Todos saben que la ley es un freno a la arbitrariedad, al abuso, a la venganza, a la justicia por mano propia. Respetando la ley –por parte de gobernantes y gobernados– se asegura la armonía social al proteger la honra, los bienes, la integridad, la vida y la libertad de los ciudadanos.
Por supuesto que la ley, por si misma, no es suficiente. Se requiere también que la administración de justicia sea confiable, contando con magistrados y jueces probos, imparciales y con profunda moralidad en el desempeño de su ministerio.
Realmente, esto debería darse por sobreentendido, porque resulta ya una verdad de Perogrullo. Tanto es así que no hay gobernante, actor político, juez o autoridad que se atreva a ensalzar públicamente la violación de la ley para gobernar, para imponer y para gozar del poder. Al fin y al cabo, la ley es la que garantiza la libertad y da forma a las instituciones democráticas; afirma el trato justo, sin discriminación, a todos los ciudadanos. Y, lo más importante: hace posible el goce de los derechos consagrados en la notable Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948.
De lo que ahora se trata, es que se aprueben las nuevas normas jurídicas que sean equitativas, proporcionadas y generales, aplicables por igual en todos los casos, es decir con abstracción de situaciones y hechos concretos. Es más: Debe disponer para lo venidero.
Todo esto viene a cuento porque tres ex presidentes y un ex vice presidente, acaban de emitir una declaración conjunta a raíz del proyecto de ley que regularía los juicios de responsabilidades a ex mandatarios de la República, que fue presentando por el oficialismo al legislativo y que está en consideración de la Cámara de Diputados, ahora copada por el Movimiento al Socialismo.
Ciertamente, en esto de la refundación, de cambiarlo todo, de comenzar un nuevo ciclo como estado “plurinacional”, está subyacente el propósito de destruirlo todo y esto incluye la venganza por agravios, ciertos o infundados, de ciudadanos que han presidido la Nación.
En una notable carta que los ex dignatarios han enviado al vicepresidente como cabeza del legislativo, hay argumentos irrebatibles. En verdad, tres son los que hacen que resalte la arbitrariedad y la malsana sed de “castigo” político en los contenidos del proyecto en debate en la Cámara de Diputados: la ausencia del debido proceso, la retroactividad y la designación de los jueces por ilegal arbitrio de quien fue el denunciante de supuestos delitos
Los ex mandatarios, en su carta al vicepresidente de la nación que encabeza el poder legislativo, dicen: “El proyecto de ley (el destinado a regular los juicios de responsabilidades) permite la aplicación retroactiva de delitos y penas agravadas al no resolver la contradicción entre el artículo 123 y los artículos 13 parágrafo IV, 116 parágrafo II y 256 parágrafo I de la Constitución Política del Estado”. Naturalmente así se contradice –con propósitos perversos– un principio de derecho aceptado universalmente.
Con razón, los ex mandatarios también denuncian que “no hay jueces imparciales. El Proyecto de Ley reconoce como tribunal de enjuiciamiento al integrado por jueces interinos designados al arbitrio del acusador” que –se reitera– fue el entonces diputado Evo Morales. ¡El interesado en condenar designa a los jueces!
Si este es el pretendido trato, inspirado en el sectarismo, a ex presidentes y ex vicepresidentes, qué pueden esperar los ciudadanos corrientes, cuando en nombre del proceso de cambio se vaya a dictar nuevas normas injustas y nuevos procedimientos dirigidos contra supuestos enemigos políticos.
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