la masacre evista del hotel Américas
cuatro años después

Desplomado antes del juicio oral por varios flancos. Así cumple este 16 de abril, cuatro años el proceso por terrorismo y separatismo iniciado por el gobierno de Evo Morales contra 39 personas, en su mayoría de Santa Cruz y opositoras a su régimen de gobierno, tras el atentado al cardenal Julio Terrazas y el asalto al hotel Las Américas donde murió el supuesto jefe subversivo, Eduardo Rózsa y dos de sus acompañantes.

Llega después de haberse ventilado en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, por eso se lo llamó itinerante y con una nueva suspensión hasta el 22 de abril con un final incierto porque el Tribunal Constitucional en un último fallo ha observado la actuación de los dos jueces técnicos, que además tienen un juicio penal por violación a derechos humanos, Sixto Fernández y Elena Gemio, y anulado la actuación de los dos jueces ciudadanos Anastasia Calizaya y Sonia Mamani porque juraron después de un fallo que declaró la rebeldía del general Gary Prado Salmón, a pesar de su discapacidad y que fue el objeto de la demanda planteada y aceptada.

Y también deja abierta la posibilidad que el caso pueda desdoblarse si Prado demuestra que no puede trasladarse a otro lugar, según dice su hijo Gary Prado, su defensor en el juicio.

La red de extorsión los enredó. A esa estocada constitucional que ha tenido el caso, se suman otras en cadena que han terminado debilitando a quienes sostenían la acusación de terrorismo y separatismo.

Ha sido por ejemplo la detención en Tarija, en la misma audiencia, de uno de los denunciantes, el abogado del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, involucrado en una presunta red de extorsión en la que cayó también su compañero Boris Villegas. Ahora ambos están detenidos en la cárcel de Palmasola acusados de pretender extorsionar con 50 mil dólares al judío norteamericano Jacob Ostreicher para concederle la libertad en un proceso por legitimación de ganancias ilícitas y en la que han despilfarrado sus bienes incautados. Fue a fines del 2012.

Fiscales que desaparecen, renuncias y maleficio. En octubre del año pasado se conoció también la desaparición de uno de los fiscales que llevaba el llamado "Terrorismo II", Harry Suaznábar y poco después el caso ocupó las primeras páginas de los diarios tras conocerse que el director funcional de las investigaciones, el fiscal Marcelo Soza, había renunciado y no se sabía de su paradero, el 19 de marzo pasado.

Después de 10 días y cuando existían una serie de conjeturas sobre el lugar donde estaba y hasta el riesgo que apareciera muerto, Soza dio la cara, presentó un informe del caso y el fiscal general Ramiro Guerrero le concedió 60 días de vacaciones.

Al alejamiento de Soza del caso se le sumó también la renuncia de la abogada Paola Barriga, representante del Ministerio de Gobierno y como si se tratara de un maleficio, Jorge Clavijo, uno de los agentes policiales de la unidad de élite Utarc, que estuvo en el asalto del hotel Las Américas, apareció muerto en La Paz, tras ser acusado del asesinato de su esposa, la periodista de PAT, Hanalí Huaycho.

Fotos comprometedoras. A esas bajas del juicio, se acoplan unas fotos reveladoras que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en las que aparece el fiscal Marcelo Soza con Denis Rodas, involucrado en la presunta red de extorsión y uno de los fiscales que quedan aún sustentando el caso, Sergio Céspedes, en la celebración del cumpleaños del fiscal Marcelo Soza. También presentó otras en las que aparece Eusebio Gironda, asesor del presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno con Cory Balcázar, esposa del fiscal Roberto Achá, detenido por el caso de supuesta extorsión.

Audios atribuidos a Soza y montaje. Pero los que dieron un giro de 360 grados al caso fueron los audios presentados por la legisladora Gonzales atribuidos al fiscal Marcelo Soza y ratificados como auténticos por dos expertos en grabación en Brasil y España, en los que este revela que el caso terrorismo fue montado por el Ejecutivo para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz y en el que también dice que en el hotel Las Américas hubo una ejecución extrajudicial en contra de Rózsa y sus compañeros.

Evo no habla. Y lo último ha sido que el mismo presidente Evo Morales que denunciara ante el presidente venezolano Hugo Chávez al supuesto movimiento terrorista y separatista que lo quería matar evitó referirse al juicio y señaló que "ese es un asunto del Ministerio Público'.

Cambios
Quedan 38 imputados en el proceso

Afuera del caso. Un informe forense declaró con Alzheimer al general Lucio Áñez Ribera y por eso fue declarado interdicto y sacado del proceso. Esa es una enfermedad que se manifiesta con la pérdida de memoria, por eso quedan 38 imputados.

Los detenidos. En San Pedro de La Paz: Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes, Gelafio Santistevan, Hugo Paz y Juan Kudelka. Ignacio Villa Vargas está en la cárcel El Abra de Cochabamba y Zoilo Salces en Mocoví del Beni. En Montevideo, Uruguay, guarda detención Alberto Melgar.

El juicio. Se ventila contra 21 procesados en total, los 10 detenidos y Mario Antonio Herrera, Ronald Castedo. Gary Prado Salmón, Marco Monasterio, Juan Carlos Velarde, Roberto Justiniano Áñez, Hugo Melquiades Vásquez, Juan Carlos Santistevan López, Carlos Eduardo Pereira Flores, Juan Adalberto Tórrez, Alberto Melgar Villarroel que tienen arresto domiciliario o libertad provisional mientras se sustancia el proceso.

Salud. Varios de los implicados en el proceso han tenido problemas de salud, incluyendo al testigo clave, Ignacio Villa Vargas, alias "El Viejo".

Por eso, varios de ellos no han podido trasladarse a La Paz u otra ciudad en altura, pues padecen de problemas cardiacos.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó que al general Gary Prado Salmón, que sufre un impedimento físico desde hace varios años, no se le obligue a trasladarse para someterse al juicio.

Punto de vista

Ciro Áñez Núñez
Abogado experto en Proceso Penal

"Se extraña un debido proceso en este caso'

En la revisión técnica del caso Rózsa hemos visto algunas fallas al debido proceso que se traduce en las siguientes observaciones:

1.- El derecho al juez natural, previsto en los artículos 120 – I, 180-III y 181 de la Constitución y artículos 44, 46 y 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el entendido que la norma establece que el juez competente será el del lugar de la supuesta comisión del delito, donde se descubran las pruebas materiales del hecho, o el juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido. Es decir, existe la prohibición constitucional a la existencia de tribunales de excepción o ad hoc. En otras palabras, no se debería juzgar con jueces distintos del lugar del hecho, salvo que sea resultado de varias recusaciones y se tenga de acudir a otro Tribunal Judicial Departamental; situación que según se tiene entendido no ocurrió.

2.- Derecho a un proceso si dilaciones indebidas, previsto en el art. 115 de la Constitución y los arts. 134 y 133 del CPP, sumado a la jurisprudencia constitucional además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son vinculantes para Bolivia, de acuerdo con los arts. 410 y 256 de la Constitución.

3.- Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes y debiendo estos ser obtenidos cumpliendo las formalidades legales, previsto en el art. 119-I de la Constitución y arts. 167 y 169 del CPP.

4.- La presunción de inocencia previsto en el artículo 116 de la Constitución y arts. 296 CPP.

5.- La eficacia de tener una garantía de que nazca de la Constitución, previsto en el art. 109 de la CPE, que se ejerce por el solo hecho de estar en la Constitución y no necesita una ley de desarrollo; es decir, deberían ser eficazmente protegidos por las autoridades mediante los medios de defensa constitucionales, como ser la Acción de Libertad, Amparo Constitucional.

Está plagado de irregularidades...

Denuncia. La querella criminal por terrorismo y alzamiento armado tiene la fecha de 30 de marzo del 2009 sin embargo esta fue presentada el 14 de abril, un día antes del atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas en el barrio La Santa Cruz.

Atentado al Cardenal. En ese caso no hay víctimas pues el cardenal Julio Terrazas desistió el inicio de cualquier acción penal por el explosivo que colocaron en su puerta. El Ministerio de Gobierno ha dicho que por el separatismo son víctimas.

Asalto al Hotel. Los agentes de una unidad de élite de la Policía (Utarc) ingresaron sin autorización fiscal y sintomáticamente el hotel denunció que les cortaron las cintas de video de esa noche. También ingresaron a la Feria Exposición sin fiscal.

¿Fuego cruzado?. La versión oficial señaló que hubo fuego cruzado y por eso dieron muerte al presunto cabecilla del grupo subversivo, Eduardo Rózsa, y dos acompañantes. Pero otros informes periciales dijeron que les dispararon a matar.

Infiltrados. En la supuesta célula terrorista estaban infiltrados el jefe de la Utarc, capitán Wálter Andrade; el funcionario del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, según fotografías y videos que ha corroborado el "testigo clave", Ignacio Villa.

Sembrado de pruebas. El abogado defensor, Otto Ritter, se preguntó ayer por qué el fiscal Marcelo Soza permitió que la policía Marilín Vargas colocara armas a Rózsa y por qué no averiguó quién era el "camarada" Linera.

Videos y audios. Un video-soborno en el que aparece Ignacio Villa recibiendo $us 31.500 como pago del Gobierno para que implicara a líderes cruceños y también otros tres audios han sido presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales.

Juez natural. El caso se sustanció en La Paz, siendo que los presuntos hechos ocurrieron en Santa Cruz. Por esa razón el juez Luis Tapia fue perseguido y tuvo que buscar refugio en el Brasil, donde se encuentra ahora.