BY CARLOS VALDEZ / AP
LA PAZ
Una pequeña multitud con coloridos ponchos y polleras anima una fiesta con música andina mientras sacerdotes aymaras celebran un ritual frente a la Casa de Gobierno, pero a pesar de ser feriado, la concentración dista mucho de aquellas masas que hace un año vitoreaban la reelección de Evo Morales.
Indígenas y campesinos afines al mandatario llegaron desde sus comunidades para festejar el 22 de enero el inicio del segundo mandato de Morales. La fiesta, no obstante, se realizó en la plaza de armas, sin la participación popular de antaño, ante la indiferencia de una población que tiene grandes urgencias derivadas de la carestía de la vida.
La popularidad de Morales, el primer indígena que gobierna el país, se vino a pique en enero tras un fallido aumento del 78 por ciento en los carburantes que encendió violentas protestas callejeras que obligaron al mandatario a derogar el aumento.
Una encuesta de la empresa Ipsos Opinión y Mercado reveló que en enero el nivel de aprobación del mandatario cayó al 36 por ciento, el más bajo desde que asumió el gobierno el 2006 y distante del 70 por ciento que obtuvo hace un año al asumir su segundo mandato hasta el 2015 tras recibir el 64 por ciento de los votos.
El proyecto político ``liberador y descolonizador'' del mandatario parece debilitarse al igual que el apoyo que lo hizo invencible en las urnas, dicen analistas.
La furia popular apedreó edificios de sindicatos afines al gobierno y armó hogueras en las calles, donde quemó el retrato de Morales, algo impensable hace unos meses.
El epicentro de la protesta fue la vecina ciudad de El Alto, reducto oficialista, la misma que en el 2003 protagonizó una revuelta popular en defensa de los hidrocarburos que obligó a renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 manifestantes.
Organizaciones de campesinos e indígenas afines al gobierno pidieron el cambio de ministros y hasta la renuncia de Morales, al tiempo que sectores de la oposición afirmaron que la administración está manejada por aficionados.
``El presidente pensó que poniendo ponchos y polleras (indígenas) en su gabinete el país marcharía mejor, pero no es así'', dice Jimena Mendoza de 40 años, ama de casa y madre de tres adolescentes que hacía fila para comprar azúcar en una tienda del gobierno.
El azúcar y la harina están subsidiados. Las largas filas en las ciudades para abastecerse del producto recuerdan a los bolivianos los tiempos de una dura inflación en 1984.
``Nos sentimos defraudados. No es posible que en esta ciudad (Santa Cruz, oriente) tengamos cuatro ingenios y no haya azúcar'', dice Hugo Salvatierra, un jubilado que esperó tres horas en una interminable fila, aguantó lluvia y sol para comprar cuatro kilos del producto, cuyos precios subieron un 23 por ciento a mediados de enero.
Su mensaje de cuatro horas al país el 22 de enero tampoco da luces sobre los desafíos y habla de grandes proyectos, entre ellos otro ingenio azucarero, mientras se cuestiona cómo un país de más de un millón de kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes no pueda ser autosuficiente en alimentos. ``No creo en las encuestas y no tengo equipo, salvo el gabinete. Si dicen que fue un error (el ajuste) o que fui mal asesorado, el error es del presidente; asumo la responsabilidad y no tengo que echarla culpa a nadie'', dijo recientemente.
Organizó su gabinete privilegiando lealtades y equilibrios políticos internos (indígenas y movimientos sociales) por encima de otros factores. Llegó al gobierno en el 2006 acompañado de sindicatos y movimientos sociales y cambió el rostro del Estado al ampliar la composición social de la administración, dominada ahora por mestizos. Los sectores que le respaldan se sienten con el derecho a participar y reclaman más cuotas.
La crisis en el partido de gobierno ``deviene de esas lógicas patrimonialistas y por la falta de un proyecto político de mediano y largo plazo, que por ahora se pinta difuso por las diversas corrientes internas'', dijo la analista María Teresa Zegada.
Según el ex juez electoral, Jorge Lazarte, Morales ``sufrió su peor derrota política porque el poder que ostenta ha llegado a su propio límite y puede derivar en fracturas''.
El ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz, quien ayudó a Morales en la nacionalización de los hidrocarburos, cree que el mandatario puede haber puesto fin a su ciclo de reformas después de lo que describió como el fallido ``gasolinazo impuesto por las petroleras''.
De fuerte retórica anticapitalista, el mandatario se mostró severo crítico del mercado, se vanaglorió de gobernar sin las recetas del FMI, pero el aumento de los subsidios a los combustibles ha ido corroyendo la economía como un ``cáncer'', según sus propias palabras.
``Pretendió gobernar creando una isla de precios bajos en abstracción del mercado'', dijo Gary Rodríguez del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), organización vinculada a los empresarios.
En el 2006 nacionalizó los hidrocarburos, la mayor riqueza del país, y redistribuyó la renta petrolera a través de subsidios a los pobres, pero la falta de inversiones externas han llevado a la industria al estancamiento.
El agua embotellada cuesta más que la gasolina en Bolivia y con $27 el barril cuando en el mercado internacional pasó los $90, las petroleras dejaron de invertir y la producción de líquidos cayó por debajo del consumo. Las petroleras prefieren producir y exportar gas a Brasil y Argentina, que tiene mejor precio.
Morales ha reconocido ahora que las petroleras necesitan incentivos y ganar para invertir en nuevos campos. ``Ningún socio (petroleras) va invertir a pérdida'', dijo.
La subvención a los carburantes se disparó en su gestión de $108 millones en el 2005 a $660 millones en el 2010, casi un tercio de las exportaciones de gas.
``En tanto no se rectifique la política petrolera, mayores serán los costos económicos y políticos para el gobierno'', dijo el experto en asuntos energéticos Hugo del Granado.
La convulsión de diciembre pasado trajo a la memoria los angustiosos días de la inestabilidad política entre el 2001 y el 2005 cuando el país vio pasar a cuatro presidentes.
``El gasolinazo demostró que la construcción de la gobernabilidad no se hizo. Todos pensamos que Morales garantizaba la gobernabilidad. No es así, el país es rehén de los movimientos sociales'', escribió el ex presidente Carlos Mesa.
Morales cambió a tres ministros en áreas clave: hidrocarburos, productividad y agua, y ratificó a otros 17.
Pero su gabinete sigue teniendo la misma composición que el del 2006 y está lleno de indígenas y de personas afines de raza mixta.
Morales mantuvo al ministro de economía Luis Arce, uno de los pocos tecnócratas verdaderos del gabinete y quien intentó en vano recortar los subsidios. Pero después de cinco años de relativa calma, el gobierno comenzó a experimentar protestas el año pasado, las cuales han ido en aumento ante el deterioro de la economía.
La supervivencia del gobierno ya no parece pasar por un proyecto político que saturó el discurso oficialista durante cinco años, sino por asuntos más concretos, como superar la crisis de los combustibles y la carestía de alimentos.
``La agenda económica debe priorizarse, ya se han hecho los grandes cambios'', dice Octavio Uquizo, de las filas oficialistas. El diputado guaraní Pedro Nuni opina que ``hay resabios del viejo sistema'' y que ``la inclusión de los indígenas'', es todavía ``débil''.
``La mayoría de los analistas serios del sector de hidrocarburos dice que, a este paso, en diez años Bolivia no podrá satisfacer la demanda interna'' de petróleo y gas natural, expresó el profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de la Florida Eduardo Gamarra. ``Este modelo no podía durar''.
Morales nunca creyó en los tecnócratas y era visto como un dogmático. Sin embargo, el aumento en los precios de los combustibles, algo que consideraba propio de los gobiernos neoliberales, mostró que también puede ser pragmático. Resta por verse si ese pragmatismo le permitirá salir de la crisis.
En este despacho colaboró el corresponsal de AP Frank Bajak desde Bogotá.
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