La Prensa se ocupa de lo que podrá suceder cuando el Tribunal Electoral faculta a cada ciudadano a controlar a los medios en una gigantezca cacería de brujas jamás vista en la historia nacional. escándalo!

Todos contra los medios! 

Así por lo menos es el sentir, después de tomar razón de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a la imposibilidad que tiene este organismo de controlar el trabajo de difusión de los aproximadamente 1.000 medios de comunicación que giran en el Estado Plurinacional de Bolivia, ha tomado la decisión de habilitar al ciudadano común como instrumento denunciante, de lo que a su consideración pueda constituir campaña electoral a favor o en contra de los candidatos del Órgano Judicial. 

Si el reglamento de propaganda especial (o como vaya a denominarse el mismo) contempla la facultad a favor del pueblo, de acusar a los medios de comunicación de realizar propaganda en pro o en contra de los postulantes, avecinamos centenares de escritos y llamadas —muchos de ellos anónimos, sin fundamento, sin cumplir los requisitos que serán exigidos en la norma, carecientes de prueba documental, completamente fuera de contexto, motivadas por el simple afán de denunciar— que empañarán el normal desarrollo de los comicios electorales. Esta potestad, por ahora altamente difusa —dada la ausencia de un reglamento que exprese las formas, condiciones, plazos y requisitos para estas acciones populares—, puede ser utilizada con mucha subjetividad, con ánimo perverso, destinado únicamente a afectar el ejercicio libre del periodismo. 

¿Qué es hacer campaña electoral? Este concepto será definido por el TSE o esto quedará al mejor criterio de las personas. ¿Una entrevista a un candidato motivará el accionar de la ciudadanía? Hasta ahora, todo indica que sí. ¿Publicar los méritos o deméritos de los postulantes a estas máximas magistraturas podrá caer en el objeto de las acusaciones? Sin duda. Ni qué decir de proponer un debate entre una o más personas, que es lo más común en países democráticos. ¡Entonces, de qué libertad de expresión estamos hablando! 

Es importante recordar al TSE que el Presidente del Estado, de manera pública, ha exigido la modificación del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, mismo que inicialmente impedía la libertad de expresión en el proceso electoral. El cambio de criterio por parte del Primer Mandatario responde a la conciencia de una posible vulneración a uno de los derechos constitucionales más importantes de la vida demócrata. La solicitud de modificación del artículo en cuestión tiene como objetivo garantizar la libre información a favor de la ciudadanía, titular de este preciado derecho fundamental. 

En vez de emitir declaraciones que contienen, a nuestra consideración, figuras jurídicas atípicas, el Presidente de esta institución debería agotar esfuerzos para concluir y hacer público el reglamento que regulará la relación de los medios con los candidatos, en lo que significarán las elecciones venideras de octubre de este año. Lo contrario representa seguir en la incertidumbre, aspecto que no es justo para la población, que tiene hambre de conocer a los postulantes que definirán millares de procesos judiciales en curso. 

excelente propuesta Adriana. dar ejemplo efectivo de lucha contra la cocaína. pasar por un antidoping para estar limpios. sanos para senadores y diputados que hoy van a dormir su borrachera y "otros males" al Congreso de levantamanos.

La diputada opositora, Adriana Gil propuso este vienes un proyecto de ley para aplicar exámenes antidopaje, al igual que en el deporte, a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto busca que los asambleístas sesionen en "óptimo estado de salud y sin el influjo de estupefacientes". 

La legisladora informó que el proyecto de ley que será presentado al plenario de la Cámara Baja la próxima semana. 

"Se trata de un proyecto de ley que pretende mostrar ante la comunidad internacional y al seno mismo del Parlamento de que se quiere luchar efectivamente contra el narcotráfico y es por eso que como padres de la Patria debemos estar limpios, sanos, con nuestros cinco sentidos, sin influjos de agentes externos que nos hagan insensibilizar o adormecer", apuntó. 

La asambleísta precisó que la norma también alcanza a alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos. "Se trata de una ley que así como se exige a los jugadores estar limpios, los políticos también debemos asumir este aspecto". 

Por el proyecto, los asambleístas se someterán periódicamente a controles médicos y de laboratorio para establecer si acaso hubieran consumido estupefacientes. 

Por su parte, el jefe de Bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, manifestó que no existe temor "caiga quien caiga". 

"Quienes no estamos empañados en nada vamos a hacerlo (controles antidoping), si no estamos metidos ni empañados con nada, vamos a ser implacables, porque estamos en un proceso de cambio, caiga quien caiga", agregó. 

Entre tanto, el diputado opositor Jaime Navarro expresó que la norma servirá para controlar el narcotráfico que penetró en instituciones principales del Estado./ANF

Todos son traidores "al cambio" menos Evo Morales aseguran Prada, Almaráz y Guzmán otrora incondicionales de Evo. Humberto Vacaflor "los reciclados del MAS"

Raúl Prada, Alejandro Almaraz y Gustavo Guzmán acaban de entregar a los medios una dura crítica al Gobierno de Evo Morales, al que acusan de haber traicionado a quienes lo llevaron al poder.

La debilidad de las críticas es que los tres autores (hay otros que figuran en la lista de autores del documento) no dijeron esta boca es mía mientras recibían los salarios del “Gobierno del cambio”, al que ahora condenan. Lo que tendrían que exigir es una indemnización, que les compense por haber hecho todos los sacrificios que hicieron, todas las mentiras que repitieron, todas las falacias que secundaron. Se trata, en suma, de un arreglo de cuentas entre masistas, en el que el resto de los bolivianos nada tiene que ver.

Mientras estaban en sus cargos, de improvisado ideólogo, el rabioso enemigo de los terratenientes y del sesudo embajador en Washington, no advirtieron los errores del “proceso de cambio”.

El documento que entregan a los medios repite, con algunos errores garrafales, las críticas de quienes nunca creyeron en “el Gobierno del cambio”.

Quienes creyeron, el 1 de mayo de 2006, que la “nacionalización” iba en serio, merecen un premio por ingenuos, incluidos aquellos que cantaron el himno con el puño izquierdo en alto, con ademán de pasajero de micro.

Los relocalizados del MAS tendrían que revisar su documento, advertir los errores que cometieron y elaborar otro texto en que digan cómo es que ellos creyeron que era honesta la propuesta política del líder de los cocaleros ilegales.

Deberían explicar cómo es que ellos se quedaron callados mientras estuvieron recibiendo salarios. Cada uno de ellos tendría que revelar el proceso por el cual se produjo su destitución.

Pero la duda principal se refiere a que los ahora críticos del “Gobierno del cambio” creen que todos tienen la culpa de la “traición”. Todos, menos Evo Morales. Eso no lo entiende nadie.
 
El autor es periodista

Historia pero también diplomacia aborda Manfredo Kempff en este artículo que reivindica a Santa Cruz y su desarrollo actual

Fue muy importante que durante y después de la tragedia chaqueña se conformara en Bolivia una diplomacia eficiente. Eso salvó gran parte del territorio nacional en la mesa de negociaciones en Buenos Aires. Grandes personalidades ocuparon la Cancillería de la República y otros diplomáticos de carrera dirigieron las principales embajadas en los países que más interesaban a la nación. Además, cruceños como el ex presidente Germán Busch y Enrique Finot, Dionisio Foianini, y otros, tuvieron influencia en la conducción del Servicio Exterior.

Fue cuando el ministro Ostria Gutiérrez -con seguridad el más insigne de los diplomáticos bolivianos del siglo pasado- negoció la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, que vincularía al oriente con el Atlántico. El costo de la obra estaría respaldado, fundamentalmente, “con el producto de la explotación de las zonas petrolíferas bolivianas que atraviese o que llegue el ferrocarril proyectado”.

En 1941 el propio ministro Ostria negoció con Argentina la construcción del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz cuyo costo sería pagado por Bolivia en amortizaciones anuales “en petróleo crudo, fuel oil, pesos argentinos, dólares americanos u otra moneda de curso universal”. Estos logros con Argentina y lo hecho con Brasil, garantizaron, por supuesto, la integridad de los territorios que habían estado en disputa con Paraguay.

Los convenios referidos fueron censurados  por los centralistas de siempre, que expresaban su seguridad de que los ferrocarriles desde Brasil y Argentina serían la vía de penetración que significaría la pérdida de Santa Cruz. Como podemos ver el encono político nublaba la visión de muchos compatriotas que entendían al revés lo que se había construido. Ostria defendió su obra y afirmó que ésta no era “la labor de un solo hombre, de un solo partido de un solo gobierno”, sino el esfuerzo perseguido por muchos estadistas bolivianos. El preclaro chuquisaqueño merece el reconocimiento de Santa Cruz, pese a que él no hubiera esperado homenaje alguno.

Ahora vemos que desde el centralismo enrostran a Santa Cruz de haberse beneficiado con los recursos generados por el país. Se ha llegado a afirmar, en estos días de alienación, que le debe su desarrollo a los “excedentes de las nacionalizaciones”.  ¿Así que los ferrocarriles se pagaron con los dividendos generados por el estaño? Eso no tiene sentido, porque antes de la nacionalización de las minas ya estaban por concluirse los dos ferrocarriles. Y porque Comibol no dio sino enormes pérdidas económicas. Asimismo, como dicen los tratados suscritos con Brasil y Argentina, la garantía era el petróleo de Santa Cruz, que luego fue el gas.
Algo similar ha sucedido en el desarrollo agroindustrial cruceño. Se afirma que Bolivia volcó la mayoría de sus recursos en nuestro departamento. Más se debe considerar que cada dólar que se invertía aquí significaba que alguien llegaba a estos llanos a ganarse la vida. Se invirtió dinero en Santa Cruz pero esta tierra respondió dando trabajo y  a cientos de miles de campesinos. Por lo tanto esas facturas -las quieren presentar como facturas en mora- fueron pagadas con creces.

Si antes la diplomacia republicana vinculó a Bolivia con el Atlántico mediante los ferrocarriles, hoy nos encontramos con que el Estado Plurinacional pone a Santa Cruz  toda clase de obstáculos en su desarrollo, al extremo de querer romper con su modelo productivo. Ha sido esta administración la que se ha encargado de ponerle cortapisas a su empuje. Antes de que el MAS accediera al poder, su táctica era cercar a Santa Cruz bloqueando su salida al Pacífico. Una buena parte de la producción cruceña pudo salir utilizando la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde otro gran cruceño por adopción, diplomático, empresario y escritor, don Joaquín Aguirre Lavayén, fundador de Puerto Aguirre, merece nuestro máximo reconocimiento.

Santa Cruz comenzó a perder la importante posición que había obtenido, cuando parte de la producción del agro cruceño se tenía que podrir en los caminos o cuando no llegaban oportunamente los envíos a los puertos del Pacífico y se malograban no sólo los productos perecederos, sino algo más grave aún, los contratos. Era una agresión intencional que no iba precisamente contra los gobiernos “neoliberales”, sino contra el corazón de la economía nacional. Los incumplimientos que forzaron los bloqueos fueron graves porque no existe país ni compañía que acepte disculpas de ninguna naturaleza cuando se producen demoras.

Los peores obstáculos llegaron con el actual Gobierno cuando con el pretexto de sanear las tierras presuntamente adquiridas de forma dolosa, se restringieron las inversiones privadas en el agro. La falta de seguridad jurídica, tantas veces reclamada, se mantuvo amenazante. A esta política de desaliento a la inversión privada se sumó el hecho de que el Gobierno ordenara la aplicación de cupos de exportación para los productos que salían del campo cruceño. El argumento del MAS es que primero se debe cubrir el mercado interno de alimentos, asunto que siempre se hizo. Hoy nos encontramos con la noticia de que muchos excedentes agrícolas -el arroz por ejemplo- corren riesgo de no ser comercializados por esas políticas erróneas. El anuncio gubernamental de una “Revolución Productiva” causa desconfianza en Santa Cruz y algunos sectores piensan que resultaría fatal para la agricultura boliviana.

varios meses más si acaso no un par de años antes de cumplir con la Ley 2640 de Carlos Mesa indemnizando a víctimas de la violencia política

El Ministerio de Justicia culminó, en dos etapas, con la calificación de los sumarios que se establecieron desde el 2004, con la Ley 2640, y prosiguió con la reconsideración de listas desde el 2010 con la Ley 4069, donde se habían anotado 6.500 personas para exigir el pago.

“Se está cerrando este proceso que ha culminado con 1.600 beneficiarios (de 2.450 partidas que ingresaron al proceso). Ha sido eficiente el trabajo desarrollado”, manifestó el viceministro de Justicia, Nelson Cox.

La autoridad dijo que, en los siguientes meses, esta cartera de Estado presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que el Ministerio de Economía desembolse el dinero que se utilizará para esta compensación económica. Por último, a través de un decreto supremo, se hará oficial la lista de los beneficiarios y el monto económico a recibir.
No obstante, este proceso es observado por derechos humanos y el Defensor del Pueblo.

Leyes. El 11 de marzo del 2004, el entonces presidente Carlos Mesa promulgó la Ley 2640, que establecía procedimientos destinados a resarcir daños a las personas que fueron víctimas de actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales que violaron y conculcaron derechos humanos y garantías constitucionales.

La indemnización, calificada por la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política (Conrevip), comprendió a las víctimas que sufrieron violencia política entre el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Para el caso, preveía un 20% de recursos económicos erogados del Tesoro General de la Nación (TGN), con un monto de $us 3,6 millones y el trámite de “aportes porcentuales anualmente”, por donaciones privadas o extranjeras y de organismos internacionales, hasta cubrir el resarcimiento.

Preveía también el pago porcentual a los beneficiarios durante la gestión 2005, hecho que no se cumplió por los requisitos difíciles de conseguir. No obstante, con la Ley 4069 el Ministerio de Justicia pudo flexibilizar las exigencias a través de la Comisión Técnica de Calificación (Comteca) que reemplazó a la Conrevip.

La ley prevé el pago de entre 60 salarios mínimos (unos Bs 48.924) y 300 (Bs 244.220), de acuerdo con la calificación por secuelas dejadas o muerte.

En la actualidad, el Gobierno aún no sabe cómo se hará efectivo el pago del beneficio. “El Ministerio de Economía verá si va a presentar un presupuesto reformulado o alguna forma jurídica y legal para un presupuesto adicional para este año, con el fin de que se efectivice el pago a las personas que han sido beneficiarias de esta calificación y que se han admitido sus peticiones”, manifestó Cox.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que si bien el proceso de calificación y reconsideración es valorable, no debería ser el único, y que el Estado debe hacer lo posible por realizar otras acciones “menos complicadas” que lleguen a más beneficiarios.

“Debió haber un criterio más consensuado, más político, pero integral. Se pidió a las víctimas documentos imposibles de proporcionar. Pero hay información importante, resultado de trabajos que se han registrado en la hemeroteca”, señaló Villena.

Crítica. Tras rechazar la calificación que concluye, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se sostiene que se ha “revictimizado” a las personas que han tenido que recordar el periodo de dictadura para poder evidenciar que fueron víctimas.

“Pedían certificados forenses, pasaportes, salvoconductos, testigos que eran imposibles de conseguir porque en un periodo de excepción y dictadura, lamentablemente, esos documentos y esa gente que conoció cada ciudadano que ha sufrido, no quisiera nunca más recordar”, dijo la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.

Añadió que si bien hay 1.600 personas que van a acceder al beneficio, “se está cometiendo una gran injusticia con cientos de hombres y mujeres que han desestimado su participación porque se han visto vulnerados en sus derechos al ser rechazados por razones sin mucha consistencia”.

Freddy Salazar, víctima de la violencia política, cuestionó la labor del Ejecutivo. “Rechazar a varias víctimas, del proceso de calificación, significa borrar de la memoria  lo que pasó en nuestro país y decirle al pueblo boliviano  que son sólo 1.600 todas las víctimas de la dictadura”, señaló.

Qué indica la norma del caso

La Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional establece que los hechos materia de resarcimiento serán procedentes en casos de detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificadas, muerte en el país o el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada, perseguido por razones político sindicales. Añade que los hechos o acciones de violencia serán resarcibles, previa presentación de pruebas, a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a la ley.

Se analiza plan para ampliar beneficiarios

Las víctimas piden que el Estado también colabore en buscar a los desaparecidos

El Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso para beneficiar a más víctimas de violencia política, pero sólo para quienes fueron rechazados en los trámites de calificación y reconsideración, nómina que no sobrepasa las 800 personas.

“De las 2.450 personas que han ingresado (a la calificación), casi 800, entre hombres y mujeres que se toparon con las falencias procedimentales, van a poder ingresar en el último grupo. Este bloque es el que no pudo cumplir con los requisitos mínimos de las dos leyes (Ley 2640 y 4069), lo que imposibilitó que accedan a este proceso de calificación y que se verá en una revisión final”, indicó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox.
Recalcó que no se abrirán nuevas calificaciones para otros que no se enlistaron anteriormente.

La autoridad señaló que esta nueva “reconsideración especialísima”, en consenso con las organizaciones de víctimas de la violencia política, saldrá una vez que se haya gestionado el proyecto de ley que facilite la entrega de recursos económicos para el resarcimiento de las primeras 1.600 personas beneficiarias.

Freddy Salazar, una de las víctimas de la dictadura, rechazó la forma en que se calificó a las víctimas y señaló que debió ser el Estado el que, con sus recursos económicos y humanos, se encargue de investigar y definir quiénes fueron las víctimas de tantos años de dictadura.

“Lo que queremos es que se haga una reparación integral, lo quiere decir que deben esforzarse en hacer aparecer los restos de los desaparecidos y que haya justicia para los asesinados”, manifestó.

Un 90% no se ha registrado

Según la Asociación de Familiares de Detenidos, De-saparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), a un 90% de sus miembros no se los ha reconocido como beneficiarios del resarcimiento, ni se les ha hecho justicia por el sufrimiento que padecieron en las dictaduras.

Juan Claudio Lechín se refiere al aumento de la delincuencia en nuestro medio y el asalto a los bancos y oficinas de manejo de dinero. con precisión describe cómo la justicia es sin embargo arma política manejada por los gobiernos

Hace algunas semanas, una juez ordenó prisión domiciliaria para el gobernador del Beni, Ernesto Suárez. Antes apresaron a Leopoldo Fernández, de Pando, elegido por voto popular y hasta ahora sin proceso, y, también por presión judicial, enfilaron al exilio los gobernadores de Tarija y Cochabamba. Eran opositores al Gobierno de Evo Morales con la llamada media luna, de la que sólo falta deponer al Gobernador de Santa Cruz, a quien ya le están abonando la caída. En esta represión judicial–política también hay dirigentes campesinos, empresariales y cívicos. 

Esto parecería ser una acción local, sin embargo, en Venezuela sucede lo mismo. Los gobernadores de Aragua y Maracaibo, junto con periodistas, dirigentes estudiantiles y sindicales están exilados, perseguidos o presos, como preso está el Prefecto de Caracas y como estuvieron los de Yaracuy y Miranda, entre otros. En Ecuador, el gobernador Arias Cárdenas y otros también sufren exilio. 

Tanta similitud en la aplicación de este instrumento debe hacernos sospechar una fórmula internacional de exportación. En los tres países, los cargos levantados son, fundamentalmente, por corrupción, acusación que goza de simpatía mediática por el desprestigio de los políticos, lo cual facilita y justifica las acciones de estos regímenes. 

La política, en América Latina, es indudablemente una fuente de enriquecimiento ilícito, pero se debe probar el delito, aunque los corruptos se cuiden de no dejar rastros o se los encubra. Sin embargo, hay que insistir en erradicar la corrupción con un sistema legal separado del control político de los gobiernos, a menos que, con imaginación, fundemos una legislación que presuma culpabilidad de entrada; y apenas salgan de sus funciones se los aprese, sin proceso; inocentes o culpables, su destino será irremediablemente la cárcel, fatalidad inevitable parecida a la del macho araña que apenas concluye la cópula, ella lo mata. 

Incluso la alucinada medida que, en broma, sugiero, debe aplicarse a todos, pero no es correcto que una parcialidad política destroce sistemáticamente a sus adversarios utilizando la justicia. Y si lo hace, no puede ser considerada democrática. 

Hagamos memoria, pues siempre se le acusa a la desmemoria la culpa de volver a tropezar. La justicia como arma de represión política se hace en Cuba, con los Tribunales Revolucionarios. Francisco Franco lo hizo con el Tribunal de Orden Público y la Ley de Responsabilidades Políticas (1939). Diez años antes, Mussolini formó el Tribunal Especial para la Defensa del Estado y la Alemania nazi hizo el Sondergericht o tribunal para la represión política, y los Volksjustiz, tribunales populares. Todos con el mismo propósito de reprimir políticamente usando la justicia. 

Paradójicamente, estos caudillos subieron al poder reclamando justicia. En estas similitudes hay, sin embargo, una diferencia. Antes mataban a los opositores políticos, ahora, en sociedades menos épicas, con apresar u obligar a escoger el exilio se introduce el miedo como una sangre y se desmantela el espíritu crítico, es decir, el espíritu democrático. 

Escritor

Juan Claudio Lechín

análisis de las reacciones al conocerse el triunfo de Humala realiza el gran diario ABC que destacó expertos al Perú. Relación con Bolivia

A partir del 28 de julio el destino de Perú estará, en gran medida, en manos de Ollanta Humala Tasso (Lima 27 de junio de 1962). El presidente electo, con el 51,60 por ciento de los votos, recibió la felicitación de los mercados con un derrumbe sin precedentes de la bolsa de valores de Lima. La caída, la más grave de la historia en Perú, alcanzó más de doce puntos, obligó a suspender la cotización por un par de horas y a cerrar la rueda de la fortuna financiera limeña, antes de tiempo. Ni siquiera durante el ataque a las Torres Gemelas se registró sacudidas semejantes.

Humala no quiere identificar la mano negra detrás de esa embestida bursátil. «Quiero pensar que fue un bache. Hoy —por ayer— hemos recuperado seis puntos. Todavía no he asumido como presidente y se revuelven los mercados, justo ahora que es cuando Perú necesita más confianza». Resiste las presiones que le piden, en clave financiera, que anuncie sus ministros de Gobierno para calmar los mercados, «la decisión es únicamente mía», insiste.

En el Hotel Los Delfines, su cuartel general en la última semana, el nacionalista más famoso de Perú -y en estos días del continente-, recibe a la prensa internacional antes que a la local. Los medios seleccionados aguardan su turno en un enorme salón del segundo piso. El teniente coronel en retiro recibe a ABC en la segunda planta. Le acompañan. Humala le echa un vistazo al ejemplar de ABC del domingo pasado, donde se publica una entrevista en vísperas de la votación, sonríe, «me gusta el aspecto. Cuando termine de despachar con los periodistas me la leo entera». José Luis Rodríguez Zapatero aún no le ha felicitado. De América Latina lo hicieron todos los presidentes. «El primero fue Sebastián Piñera», aclara. El gesto del chileno es importante. Humala le había enviado una carta exigiéndole que Chile entonara el mea culpa y pidiera perdón por el envió de armas a Ecuador durante la guerra que ese país mantuvo con Perú en 1995. «Como sabe, comenta, yo soy muy popular allí. Agradezco el gesto, quedamos en trabajar en una agenda bilateral juntos y mirar hacía delante», observa para descartar que reclamará que Chile se excuse.

Atención a la pobreza

Medio millón de votos le dieron, finalmente, el triunfo sobre Keiko Fujimori. La candidata de Fuerza 2011 no reconoció la derrota hasta el lunes. Ollanta, el «guerrero que todo lo mira» en quechua, pasa por encima de esos detalles. Tiene la vista puesta en la pobreza. El Perú que presume de un crecimiento sostenido de entre 7 y 8 puntos en la última década no ha sido capaz de sacar de la miseria al 39 por ciento de su población.

—¿Qué porcentaje del PIB (Productor Interior Bruto) destinara durante su Gobierno a la «inclusión social» que anunció la noche de las elecciones.

—Sólo en uno de los planes pensaba destinar el 1 por ciento del PIB pero Perú no necesita financiamientos extraordinarios. Cumpliremos con la caja fiscal, propondremos microcréditos para el campo, los universitarios y los sectores más desfavorecidos.

—¿Con que niveles de pobreza se sentiría satisfecho o consideraría que había cumplido su misión al salir del Gobierno?

—La pobreza ha servido históricamente como elemento de manipulación política,. Yo no voy a seguir ese patrón. El problema de fondo es la desigualdad. Tenemos que achicar la brecha entre ricos y pobres. Ese es un proceso que lleva su tiempo.

—Garantiza que no va a reformar la Constitución para lograra la reelección. ¿Para qué la quiere cambiar entonces?

—Lo garantizo: la idea apunta a devolver la institucionalidad a las FF AA, que recuperan, entre otros, las capitanías. Eso en el campo militar pero también en el económico nos permitirá hacer reformas. Se da la paradoja de que el estado peruano es el único que no puede invertir.

Las inversiones extranjeras y las españolas (Telefónica, BBVA, Santander, entre otras) andan de boca en boca. El temor a una nacionalización o expropiaciones forzosas sobrevuela Perú. Humala dijo el domingo a ABC que las reglas estarían claras pero, «si Telefónica quiere renegociar, lo haremos». Ahora, con la certeza de que será el jefe del Estado entre el 28 de julio, fecha de su investidura y el 28 del mismo mes del 2016, asegura: «Le garantizo que no vamos a hacer ningún tipo de estatalización ni nada parecido con Telefónico, ni con ninguna empresa española, extranjera o peruana».

«Eje bolivariano»

Rodeado del «eje bolivariano» que forman Hugo Chávez —a quien se le atribuye haber financiado su campaña—, Evo Morales y Rafael Correa, el presidente electo se detiene unos segundos antes de responder si se sumará de inmediato a ese bloque o dejará que Perú sigua mirando con más simpatía a los Gobiernos de Brasil, México o Colombia. «Me voy a sumar al bloque latinoamericano, Voy a trabajar para fortalecer el CAB y el Mercosur».

¿Se siente en deuda con Mario Vargas Llosa? La pregunta se impone. El apoyo del escritor a su candidatura tuvo un precio alto para su familia. Los «fujimoristas», en su campaña de acoso y derribo, llegaron a manifestarse a las puertas de su casa con ataúdes de madera con su nombre. «No es una cuestión de estar en deuda con nadie. Ellos tenían que elegir entre democracia y regreso de dictadura y lo hicieron».

Expectativas

Ollanta Humala respira hondo. «No he ido a mi casa. Desde el domingo por la noche estoy trabajando. No he podido celebrar, mi obligación es trabajar y trabajar. Hay una gran expectativa en mi Gobierno y quiero cumplir. Soy consciente del desafío que tengo por delante.»

—Cuando habla de que las empresas deben respetar el medio ambiente y cumplir con el Fisco parece que señala a las españolas. ¿Es así?

—No, no me refiero a ninguna de ellas en particular sino a todas en general. Las empresas generan mucha conflictividad social y esos problemas hay que resolverlos. Perú tiene una economía sólida, robusta pero hay que mejorar. Todos deben participar y beneficiarse.

—¿Su primer viaje al extranjero?

—A Brasil, Dilma fue la primera en invitarme. El último destino por la región será Venezuela.

La girá comenzará este jueves por Brasil, donde se entrevistará con la presidenta Dilma Rousseff. Brasil es un aliado clave para Perú, de hecho los dos principales asesores de Ollanta Humala pertenecen al Partido de los Trabajadores, del que también forma parte Lula da Silva. Los siguientes destinos serán Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela. De este modo, el presidente electo deja bien clara su vocación latinoamericana.

Estas primeras jornadas de Humala tras su victoria han estado centradas en pedir calma tras el sorprendente hundimiento de la Bolsa. No ha hecho promesas demagógicas, sino que ha intentado aparecer como un hombre de Estado razonable y previsible. Pero por delante tiene un largo camino que recorrer y algunas decisiones clave que tomar antes de que la comunidad internacional confíe en el mandatario. Tendrá que presentar un gobierno de unidad, que dé confianza dentro y fuera del país. Y sobre todo, tendrá que acompasar con hechos y decisiones las promesas de moderación que repite desde hace meses para ganar a su pueblo y a la opinión pública internacional.

No mataron ni un pichón, afirma Susana Seleme cuando se refiere al terrorista Vahidi "huésped de Honor" de Evo y a la persecusión en contra de muchos cruceños que emprendió el MAS en Santa Cruz

Calle Pasteur 633, detrás del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un limpio y compacto espacio de tierra con un sobrio monumento recuerda a las 86 víctimas -6 de ellas trabajadores bolivianos de la construcción- del criminal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fue el 18 de julio de 1994, un frío día del invierno austral. La AMIA había sido fundada, cien años antes. Un siglo de vida de ladrillos y estructuras de cemento se fueron abajo por obra de los terroristas iraníes, afirman las autoridades argentinas, tras años de investigación. Hubo más de 300 heridos y daños múltiples tras aquella hecatombe. Imposturas, mentiras, vergüenzas nacionales e internacionales mediante, el ‘gobierno del cambio’ hacia la dictadura disfrazada de democracia ha sido cómplice y protector de un proscrito terrorista-genocida, el general iraní Ahmad Vahidi, hoy ministro de Defensa de Irán. Entre gallos y media noche, después de pasarse todo un día como huésped protegido en el hotel Casa Blanca o en algún otro lugar de esta ciudad, los acólitos de Morales -que se declara ‘socialista, comunista, marxista-leninista’- le facilitaron también la ‘fuga asistida. Así califica su salida del país la valiente diputada Jessica Echeverría, la primera en denunciar y alertar a Bolivia y al mundo la presencia del genocida iraní . “Se ha rendido honores a un terrorista” dijo el gobernador cruceño Rubén Costas. “Como boliviano tengo que lamentarlo”, porque además no es “un terrorista cualquiera”. Ante la magnitud de aquel acto terrorista me pregunto, ¿de qué y por qué acusan de terroristas, se detiene, meten presos y persiguen a 39 cruceños imputados injustamente en el complot terrorista-separatista Rozsa-Sosa contra Santa Cruz? No fueron ni son terroristas, son autonomistas. Aquí solo hubo terrorismo de Estado, como el ajusticiamiento de los 3 extranjeros, el 16 de abril de 2009 y el atentado en la casa del Cardenal Julio Terrazas. ¿Genocidas Guido Añez, Hugo Carvajal, Jorge Torres, Adalberto Kuajara y otros exministros de un gobierno democráticamente electo? Están acusados por los muertos y heridos durante el cruento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y militares, frente a la sublevación popular, acompañada y digitada a distancia, entre otros por el entonces diputado Evo Morales, en octubre 2003? A los que hoy ‘el gobierno de cambio a la dictadura’ llama genocidas ¡no mataron ni una pinche mosca! ‘Los del cambio’, en cambio. llevan más de 70 muertos en su haber. Terrorista y genocida, es el iraní Ahmad Vahidi. Se sabe que participó en muchos crímenes ejecutados por la fundamentalista Guardia de la Revolución Islámica de Irán, vinculada a Hizbollah, uno de los brazos militares del islamismo radical. Comandante de aquella guardia, la investigación argentina concluyó en 2007 que Vahidi fue coautor intelectual del genocidio en la AMIA. El hoy ministro de Defensa iraní tiene orden de captura internacional emitida por INTERPOL y la justicia del vecino país. Pese a la envergadura jurídicopolítica de la acusación, Vahidi fue invitado de honor de Evo Morales en el 59 aniversario del Colegio Militar de Aviación en Santa Cruz. Entre el y Vahidi, estaba la novel ministra boliviana de Defensa. La INTERPOL boliviana ni se enteró, o no dejaron que se entere y, por lo tanto, hizo ‘mutis por el foro’. ¿Sabían ella, Morales, García Linera, Arce y etcéteras qué significan los crímenes de lesa humanidad y el genocidio? Esos delitos corresponden a exterminios de grupos humanos por razones políticas, religiosas y étnico-raciales. Tampoco saben -o no les importa- que una orden de captura internacional por esos delitos es ley. Ahora resulta que la ministra de justicia boliviana se lava las manos y dice “no somos fiscales ni jueces para detener a alguien...”, aclara que Bolivia no expulsó a Vahidi, sino que su gobierno le ordenó el repliegue y otros dicen que Vahidi se auto-invitó. De verdad, ‘los del cambio’ creen que tienen licencia para mentir, como los del grupo de élite UTARC, licencia para matar. Nos asiste el derecho a sospechar La presencia de Vahidi en Bolivia es una sonora bofetada a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional, a la comunidad judía argentina y mundial, a la memoria de sus muertos, a la de 6 albañiles bolivianos, a la sociedad global que lucha contra la intolerancia y toda forma de racismo. Este atentado a la conciencia democrática del mundo no es un ‘caso cerrado’‘como desea el ‘Vice’. Una carta disculpa al gobierno argentino, no da por ‘zanjado’ el asunto, como dijo Héctor Arce, presidente de la Cámara de Diputados. Habrá secuelas y algunas no se han hecho esperar. Primero fue la indignada llamada de Cristina Kirchner a Morales desde Roma y la reunión que sostuvo con su par de Israel, Shimon Peres, en Venecia. Aunque dicen que no se trató el tema “Vahidi en Bolivia”, Peres agradeció la firmeza argentina en la lucha contra el terrorismo. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) participará en la Asamblea General de la OEA, que se realizará en El Salvador a mediados de julio, donde la entidad prevé presentar su reclamo por la reciente visita que el ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi realizó a Bolivia, y por “la actitud del gobierno boliviano de no haber hecho caso a la alerta roja dispuesta contra Vahidi”. Que ‘los del cambio’ no sabían quién era ese invitado de honor, huele a cinismo. Las sospechas de que sí lo sabían son muchas, y se confirmarían, entre otros antecedentes, por la anulación de visas de entrada para ciudadanos de Irán y Bolivia: sin ese requisito no funcionan las alarmas para delitos de la justicia internacional. ¿Con qué objetivo se retira ese requisito? ¿De quien fue la idea de invitar a Vahidi? ¿Pidió Morales que venga para que responda indirectamente a Chile, tras las poco diplomáticas y guerreras declaraciones de su canciller? ¿Fue idea de Mahmud Ahmadineyad, misógino que lapida y ahorca mujeres, o de Hugo Chávez, para ayudar a su tan esforzado pupilo? ¿Para que y por qué tenía que reunirse Vahidi con sus colegas de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA), quienes inauguraron la Escuela Militar Bolivariana, donde tenía que estar y no estuvo, luego de saberse quién era? ¿Qué formación militar dará esa escuela -dicen que para ‘defender la patria grande’- instalada en Warnes, a 20 km. de esta capital? ¿Quién donará las armas y cuáles: Venezuela o Irán? ¿Es esa escuela la cabeza de playa de prácticas nada santas -terroristas y genocidas- en Bolivia, como dicen que ya hay en Venezuela? La tal ‘escuela’ está instalada en Warnes, a 20 kilómetros de esta capital. La presencia de esa institución de formación militar, explicaría la tanta insistencia en hacerse de ese municipio, vía la guillotina judicial aplicada a su alcalde electo por voto popular, hoy fuera del cargo y con arresto domiciliario? El que calla otorga y si ‘los del cambio’ no explican este nuevo vergonzoso incidente, nos asiste el derecho a sospechar que aquí estamos en una carrera armamentista –hasta terrorista- contra los propios bolivianos y algunos vecinos. ¿Terroristas los cruceños y otros? ¡Váyanse a moler ajos y cebollas!

Flavio Machicado con título llamativo "Facha de Facho" identifica las nuevas formas de facismo que estamos viviendo. explotar el nacionalismo, atizar pasiones, alzar banderas, misticismo

Fascismo, qué astuto eres.  Lo que dicen del demonio, lo cumples tú: asumes formas diferentes. Enterraron en 1945 en facha café, has reencarnado medio siglo después en un arcoíris de colores. Tan sutil son tus formas, que tus maneras pasan desapercibidas. Fascismo, ¿quién eres? Pocos parecen conocerte. Seduces con las bondades de enaltecer al Estado por encima del individuo. Enamoras mentes sumidas en cinismo y desesperación, dispuestas a ceder sus libertades individuales a la voluntad de una cuadrilla todopoderosa. Te sirves del hechicero canto de sirena de una identidad férrea y nacionalista; manipulando el amor instintivo a “Sangre y Tierra” (Blut und Boden). 

Fascismo, tu romanticismo es una quimera y pronto se despintará. Has ganado, por ahora, la partida. Pero someter al individuo a las fauces de la unidad hegemónica de un poder orgánico y vertical es facho, por mucho que la facha sea de oveja. Si el demonio dice, “el demonio no existe”, el fascista acusa a todo aquel que se opone a su proyecto totalitario de ser un facho también. Eres astuto, como un zorro.

Al fascismo le preocupa un grupo de individuos rebeldes, de espíritu indomable. Estos sediciosos “gerentes propietarios” recorren las venas del sistema productivo como una red de células rojas imposible de nacionalizar. Potencialmente subversivos, individualistas por excelencia, ejercen con gran autosuficiencia su función social. Dueños de su movible aparato productivo, representan una amenaza al proyecto hegemónico absolutista. Transportistas fachos, lacayos de empresarios exportadores, no merecen ser socorridos del hambre o frío, aunque caigan presas de un bloqueo en el Perú.

Tres semanas durmiendo a la intemperie altiplánica, sin posibilidad de avanzar, muchos sin la opción de dar la vuelta y regresar.

Dos semanas pasaron antes que la Cruz Roja entienda que el bloqueo en el Desaguadero es una crisis humanitaria. Los transportistas, con la facha desecha de tanto esperar, cazaron conejos salvajes para no seguir el destino de algunas empresas bolivianas que exportan por el corredor comercial que atraviesa Puno.

Tanta angustia por tan poco empleo, que el pueblo no se da cuenta que el mayor bloqueo a las exportaciones es un modelo económico hostil y deficiente. Víctima aquí es un pueblo sin opciones y una economía asediada por el acoso fiscal, hostigada por desincentivos y regulaciones selectivas, que castigan al empresario y exoneran a contrabandistas de autos chutos. Víctimas aquí son los choferes que llevan productos bolivianos de exportación a puertos peruanos, abandonados por los poderosos durante la crisis humanitaria en Desaguadero. Víctima es la productividad, bloqueada por la ineptitud, dogmatismo y burocracia.

Autos-bloqueados por sus propias regulaciones, los poderosos no disponen fácilmente de recursos públicos para hacer gestión, incluso en condiciones de emergencia humanitaria. Tres semanas los productos bolivianos están detenidos en la frontera. Al igual que las empresas bolivianas que exportan, invierten y crean empleos, la miseria de choferes en fachas es ignorada.

¿Incentivar exportaciones privadas? Ése no es el objetivo. Se trata de explotar el nacionalismo y la profunda victimización de un pueblo sin empleo, para culpar al enemigo de nuestro subdesarrollo y enclaustramiento mental. Se trata de atizar pasiones bajo la bandera de una reivindicación marítima, cuando lo último en la mente de los poderosos es hacer más fácil el exportar al sector privado. Patriotismo enardecido, conspiraciones internacionales, sombras del pasado, misticismo de una causa nacional. Lobo en facha de oveja, ¡qué astuto eres! 
 
El autor es economista