La manía de estrellarse contra el mensajero con el fin de eludir las connotaciones del mensaje, se ha hecho presente otra vez, cuando el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusa a este diario de haberse inventado datos relacionados con el informe sobre Derechos Humanos presentado por el Alto Comisionado de la ONU en Bolivia.
El Ministro niega que el organismo internacional se hubiera referido al tema de la jurisdicción del caso terrorismo, que actualmente es investigado en la ciudad de La Paz, violando las normas del debido proceso, ya que el supuesto delito que se investiga se habría cometido en Santa Cruz. En relación a este tema, el informe de la ONU, dice en la página 19, acápite 61 que “el tema sobre si el distrito judicial de Santa Cruz o el de La Paz tenían competencia territorial sobre la investigación fue intensamente debatido por todas las partes concernidas”. En la tercera línea del mismo párrafo, el informe señala textualmente que “el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 138 para establecer en la ciudad de La Paz la jurisdicción de casos de terrorismo, sedición y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. En la quinta línea se encuentra la acusación que hace la ONU y que tal vez no leyó el ministro Llorenti. Otra vez textual: “Este decreto generó una fuerte crítica. La oficina en Bolivia (del Alto Comisionado) CONSIDERA QUE EL DECRETO VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL AL REGULAR MATERIA DE PROCEDIMIENTO PENAL”. (El resaltado es nuestro).
“Reserva legal” quiere decir que las leyes gozan de primacía ante cualquier acto de un poder público, así sea del presidente. Cuando el Alto Comisionado de la ONU dice esto es porque un decreto no puede ir por encima del Código Penal. Implícitamente está dejando ver también que el mismo decreto, que de por sí es ilegal, ha sido aplicado de manera retroactiva, pues fue lanzado con posterioridad al presunto delito.
El ministro debería ver bien este capítulo del informe así como otros que reflejan que toda la justicia boliviana está en manos de un solo individuo. En el acápite 109, página 30, el Alto Comisionado reclama “a los órganos competentes garantizar un procedimiento transparente para la designación de las nuevas autoridades judiciales”. En la página 7, inciso 11, el informe dice que “el ya debilitado y politizado sistema de justicia se mostró más vulnerable al factor político, lo que impactó en el desarrollo de los procedimientos y puso en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales”. En la página 11, inciso 28 dice: “la oficina hizo un seguimiento de la administración de justicia, que continúa sumida en una profunda crisis estructural (...). El sistema de justicia continúa sufriendo tráfico de influencias, corrupción y falta de independencia, lo que afecta al acceso a la justicia, debilita el estado de derecho y contribuye a la impunidad”.
No hace falta leer entre líneas ni hacer sesudos análisis para observar –a través de este informe- el fenómeno que está en proceso en Bolivia. La ONU ha destacado ciertas mejoras en los Derechos Humanos, pero curiosamente se refiere a los avances en esta materia que están escritos en la Constitución. ¿Se ha preguntado la ONU cuánto de la carta magna se ha violado ya?
El Ministro niega que el organismo internacional se hubiera referido al tema de la jurisdicción del caso terrorismo, que actualmente es investigado en la ciudad de La Paz, violando las normas del debido proceso, ya que el supuesto delito que se investiga se habría cometido en Santa Cruz. En relación a este tema, el informe de la ONU, dice en la página 19, acápite 61 que “el tema sobre si el distrito judicial de Santa Cruz o el de La Paz tenían competencia territorial sobre la investigación fue intensamente debatido por todas las partes concernidas”. En la tercera línea del mismo párrafo, el informe señala textualmente que “el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 138 para establecer en la ciudad de La Paz la jurisdicción de casos de terrorismo, sedición y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. En la quinta línea se encuentra la acusación que hace la ONU y que tal vez no leyó el ministro Llorenti. Otra vez textual: “Este decreto generó una fuerte crítica. La oficina en Bolivia (del Alto Comisionado) CONSIDERA QUE EL DECRETO VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL AL REGULAR MATERIA DE PROCEDIMIENTO PENAL”. (El resaltado es nuestro).
“Reserva legal” quiere decir que las leyes gozan de primacía ante cualquier acto de un poder público, así sea del presidente. Cuando el Alto Comisionado de la ONU dice esto es porque un decreto no puede ir por encima del Código Penal. Implícitamente está dejando ver también que el mismo decreto, que de por sí es ilegal, ha sido aplicado de manera retroactiva, pues fue lanzado con posterioridad al presunto delito.
El ministro debería ver bien este capítulo del informe así como otros que reflejan que toda la justicia boliviana está en manos de un solo individuo. En el acápite 109, página 30, el Alto Comisionado reclama “a los órganos competentes garantizar un procedimiento transparente para la designación de las nuevas autoridades judiciales”. En la página 7, inciso 11, el informe dice que “el ya debilitado y politizado sistema de justicia se mostró más vulnerable al factor político, lo que impactó en el desarrollo de los procedimientos y puso en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales”. En la página 11, inciso 28 dice: “la oficina hizo un seguimiento de la administración de justicia, que continúa sumida en una profunda crisis estructural (...). El sistema de justicia continúa sufriendo tráfico de influencias, corrupción y falta de independencia, lo que afecta al acceso a la justicia, debilita el estado de derecho y contribuye a la impunidad”.
No hace falta leer entre líneas ni hacer sesudos análisis para observar –a través de este informe- el fenómeno que está en proceso en Bolivia. La ONU ha destacado ciertas mejoras en los Derechos Humanos, pero curiosamente se refiere a los avances en esta materia que están escritos en la Constitución. ¿Se ha preguntado la ONU cuánto de la carta magna se ha violado ya?
El ministro de Gobierno puso en duda la información que se brindó de un documento de la ONU. Leyendo bien se disipan dudas.
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