El próximo 1 de mayo se cumple un lustro de la nueva política de nacionalización de los hidrocarburos. Y en ese tiempo no se industrializó ni una sola molécula de gas como habían anunciado las autoridades del Ejecutivo. Las materias primas siguen saliendo del territorio nacional.
Mientras tanto, el tema de la nacionalización de los hidrocarburos continúa causando controversia en el país. Muchos sectores aún cuestionan las políticas emprendidas para la recuperación de los recursos petroleros y gasíferos.
Sin embargo, expertos como el economista Roberto González Pelaez, sostienen que con la política de nacionalización se recobró el control del 60 por ciento de la industria petrolera del país que estuvo en manos de las empresas transnacionales durante varios años.
MIRADAS DISTINTAS
Considera que la recuperación de la cadena productiva hizo frente a transnacionales como Repsol YPF, Petrobras Energía, Total E&P Bolive, BG Bolivia, ex Transredes entre otras.
González dejó en claro que la nacionalización no puede considerarse un fracaso, pues ahora es el Estado quien toma decisiones sobre el destino de los recursos naturales.
Esta posición es cuestionada por el ex viceministro de Hidrocarburos, Jorge Téllez y el ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, quienes coinciden en que la política nacionalista se limitó a comprar acciones de las operadoras como Chaco Sociedad Anónima, Andina S.A., ex Transredes, última empresa de la que se adquirió el 90% de las acciones, mientras que en otras no sobrepasan el 50%.
Pese a que el Gobierno anunció una inversión de $us 1.400 millones para el proceso de reestructuración de YPFB, los expertos consideran que la misma quedó postergada pese al asesoramiento de petroleras estatales de países bajos.
De acuerdo a Miranda, la falta de inversión para la explotación de nuevos campos petroleros para incrementar la producción de líquidos y la ausencia de una certificación de reservas probadas y probables de gas natural, son problemas que atingen al proceso de nacionalización, sumándose a ello el hecho de que no hay una política para el abastecimiento del mercado interno.
BLINDAJE ECONÓMICO
No obstante, el Decreto de Nacionalización No. 28701 del 1 de mayo del 2005, ha sido un acierto internacional e histórico de gran valor macro - económico, asegura González Pelaez.
Mencionó que mientras poderosos grupos financieros privados que impulsaron políticas privatizadoras de entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvieron que apelar al rescate trillonario de gobiernos y bancos centrales, Bolivia se adelantó permitiendo un blindaje macroeconómico, lo que ha minimizado los efectos de la crisis financiera internacional.
Destacó que lo más importante del proceso de nacionalización ha sido su efecto interno, pues no sólo frenó la destrucción definitiva de YPFB, sino que inició una verdadera construcción empresarial.
“Reconocemos que no es ni será fácil hacer de un escuálido YPFB Residual, así denominado por los mal llamados capitalizadores, sino un YPFB corporativo de nivel internacional,” dijo.
Lamentó que inicialmente surgieran voces negativas cuestionando los pasos iniciales de la nacionalización, dada la solidez del proceso de cambio que vive Bolivia, lo que en gran medida se asienta en los beneficios económicos que está reportando a la economía la nacionalización de los hidrocarburos.
“Países de Latinoamérica, empresas estatales controlan el negocio petrolero y gasífero. La lógica de la crítica ha quedado desplazada”, expresó.
Por su parte, el presidente del Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería Metalurgia, Juan Enrique Jurado, considera que hace décadas YPFB era una empresa de orgullo nacional. Sin embargo, explica que se comenzó a cambiar el slogan de YPFB por la capitalización mientras se veían a otros operadores petroleros en Bolivia.
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