El más cercano entorno del presidente Evo Morales pretende lavarse las manos de su responsabilidad social y política, echando la culpa de las violentas reacciones populares que generó el “gasolinazo” y obligaron al propio Mandatario a revocar la medida a la oposición derechista.
Esta grave situación, que amenazaba con desembocar en hechos como los de octubre de 2003, no se solucionará buscando chivos expiatorios en movimientos políticos, a cuyos líderes se quiere anular para evitar que capitalicen la frustración y el desencanto popular con el Gobierno, ni tildando de traidoras a organizaciones sociales afines al régimen que, al influjo de una medida claramente neoliberal que agudizaría el nivel de extrema pobreza y de pobreza de millones de bolivianos, exigieron la derogatoria del impopular Decreto Supremo 748.
El Gobierno debe entender que fue el pueblo el que salió a las calles porque el aumento del precio de los hidrocarburos, con su inmediata repercusión en los precios de todos los productos de la canasta familiar, castigaba duramente su economía. Sin importarle ideologías políticas, salió para evitar que su ya paupérrimo nivel de vida se agudice con una medida inédita en la historia petrolera del país. Un alza de más del 70 por ciento en la gasolina y más del 80 en el diésel demuestra, además, que hubo una deficiente política hidrocarburífera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
YPFB no fue capaz de lograr que se aumentara la producción de petróleo, que en los últimos cinco años bajó en más de la mitad; ni de negociar los precios de compra de petróleo a operadoras extranjeras en el país, que tienen una utilidad actual de 10,29 dólares por barril y a las que se les pretendía pagar un precio mayor para que lograran una mayor utilidad y así invertir en tareas de producción, ni pudo cumplir la promesa de industrializar el petróleo y el gas, causando enormes perjuicios al país.
La solución del problema debe encararse con una profunda reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía para que sean dirigidos por expertos que manejen amplios conocimientos del sector, que sean eficientes y con capacidad de definir políticas petroleras destinadas a hacer de Bolivia la verdadera potencia energética que se soñó.
Esta transformación también debe acompañarse por una política eficiente contra la actividad del contrabando haciendo que las Fuerzas Armadas sean desplegadas en todas las carreteras que salen a países vecinos y que no pasan del centenar, por donde salen enormes camiones cisterna cargados con combustibles.
El Gobierno debe aprender la lección para no aplicar soluciones económicas poco meditadas y tiene que volcar sus esfuerzos a la producción e industrialización de las abundantes riquezas naturales que tiene nuestro suelo, como el hierro, litio, cobre y hasta uranio.
La culpa de la rebelión la tienen quienes actuaron sin medir las consecuencias de una medida que, por su magnitud, jamás se había visto en el país.
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