El exsubcomandante de la Policía Nacional Óscar Muñoz reveló ayer que la orden para intervenir la marcha de indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) el 25 septiembre en Chaparina (Beni), salió del Ministerio de Gobierno y que –un día antes– los altos jefes policiales se reunieron en Yucumo para evaluar la situación y planificar la operación, informó el fiscal encargado de la investigación del caso, Marco Antonio Vargas.
En su declaraciones, dijo Vargas, el exjefe policial –que estuvo al mando del violento operativo– aseguró que una autoridad del Ministerio de Gobierno ordenó el desplazamiento de policías y la intervención el 25 de septiembre.
Vargas dio a conocer las revelaciones del exsubcomandante (el único imputado por la violenta represión) después de la audiencia de medidas cautelares para definir la situación jurídica de Muñoz, aprehendido el martes. Según la misma fuente, Muñoz no reveló quién del Ministerio de Gobierno dio la orden.
El fiscal precisó que Muñoz en sus declaraciones no especificó qué autoridad del Ministerio de Gobierno, 15 minutos antes del operativo, le llamó para autorizar la intervención a la marcha.
Sin embargo, horas antes de la audiencia, el abogado defensor de Muñoz, Héctor Tapia, aseguró que su cliente —en sus declaraciones— reveló nombres de quienes ordenaron la intervención policial y que él por su estado de subordinación y jerarquía sólo cumplió las instrucciones. “Él no ha estado (en Yucumo) por voluntad. El fue en cumplimiento de una orden verbal”, aseveró el abogado.
Aseguró que Muñoz no estuvo presente en la planificación del operativo que se realizó el 25 de septiembre, porque se encontraba en Santa Cruz en los actos oficiales del aniversario de ese Departamento. “Después recibió una llamada del Comando General para que se haga presente en el lugar de los hechos para que comande a los efectivos que se encontraban en cercanías de Yucumo, llegando en la madrugada del 25”, dijo.
El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, en suplencia del Juzgado Tercero de Instrucción, en la audiencia cautelar que se desarrolló desde las 18:00 hasta las 20:30, determinó la detención domiciliaria de Muñoz, además su arraigo con permiso para trabajar de 7:00 a 19:00 horas y no tener contacto con ninguno de los investigados en el proceso.
En la audiencia el Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva, en tanto la abogada de la activista de derechos humanos Olga Flores, Aida Camacho, pidió la detención preventiva por existir los riesgos procesales del General Muñoz por ser una autoridad jerárquica de la Policía.
Cuestionamientos
Cuestionamientos
El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, quien presentó la denuncia contra las autoridades gubernamentales y policiales por la violenta represión y los vejámenes cometidos contra los indígenas del Tipnis, cuestionó el hermetismo con el que la Fiscalía está conduciendo la investigación y la lentitud de sus actuaciones.
Dijo que pese a ser denunciantes, no se les informó acerca de los actuados, quiénes son los citados a declarar y el contenido de las declaraciones.
“Estamos siguiendo las declaraciones preocupados por un cierto hermetismo de parte del Ministerio Público, no se nos ha informado pese a nuestra calidad de denunciantes, los motivos que son de la imputación y no estamos suficientemente informados sobre las próximas convocatorias y declaraciones”, sostuvo el dirigente político.
Agregó que se está exigiendo convocatoria inmediata del exministro de Gobierno Sacha Llorenti, del actual comandante de la policía, el general Jorge Santisteban y del general Foronda, que son los principales sindicados en el caso de la violación de derechos humanos.
El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Quollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, también criticó la actuación de la Fiscalía en la investigación de la intervención de Yucumo, porque a casi dos meses de esos hechos no se ha identificado a los responsables intelectuales y materiales.
“Esperemos que la detención de Muñoz no sea sólo un show político”, expresó el dirigente.
Requieren nombres de periodistas
La Fiscalía General del Estado hizo llegar la tarde del martes pasado, una comunicación escrita a varios medios, entre ellos el periódico El Deber, según confirmó el jefe de prensa del diario cruceño, mediante la cual solicitan los nombres de los periodistas presentes en la cobertura de la marcha indígena del Tipnis. Particularmente durante el momento en que ocurriera la represión policial en San Borja, que se encuentra bajo investigación.
Según el jefe de prensa de El Deber, Tuffi Aré, además se pide los documentos fotográficos y la entrega de todo lo requerido, en el plazo de 72 horas de plazo, a partir de la notificación.
El fiscal Orlando Riveros, a cargo de la investigación de la represión a la marcha indígena, confirmó ayer el envío de esas notificaciones a algunos medios de comunicación y no descartó que algunos periodistas se constituyan en testigos del caso y puedan ser citados posteriormente, por la información que tienen.
Ante este requerimiento, organizaciones que aglutinan a los periodistas, criticaron la petición y manifestaron que una cosa era el requerimiento del material informativo difundido por los medios sobre los hechos y otra que se cite a declarar a los periodistas que estuvieron en el lugar, que es una vulneración a la libertad de información.
El Gobierno inició el pasado 31 de octubre un proceso en el Ministerio Público de La Paz contra la red Erbol por el presunto delito de "violación de la correspondencia y papel privado y violación de secretos".
INSPECCIÓN OCULAR A YUCUMO
El fiscal general Mario Uribe, junto a un equipo de investigadores, se trasladará el próximo 16 de noviembre a la localidad de Yucumo, Beni, para realizar una inspección ocular al lugar donde fueron reprimidos por la Policía los marchistas indígenas el 25 de septiembre pasado.
El fiscal de Recurso, Orlando Rivero, anunció que participarán de este acto procesal, que será público, el Fiscal de Distrito de Beni que fue el primero en intervenir en esta denuncia y especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), para efectos de que realicen la planimetría, la fotografía forense, filmaciones, fijaciones del lugar del hecho y “todo cuanto pueda ser conveniente para tener un mejor conocimiento y convicción” sobre lo sucedido.
Este acto forma parte de la investigación seguida por la Fiscalía General ante la denuncia presentada por un grupo de legisladores de Convergencia Nacional en contra del presidente Evo Morales y otras autoridades por la violenta intervención policial a los marchistas.
De las 34 personas citadas para prestar declaraciones informativas, a la fecha sólo se presentaron tres: el director de Inteligencia de la Policía, Víctor Maldonado; la ministra de Justicia, Nilda Copa; el viceministro de Justicia, Nelson Cox, y el actual subcomandante General de la Policía Nacional, Edwin Foronda.
La Fiscalía General aclaró que la convocatoria a los funcionarios estatales tiene sólo "carácter informativo" y descartó que las declaraciones de éstos sean tomadas como testificales dentro la investigación.
LENTITUD
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció para mañana (viernes) la presentación del informe elaborado por la Defensoría sobre las agresiones que sufrieron en Yucumo los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el 25 de septiembre pasado.
Villena criticó el “lento avance” de las investigaciones de esos hechos por parte de la Fiscalía, que a la fecha no tipificó los delitos que se produjeron en la represión a los marchistas, pese al compromiso asumido por las autoridades de impulsar el esclarecimiento rápido de lo sucedido.
Suspenden informe de ministros
La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados determinó ayer suspender la presentación de informes orales que cinco ministros y un exministro debían realizar para esclarecer la represión policial a la marcha del Tipnis del pasado 25 de septiembre.
Los ministros convocados a informar son: de Defensa, Rubén Saavedra; de la Presidencia, Carlos Romero; de Justicia, Nilda Copa; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo; y de Gobierno, Wilfredo Chávez, juntamente al ex titular de esta cartera Sacha Llorenti.
"Hemos analizado conjuntamente los colegas de la oposición, que como están los ministros con el tema del reglamento (de la ley corta de protección al Tipnis) hemos determinado esperar unos días más, para ya programar nuevamente sus informes", informó ayer el presidente de la comisión camaral, Irineo Condori (MAS).
Según el legislador, los informes se reprogramarán para la siguiente semana, pero dejó abierta la posibilidad de suspender definitivamente la presentación de esos informes porque el conflicto con los indígenas se solucionó con la promulgación de la ley corta de protección al Tipnis.
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