera conclusión. En cuestiones esenciales, la lógica del ejercicio del poder no ha cambiado. ¿Por qué después de una movilización social de la dimensión de la que se produjo en 2003, después de un proceso político que marcó un respaldo y una legitimidad sin antecedentes en el periodo democrático, después de la aprobación de un nuevo texto constitucional que supuestamente marca el giro hacia una democracia participativa, se produce un episodio como el del Tipnis? El pueblo empoderado, reconocido por la Carta Magna con derechos inequívocos como sujeto colectivo, descubre que su gobierno, aquel por el que había votado, le da la espalda. Nada de lo que parecía obvio lo fue. Toda la palabrería de gobernar escuchando al pueblo se desmoronó en una decisión inconsulta y arbitraria que ratificó la voluntad de hacer del ejercicio del gobierno un gran monólogo.
Segunda conclusión. La marcha estableció un nuevo escenario. Una ola de pasión y emocionalidad fue acompañando a esa multitud decidida y valiente que desde el verde olvidado una vez más por el poder, caminó sin descanso. Día a día la conciencia colectiva de una clase media sin referentes alternativos en medio de este zarandeo de principios, encontró en la causa incuestionable de las mujeres y hombres de un parque y un territorio ancestral, lo que ni los políticos, ni los dirigentes sociales, ni los intelectuales, ni nadie les había podido dar, la transparencia, la idea de que quien es capaz de sacrificarlo todo por defender aquello que es el corazón y el alma que justifica sus vidas, merece ser acogido. El Tipnis fue una bandera, no sólo por la recuperación de la única del país, la de los tres colores, sino por la recuperación de la esperanza.
Por una vez después de mucho tiempo, en medio de la rutina de marchas, bloqueos, amenazas y ultimatos, frecuentemente referidos a demandas espurias, a grupos de interés, o a presiones descarnadas como la de los autos chutos, surgió lo verdadero.
Lo verdadero es fácil de reconocer. El día de la llegada a La Paz de marchistas exhaustos, de mujeres, niños y hombres que habían subido a los Andes para exigir una respuesta justa, la ciudad se estremeció de un extremo al otro. No había consignas artificiales, ni fichas, ni presencias obligatorias, la gente fue un cuerpo que protegía a otro cuerpo. Algo extraño tienen estos indígenas de las tierras bajas, algo que en las alturas parece haberse perdido, un hechizo que conmueve, porque en el nuevo banquete del poder se han envilecido muchos de los que ayer clamaban por igualdad e inclusión.
Tercera conclusión. Lo que hoy es el triunfo de una causa justa en lo esencial –el no a la carretera vulnerando un parque– plantea a su vez un conjunto de demandas (los 16 puntos) que se inscriben en el peligroso maximalismo de la Constitución.
Los pedidos: Paralización de toda actividad hidrocarburífera en el parque nacional Aguaragüe (la zona de las mayores reservas del país). Desalojo de “terceros” e ilegales del Tipnis. Reversión y expropiación de tierras en la zona para dotarlas a las comunidades. Pago directo a las comunidades del Tipnis como compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero. Consulta obligatoria en todos los proyectos mineros, hidrocarburos, carreteras y centrales hidroeléctricas que afecten a comunidades indígenas. Inclusión de demandas indígenas en la redacción de la Ley de Hidrocarburos. Redacción de currículos educativos diferenciados. Ejercicio y consolidación de las autonomías indígenas sin depender de las gobernaciones departamentales.
Cambio de la Ley Forestal y paralización de toda directriz que afecta a los intereses de los pueblos indígenas. Diferenciar en el censo a los territorios indígenas de los municipios y provincias. Proveer de un canal de tv a los guaraníes y otorgar licencias gratuitas de radio y tv a todos los pueblos indígenas.
En términos generales estos pedidos se apoyan en los derechos que la CPE otorga a las “naciones indígenas” y que, obviamente, en muchos casos les dan privilegios que afectan a los derechos generales sobre los recursos naturales que tenemos todos los bolivianos.
El laberinto comienza a mostrarse en su complejidad, en el choque de intereses y en muchos casos en su inaplicabilidad. Después de la emoción, después del triunfo en defensa de algo evidente, queda un complejo sustrato de problemas generados por una euforia de inclusión que ha roto el equilibrio entre el sujeto individual y el sujeto colectivo, que marca la contradicción en un país que tiene 36 “naciones” que incluyen algo más del 50 por ciento de la población, y dejan a la otra mitad en un limbo en el que muchos derechos y beneficios les han sido arrebatados sin más.
Después del estremecimiento emocional y la solidaridad admirable, llega de nuevo la hora de la cruda realidad.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario