Un Estado que empequeñece a sus hombres para convertirlos en instrumentos más dóciles, aunque sea con fines loables, encontrará que nada grande puede alcanzarse con hombres pequeños."
Pocas veces fue tan oportuna esta sentencia de John Stuart Mill, asentada en su inmortal On Liberty , como ante la situación venezolana, documentada con imparcialidad en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 30 de diciembre de 2009.
Asimismo, raramente ha quedado tan clara una oscura paradoja. Las políticas socialmente progresistas a menudo se instrumentan autoritariamente. Aunque con frecuencia se reprime para no redistribuir, parece imposible redistribuir sin reprimir. Como es habitual en los asuntos humanos, tanto desde la izquierda como desde la derecha domina la codicia de dinero y de poder.
En verdad, el informe de la CIDH, del que LA NACION informó el 25 de febrero, es aterrador tanto por su contenido específico como por lo que implica respecto de la condición humana. Por un lado, reconoce los "importantes logros del Estado venezolano en materia de derechos económicos, sociales y culturales". El régimen de Hugo Chávez aumentó el alfabetismo, redujo la pobreza, amplió la cobertura de salud, disminuyó el desempleo e incrementó el acceso popular a los servicios públicos básicos.
Más aún: la CIDH afirma que Venezuela es uno de los países del mundo que más han avanzado en el cumplimiento de las "metas del milenio" establecidas en 2000 por las Naciones Unidas. También reconoce y valora que, gracias a logros recientes, tiene el índice Gini más bajo de América latina, o sea que tiene la menor concentración del ingreso de la región. Menciona cifras de Cepal según las cuales el porcentaje total de personas en situación de pobreza e indigencia, que era del 49,4 por ciento en 1999, habría disminuido al 28,5 por ciento hacia 2007. E informa que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 2009 Venezuela se encuentra en el grupo de países con desarrollo humano alto.
Aunque sólo la mitad de estas hazañas fueran verdaderas, no sería poca cosa. Pero a pesar de estos logros admirables, ¡el régimen bolivariano no permite visitas de la CIDH! La última se realizó en mayo de 2002, inmediatamente después del fallido golpe de Estado contra Chávez. En 2003, la Comisión publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país, y desde entonces no ha podido realizar visitas de observación. Simultáneamente, la CIDH comenzó a registrar una tendencia creciente a la intimidación de los críticos de las políticas oficiales. Por cierto, los defensores de derechos humanos son agredidos, amenazados y, a veces, asesinados.
La represión al periodismo y los límites a la libertad de expresión son bien conocidos. Entre otros graves problemas en esa esfera, la CIDH advierte que:
- En 2004 se sancionó una ley de responsabilidad social en radio y televisión, cuyo artículo 29 dispone que un medio puede ser suspendido si "incita a alteraciones del orden público" o si es "contrario a la seguridad de la Nación". Esta caracterización es tan general que se presta a un uso político arbitrario.
- En 2009 se sancionó una ley orgánica de educación, cuyo artículo 13 prohíbe la divulgación de información que atente contra "los valores" o promueva la "deformación del lenguaje", conceptos que sólo pueden definirse de manera autoritaria.
- El Código Penal establece que ofender o faltarle el respeto al presidente, aun en privado, se castiga con la cárcel (art. 147). La pena se reduce a la mitad cuando la ofensa es contra altos funcionarios, y a la tercera parte cuando se perpetra contra un mero alcalde. En 2005, una reforma del Código amplió el alcance de estas normas al alto mando militar y a los legisladores. A esto se agrega la figura penal de "vilipendio", que protege incluso a los ediles de los maledicentes (art. 149).
- Justificado por las disposiciones de la ley de responsabilidad social, está en marcha un proceso que pone en duda la continuidad de las concesiones de 240 emisoras de radio, habiéndose ordenado ya la suspensión de 32 de ellas. Objeto de permanente acoso judicial es el canal de noticias Globovisión, principalmente porque permite expresarse a dirigentes de la oposición.
- Emblemáticas de la mentalidad del régimen resultan las palabras pronunciadas en la Asamblea Nacional el 9 de julio de 2009 por el ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello: "La verdad nos hará libres. La verdad que está en la calle, no la verdad de Globovisión, no la verdad de los medios golpistas".
- En esa y otras ocasiones, altos funcionarios del gobierno han sugerido sin ambages que la línea editorial de un medio es causa legítima para su clausura, independientemente de las razones técnicas que se invoquen en los procedimientos administrativos.
No hay espacio en esta nota para detallar la frecuente remoción de jueces por parte del Poder Ejecutivo, efectuada sin el correspondiente procedimiento administrativo. La CIDH señala que, a veces, estas destituciones se producen casi inmediatamente después de que un magistrado toma una decisión desfavorable al gobierno. Como consecuencia, los jueces muchas veces se prestan a presidir procesos en los que, con diversas excusas, se inhabilita a miembros de la oposición para ocupar cargos públicos.
Pero lo más aberrante de la situación venezolana, tal como lo registra la Comisión, reside en el ámbito de la seguridad. "Con la participación o tolerancia de agentes estatales", en Venezuela operan diversos grupos de choque. Organizaciones violentas como el Movimiento Tupamaro, el Colectivo La Piedrita, el Colectivo Alexis Vive, la Unidad Popular Venezolana y el Grupo Caraipaca "tienen una relación estrecha con los cuerpos policiales y en ocasiones utilizan sus recursos". En su defensa, el gobierno venezolano reconoce que en su país los grupos irregulares existen "de lado y lado". Así intenta justificar que no haya esfuerzos oficiales por prevenir y sancionar este tipo de actividad.
Una de las consecuencias de esta situación anárquica es que en 2008 se produjeron 13.780 homicidios. Los niños y adolescentes llevan la peor parte: 5379 sufrieron muertes violentas en 2007. Y según cifras de Unicef, el homicidio es la principal causa de muerte de los adolescentes varones de entre 15 y 19 años. También aumentan los secuestros denunciados en la población general, que en 2008 fueron más de 300. Por último, crece el accionar de los sicarios. Según la CIDH, entre 1997 y 2009 se registraron 86 ejecuciones de dirigentes sindicales y 87 ejecuciones de trabajadores.
Más que la crisis de los derechos humanos, lo que estos datos muestran es el fracaso absoluto de un régimen que ni siquiera aboliendo las libertades puede asegurar el orden. Para colmo, los logros sociales quedan desdibujados frente a las fallas estructurales desnudadas por los frecuentes apagones y la necesidad de importar electricidad de Colombia. Los petrodólares no se invirtieron: se dilapidaron. En tal contexto, la mejora de los índices de desarrollo social no es más que distribucionismo populista sin sustento.
Parafraseando a Edmund Burke, el único orden valorable es uno que viene asociado a la libertad y la virtud. Henos aquí frente a un caso en el que no hay orden ni libertad ni virtud.© LA NACION
No hay comentarios:
Publicar un comentario