Nadie a quien le asista la más elemental sensatez se puede oponer a que el denominado ‘video-soborno’ que remueve desde sus cimientos el bullado caso Rózsa sobre supuestos aprontes ‘terroristas’ en el país, sea objeto de una severa e imparcial investigación.
Inicialmente, las pesquisas deben confirmar lo que a juzgar por todos los indicios ya se sabe: las imágenes y audio de la grabación son auténticos y no falsos como sugieren muy inquietas algunas autoridades de Gobierno. Cabe hacer notar que, hasta el momento, algunas circunstancias corren a favor de lo primero. Sin duda alguna que la más importante de todas ellas es la actitud asumida por quien, aparentemente, comandaba el operativo de silenciar con cohecho al denominado ‘testigo clave’ del caso Rózsa e inducirlo a abandonar el país. Renunció al cargo que desempeñaba en la Defensoría del Pueblo, casi inmediatamente después de que estallara el escándalo que promoviera la difusión del video. Este alejamiento voluntario equivale a toda una confesión explícita. De no ser cierto el diálogo con ‘El Viejo’ Villa dentro del vehículo en el que se lo trasladó hasta el límite fronterizo con Argentina, con toda seguridad que en vez de dimitir estaría aferrado al cargo, alegando todo el tiempo su inocencia total y de ser utilizado como blanco principal de un fraude que apunta a objetivos políticos específicos.
Sobre tal persona caen igualmente indicios más o menos firmes de que realmente estuvo vinculado a operaciones gubernamentales contra la oposición regional cruceña y uno de cuyos principales puntales, según muchos analistas, fue la presunta banda terrorista del húngaro- boliviano muerto a tiros, junto a dos de sus compañeros, en un céntrico hotel de Santa Cruz. Se conocen ya sus indirectos vínculos familiares con el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien lo incorporó a las planillas de esa Secretaría de Estado.
Es así que el ahora desaparecido ex funcionario de la Defensoría del Pueblo, Carlos Núñez del Prado, se convierte en el testigo clave del caso ‘video-soborno’. Tras acreditarse la autenticidad del video, asunto que de modo alguno debe confiarse a la Policía nacional, que no ofrece garantías de imparcialidad, sino a expertos de un organismo internacional que vengan al país a resolver la cuestión, aquél debiera ser el primero en aparecer sentado en el banquillo de un implacable interrogatorio.
Se ignora, por el momento, dónde se halla ‘El Viejo’ Villa. No es hazaña imposible, sin embargo, dar con su paradero. Para esto existe una Interpol capaz de resolver en poco tiempo el misterio. Una vez ubicado, por cualquier vía, sin duda alguna que Villa no se resistirá a confesar el porqué y para qué recibió los más de 30 mil dólares. Y no sólo esto, sino también aclarar su papel real dentro del tramado que siguió al tiroteo de mortales resultados en el hotel Las Américas.
Pero el controvertido fiscal Marcelo Soza asignado al caso, al parecer, está más interesado en que los periodistas que difundieron el video, y no Núñez del Prado o Villa, sean los primeros en ser interrogados. Ignora que sigue plenamente vigente una Ley de Imprenta que establece el principio de reserva de la fuente de una información. Consecuentemente, a esos periodistas no se les puede ‘encañonar’ con interrogatorios o procesos para obligarles a revelar quién o quiénes les proporcionaron el ‘video-soborno’. Si hace esto, el fiscal de marras incurre en una figura delictiva por la cual deberá ser sometido a juicio, si no ahora, mañana o pasado mañana.
Investigar el caso y no amedrentar a la prensa, como viene sucediendo actualmente. Es lo que el Gobierno nacional debiera hacer, si realmente le interesa llegar a desentrañar la verdad en el caso Rózsa, en el tema que es motivo de estas consideraciones editoriales.
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