Uno de los problemas de las reelecciones (en el nivel central y regional) es que temas fundamentales para la buena marcha de la administración del país son postergados sine die, porque las decisiones técnicas que estos exigen adoptar afectan sustancialmente la intención de voto de la ciudadanía.
Esto es lo que está sucediendo con el Pacto Fiscal que, legalmente, ya debería haber sido suscrito; pero, como los resultados de Censo Nacional de Población y Vivienda, pese a sus evidentes limitaciones, exigen cambios profundos que afectarán a las regiones del país, el Gobierno ha estado haciendo los mayores esfuerzos para postergar el debate hasta fin de año. Y lo hace acusando a los gobernadores de la oposición y a las instituciones que exigen este Pacto de actuar “políticamente” como si, por un lado, esto fuera malo y, por el otro, no hiciera lo mismo el Gobierno.
En consecuencia, más allá del tema en sí del Pacto Fiscal, que merece un comentario específico, lo cierto es que la realidad muestra las grandes desventajas de reelección, pues debido a nuestra precaria institucionalidad los que aspiran a ella utilizan inescrupulosamente al Estado en su propio y particular beneficio, sin importar los costos que pueden provocar en la administración estatal.
Esta realidad exige que cuando las aguas vuelvan a su cauce se debata sobre si es o no correcta una reelección presidencial continua, como ha sido incorporada en la Constitución Política o si lo mejor es restablecer la norma que prohibía la reelección continua y sólo autorizaba una reelección más, pasado por lo menos un período. Obviamente, se trata de un razonamiento que no gustará a los actuales inquilinos del Palacio Quemado, que más bien aspiran a la reelección indefinida, al margen de los intereses del país.
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