Una extraña sensación rodea el Palacio de Gobierno, la de que una sombra ominosa de desazón se está apoderando de los gobernantes, un velo que nubla su capacidad de decisión incluso para defender sus propios intereses en la administración del poder.
En general el presidente Morales ha actuado impulsado por su instinto político, sobre una lógica de avanzar siempre, no retroceder nunca y golpear primero. La receta con alguna dramática excepción (el gasolinazo de 2010, por ejemplo) le ha funcionado y en algún caso lo ha salvado de una derrota dramática (crisis política de septiembre-octubre de 2008).
No es una forma de hacer política que comparta, aunque es menester reconocer que funcionó como fórmula para permanecer y reproducir el poder, con el grave riesgo de que la distancia entre los objetivos esenciales que lo llevaron a la presidencia y las razones pragmáticas y éticamente cuestionables que se aplican para seguir gobernando, se comienzan a parecer a un abismo.
El tema del Tipnis ha quebrado de modo quizás irreversible el vínculo imprescindible del Mandatario indígena con los indígenas de los llanos, confirmando lo que todos presumían, que este proyecto político está apoyado en la hegemonía andina-aymara. Cualquier cosa que haga en adelante será una victoria táctica, ganará una o más batallas, pero no conseguirá una victoria total en el camino de consolidar un escenario indígena sin discriminación, dueño de sus decisiones, sobre la base de la igualdad y el respeto a formas distintas y por supuesto legítimas de concebir el “vivir bien”.
El descontrol creciente en la región altiplánica, vinculado a la cuestión minera, está forzando al Gobierno a doblegarse ante las demandas de quienes violan sistemáticamente la ley, en una incierta espiral de confiscaciones de empresas privadas que no formaban parte de su plan inicial, y que están rompiendo el poco orden existente en la estrategia productiva del país.
La dramática frustración de Jindal, empresa traída por el actual Gobierno, que en casi cinco años no avanzó nada en la construcción de un complejo industrial metalúrgico, termina en una ruptura coronada por un allanamiento con fuerzas policiales de las oficinas que la corporación tiene en Puerto Suárez.
El asedio a la Gobernación de Santa Cruz para cerrar el circuito inaceptable de “suspensión” de gobernadores y alcaldes de la oposición por simple acusación de un fiscal de materia, va en rotunda contradicción con el esfuerzo oficial de mostrar al país y al mundo que vivimos en el marco de una democracia plena y un Estado de Derecho cada vez más frágil.
El asilo concedido por el Brasil al senador Roger Pinto ha derivado en un incidente diplomático que ha pasado a mayores. Bolivia ha anunciado su decisión de no otorgar un salvoconducto al asilado, y ha descalificado al Embajador brasileño. El país desconoce así la firma del Tratado de 1939, pero sobre todo la extraordinaria tradición latinoamericana del asilo político que tantas vidas ha salvado de la violencia política. Si en el pasado se hubiera aplicado el patrón de conducta del Ejecutivo, miles de asilados políticos bolivianos en tiempos de dictadura debieron ser entregados por las embajadas en las que se refugiaron, pues igual que ahora los gobiernos militares consideraban a los asilados, a veces como delincuentes comunes y a veces como “delincuentes subversivos”. La calificación de la pertinencia o no del asilo es potestad del gobierno que recibe al refugiado. Otorgar el salvoconducto no quiere decir que Bolivia esté de acuerdo con esa decisión, ni que retira los cargos de corrupción contra el senador, quiere decir simplemente que cumple sus compromisos internacionales y, sobre todo, que entiende que lo que hoy le ocurre a alguien de la oposición, mañana puede salvar de la persecución a quien ocupa cargos en este Gobierno que un día concluirá.
Esta acumulación de problemas revela que las reacciones que en el pasado tenían su propia lógica interna, están dando lugar a acciones desmesuradas que parecen respuestas desesperadas antes que decisiones que ayuden al Gobierno a salir del propio laberinto que se está creando.
Fractura en el corazón del mundo indígena. Acoso permanente a las cabezas de la oposición democrática. Señales inequívocas de grave inseguridad jurídica en un momento crucial de necesidad de inversiones externas (piénsese en el propio Mutún y en Uyuni). Imposibilidad de arrancar la industrialización. Tensión cada día más grave en nuestras relaciones con el país más importante del mundo para Bolivia, Brasil. Frecuentes vulneraciones desde el propio Gobierno a la actual Constitución. Hechos que muestran un polvorín en ciernes que podría desactivarse usando equilibrio, racionalidad y especialmente revisando lo que las autoridades entienden por defender los intereses del Gobierno que —salvo que hayamos perdido totalmente la brújula de la política— deben imperativamente coincidir con los intereses de todo el país.
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