Una vez más, como todos los años, la conmemoración del golpe del 17 de julio de 1980 ha dado lugar a nuevas batallas entre la memoria y la impunidad
Con dos diferentes clases de actos se han conmemorado, el pasado 17 de julio, los 32 años del golpe de Estado perpetrado por quienes en aquel entonces comandaban las Fuerzas Armadas, y el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Por una parte, en las principales ciudades, activistas de derechos humanos, familiares y amigos de desaparecidos y víctimas de las dictaduras militares se reunieron para rendir homenaje a sus seres queridos y dar testimonio de su decisión de perseverar en su lucha por evitar que el olvido y la impunidad se impongan en detrimento de la memoria histórica. Exigieron por eso una vez más, como lo vienen haciendo año tras año, que el Gobierno cumpla su compromiso de ordenar la desclasificación de los archivos del Departamento II de las FFAA, correspondientes al periodo comprendido entre junio de 1979 y agosto de 1981.
La segunda serie de actos estuvo encabezada por los principales gobernantes, quienes en diferentes escenarios y ante distinto público coincidieron, como también lo vienen haciendo año tras año, en minimizar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en ese período, atribuyéndosela a políticos –entre los que llegaron a incluir a su principal exaliado y actual líder opositor– y a la Embajada de Estados Unidos. Pero, lo más significativo es que volvieron a minimizar, a ridiculizar incluso, los reclamos por la tenacidad con que los altos mandos militares, con el explícito apoyo del Gobierno, se niegan a levantar el secreto que protege a los “archivos de la dictadura”.
Que una vez más se haya reproducido tal controversia es algo que por lo reiterativo es escandaloso. Es algo que además de llamar la atención por lo mucho que representa, ratifica las peores sospechas sobre lo poderosos que aún son, 32 años después, los intereses que se oponen al esclarecimiento de la verdad.
Cabe recordar que además de su enorme connotación política, el asunto tiene un muy fuerte componente estrictamente judicial, pues quienes todavía se niegan a quitar la condición de secreto de Estado a los mencionados archivos, además de incurrir en una flagrante falta de respeto a la memoria histórica, contravienen tres órdenes emitidas con carácter perentorio por la Corte Suprema de Justicia en años anteriores, mediante las que se ordenaba a los sucesivos comandantes en Jefe de las FFAA que procedieran a la desclasificación de los documentos. En las tres oportunidades tal disposición judicial fue flagrantemente desobedecida y las autoridades judiciales y militares que intentaron hacerla cumplir fueron relevadas de sus cargos.
Dados los antecedentes del caso, no es serio que algunas autoridades gubernamentales insistan en su afán de minimizar el asunto y, peor aún, que intenten deformar la historia hasta el extremo de adecuarla a la medida de sus más estrechos intereses inmediatos.
Sin embargo, como se puede constatar año tras año, aunque no se puedan abrir las vías institucionales para hacer justicia, la memoria colectiva se encarga de asegurar que ni los autores de los crímenes ni sus encubridores lograrán eludir el veredicto de la historia.
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