"la paradoja es que ese golpe...se ha vuelto contra sí...y acelerando la descomposición que arrastrará a la Justicia y a la Fiscalía...gracias a desaciertos de Soza y de Guerrero..Maggy Talavera

Maggy Talavera autora del texto acompañada de un colega. Analista

Hace cuatro años, un no muy eufórico Evo Morales saludó a la Policía boliviana por “ese gran operativo” realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra y por “acabar con eses mercenarios internacionales” que, según el Presidente, planeaban matarlo a él, al Vicepresidente y al ministro de la Presidencia. Abrazado de un lado por el presidente venezolano Hugo Chávez y, del otro, recibiendo del presidente cubano Raúl Castro palmaditas en la espalda, el Presidente Morales relató con hablar pausado que “los mercenarios” había sido abatidos por la Policía después de “una balacera, un tiroteo de media hora…”

El escenario para el anuncio era el ideal para el Gobierno boliviano: Cumaná, ciudad venezolana sede de una cumbre de la Alternativa Bolivariana para Latinoamérica y de El Caribe (ALBA), a la que acudió la prensa internacional. En otras palabras: el impacto internacional de la versión oficial sobre lo ocurrido el 16 de abril en la capital cruceña estaba garantizado. Mientras eso ocurría en Cumaná, en Bolivia y particularmente en Santa Cruz de la Sierra esa versión oficial no cuajó del todo. Las contradicciones entre la versión oficial y los testimonios recogidos por la prensa local sembraron tantas dudas, como pruebas falsas sembró la Policía en el lugar de los hechos, ayudada por agentes de Inteligencia bolivianos y extranjeros.

Hubo una gran confusión, pero la pregunta central que nunca tuvo una respuesta que convenciera fue: ¿por qué la Policía mató en el operativo a la pieza clave para aclarar en detalle el supuesto magnicidio que estarían planificando los abatidos junto a otros opositores, identificados por el Gobierno como de “extrema derecha fascista” afincada en Santa Cruz? La duda fue mayor cuando, iniciadas las investigaciones sobre el hecho, las evidencias confirmaron que no hubo “balacera” ni “tiroteo de media hora” en el hotel y que el boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer fueron ejecutados a mansalva. Quedó claro un mensaje, para los muertos y los que los sobrevivieron: “callen para siempre”.

Solo que “siempre” parece ser un tiempo demasiado largo para contener a la verdad y burlar a la realidad, dos rebeldes que bien podrían ser tildadas de “terroristas” por el Poder, ya que se empecinan en ir contra el discurso oficial. Y ese “siempre” no duró ni dos años. A las contradicciones evidenciadas ya en abril de 2009 entre lo que narró el Gobierno y lo que las evidencias mostraban, se sumaron los excesos cometidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial, ambos sometidos al relato oficial de los hechos. Forzaron situaciones, violaron su propio ordenamiento legal, desconocieron normas y acuerdos internacionales, en el afán de sostener el discurso oficial que cambió de etiquetas, pero no de objetivo: aniquilar a esa molestosa oposición que había logrado aglutinar en un frente a las fuerzas contrarias al MAS en seis de nueve departamentos. 

Era evidente que al Gobierno no le había bastado el escarmiento que quiso darles a sus opositores en septiembre de 2008, con el derrocamiento y detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, preso hasta hoy, pese a no tener sentencia ejecutoriada en su contra. Necesitaba urdir otro golpe más certero y lo encontró en el caso Rozsa, a cuyo éxito momentáneo contribuyeron no pocos integrantes de la elite empresarial y cívica cruceña que, también por las evidencias levantadas hasta el momento, cayeron en el cuento de la ‘autodefensa’ a manos de un equipo comandado por Rozsa. Una caída que se complicó por la estampida provocada al interior de esa elite a instancias de abogados defensores que –siempre de acuerdo a evidencias hechas públicas- respondían más a las coordenadas del Gobierno que a los intereses de sus defendidos.

La paradoja hoy es que ese golpe certero del Gobierno contra su principal oposición se ha vuelto contra sí, alimentando la crisis interna que enfrenta en el Ejecutivo y en su fuerza política, el MAS, y acelerando un proceso de descomposición que arrastrará, de manera inevitable, a la Justicia y a la Fiscalía. La primera está tratando de salvar el pellejo con algunas disposiciones que pretenden devolver el proceso judicial a su cauce normal, como lo demuestra el fallo reciente del Tribunal Constitucional a favor de la acción de libertad planteada por el general Gary Prado, uno de los acusados en el caso Rozsa, y que además devuelve el proceso “al juez natural” en Santa Cruz.  Y la segunda se hunde cada vez más, gracias a los desaciertos del fiscal Soza y del propio Fiscal General que también parece estar convencido de que si “se cae el caso (Rozsa), se cae Evo” (http://www.youtube.com/watch?v=e9tPUCH1W_Q).