Transcurrieron ya 41 años y quedó inscrito en la historia como uno de los hechos más importantes de la historia boliviana contemporánea. El jueves 19 de agosto de 1971, en Santa Cruz de la Sierra, estallaba el golpe de Estado que, bajo la conducción de Hugo Banzer Suárez, derrocaría al Gobierno, también de facto, pero con contenido popular, del general Juan José Torres.
Los enemigos irreconciliables de apenas siete años antes se unían. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuyo jefe era Víctor Paz Estenssoro, y la Falange Socialista Boliviana, dirigida por Mario Gutiérrez Gutiérrez, se sumaron al sector más conservador de las Fuerzas Armadas para perpetrar un golpe que llevaría a la Presidencia de la República a Banzer, quien, a sangre y fuego, se mantuvo como inquilino del Palacio Quemado hasta el 21 de julio de 1978.
Se abrió una época de artificial bonanza que permitió construir algunas obras importantes de infraestructura, como el estadio Hernando Siles o la autopista La Paz-El Alto, sólo para citar dos casos en La Paz, pero se dio paso a una etapa de corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.
Según datos de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, aquel régimen dejó más de 70 desaparecidos, 14.537 personas aprehendidas sin orden judicial, interrogadas, algunas torturadas y otras asesinadas.
Banzer se enfrentó con lo que llamó el “peligro comunista”, encarnado por la Asamblea del Pueblo, un órgano deliberante que, en su momento, fue catalogado como el primer sóviet en Bolivia y América Latina, pues fue compuesta por representantes de sindicatos y partidos que se reclamaban del campo popular.
Banzer puso fin a la etapa caótica en el país que sobrevino a la muerte de otro dictador: René Barrientos Ortuño, cuyo helicóptero se estrelló cerca de Arque, el 27 de abril de 1969. La convulsión social y política alcanzó puntos inverosímiles cuando un grupo armado de jóvenes izquierdistas tomó por asalto el principal motel de La Paz o hubo asesinatos de dirigentes sociales y sindicales.
Sin embargo, el costo que pagaron la democracia y el país fue muy alto. En agosto de 1971 se abrió una etapa muy triste del devenir nacional. La factura, que se pagó en sangre, torturas, persecuciones, negociados y dolo, se saldaría en los años siguientes con la hiperinflación, que alcanzó al 21.000 por ciento, y el consiguiente ajuste estructural, que dejó a miles de bolivianos sin empleo y con la necesidad de ganarse la vida como sea.
A lo largo de su desarrollo, la humanidad no descubrió un mejor sistema de organización social, política y económica que el democrático. Los paraísos anunciados por los salvadores de la patria nunca llevaron a mejores condiciones de vida, salvo por periodos generalmente breves, pues inexorablemente devienen los tiempos en los que la economía fundamentalmente exige correctivos que son muy dolorosos, en especial para quienes no disfrutaron de las mieles del poder.
El de Banzer no fue el último golpe de la historia. Juan Pereda Asbún, David Padilla Arancibia y Luis García Meza se anotaron a continuación como autócratas, aunque el segundo haya pasado a la historia como uno de los militares institucionalistas, que luchó por devolver la vida nacional a los cauces de la legalidad y la democracia.
Los enemigos irreconciliables de apenas siete años antes se unían. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuyo jefe era Víctor Paz Estenssoro, y la Falange Socialista Boliviana, dirigida por Mario Gutiérrez Gutiérrez, se sumaron al sector más conservador de las Fuerzas Armadas para perpetrar un golpe que llevaría a la Presidencia de la República a Banzer, quien, a sangre y fuego, se mantuvo como inquilino del Palacio Quemado hasta el 21 de julio de 1978.
Se abrió una época de artificial bonanza que permitió construir algunas obras importantes de infraestructura, como el estadio Hernando Siles o la autopista La Paz-El Alto, sólo para citar dos casos en La Paz, pero se dio paso a una etapa de corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.
Según datos de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, aquel régimen dejó más de 70 desaparecidos, 14.537 personas aprehendidas sin orden judicial, interrogadas, algunas torturadas y otras asesinadas.
Banzer se enfrentó con lo que llamó el “peligro comunista”, encarnado por la Asamblea del Pueblo, un órgano deliberante que, en su momento, fue catalogado como el primer sóviet en Bolivia y América Latina, pues fue compuesta por representantes de sindicatos y partidos que se reclamaban del campo popular.
Banzer puso fin a la etapa caótica en el país que sobrevino a la muerte de otro dictador: René Barrientos Ortuño, cuyo helicóptero se estrelló cerca de Arque, el 27 de abril de 1969. La convulsión social y política alcanzó puntos inverosímiles cuando un grupo armado de jóvenes izquierdistas tomó por asalto el principal motel de La Paz o hubo asesinatos de dirigentes sociales y sindicales.
Sin embargo, el costo que pagaron la democracia y el país fue muy alto. En agosto de 1971 se abrió una etapa muy triste del devenir nacional. La factura, que se pagó en sangre, torturas, persecuciones, negociados y dolo, se saldaría en los años siguientes con la hiperinflación, que alcanzó al 21.000 por ciento, y el consiguiente ajuste estructural, que dejó a miles de bolivianos sin empleo y con la necesidad de ganarse la vida como sea.
A lo largo de su desarrollo, la humanidad no descubrió un mejor sistema de organización social, política y económica que el democrático. Los paraísos anunciados por los salvadores de la patria nunca llevaron a mejores condiciones de vida, salvo por periodos generalmente breves, pues inexorablemente devienen los tiempos en los que la economía fundamentalmente exige correctivos que son muy dolorosos, en especial para quienes no disfrutaron de las mieles del poder.
El de Banzer no fue el último golpe de la historia. Juan Pereda Asbún, David Padilla Arancibia y Luis García Meza se anotaron a continuación como autócratas, aunque el segundo haya pasado a la historia como uno de los militares institucionalistas, que luchó por devolver la vida nacional a los cauces de la legalidad y la democracia.
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