Con la cabeza agachada y sin pronunciar palabras, dos exministros y cinco exmiembros del Alto Mando Militar durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, escucharon la sentencia que los condena de entre tres y 15 años de prisión por los delitos de genocidio y masacre sangrienta, por los hechos ocurridos en octubre de 2003 en el que murieron más de 60 personas y que concluyeron con la renuncia del entonces jefe de Estado.
El fallo, de carácter inapelable, se dictó después de cinco días de deliberaciones entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En ese tiempo se analizaron los requerimientos del Ministerio Público y la parte acusadora que solicitaban 25 años de prisión para los acusados.
A las 13:20 el presidente del Tribunal de Juicio, Ángel Irusta, leyó el fallo que condenaba a tres años de cárcel a los exministros del Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa y al del Trabajo Adalberto Kuajara. Son acusados de complicidad de genocidio y masacre sangrienta.
Reyes Villa y Kuajara, que pasaron la noche en el penal de San Roque de Sucre identificados con los números 262 y 263, respectivamente, pueden acceder a su libertad en cumplimiento a lo que establece el procedimiento penal.
Otra suerte corrieron los militares. Por unanimidad el Tribunal sentenció al excomandante en Jefe de las FFAA general Roberto Claros, y al excomandante del Ejército Juan Veliz, a 15 años y seis meses de cárcel como autores mediatos de los delitos de genocidio y masacre sangrienta.
La condena para Claros comenzó a computarse desde ayer, 30 de agosto de 2011. En cambio, la de Véliz se computa desde el 2 de marzo de este año, cuando lo detuvieron de forma preventiva en San Roque. Para el excomandante de la Fuerza Aérea, general José Quiroga, y el excomandante de la Naval, Luis Aranda, el Tribunal dispuso 11 de años de cárcel. El exjefe del Estado Mayor y comandante en jefe de las FFAA, Gonzalo Rocabado, que ocupó el cargo por cinco días, recibió una condena de 10 años.
Entre las víctimas hubo rostros de alegría y fuera del edificio, celebraron la sentencia con petardos y canciones. Antes de que se dictara el fallo, los acusados ingresaron solos o con sus familias a la capilla de la Corte Suprema de Justicia, para rezar.
Los sentenciados
Dr. Erick Reyes Villa B.Exministro de Desarrollo Sostenible. Autor mediático en grado de complicidad en genocidio bajo modalidad de masacre sangrienta. Sentenciado a tres años de prisión.
Dr. Aldalberto KuajaraExministro del Trabajo. Acusado de autor mediático en grado de complicidad en genocidio bajo modalidad de masacre sangrienta. Condenado a tres años de cárcel.
Gral. Roberto Claros F.Fue comandante en jefe de las FFAA. Acusado de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Sentenciado a 15 años y seis meses de cárcel de San Roque.
Gral. Juan Véliz HerreraExcomandante del Ejército. Acusado de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Condenado a 15 años y seis meses de prisión en la cárcel de San Roque.
Gral. José Quiroga M.Fue comandante de la Fuerza Aérea. Acusado de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta. Tendrá que pagar 11 años de cárcel en el penal de San Roque.
Almte. Luis Aranda G.Excomandante de la Armada boliviana. Acusado de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta. Condenado a 11 años de prisión en el penal de San Roque.
Gral. Gonzalo RocabadoFue jefe del Estado Mayor. Acusado de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta. Condenado a 10 años de prisión en el penal de San Roque.
Cifras 67
Muertos Es la cifra que se maneja después de la revuelta política y social de octubre de 2003, denominado ‘octubre negro’
500
HeridosEs una cantidad estimada, ya que nunca se supo el número exacto
Goni debió estar entre los sentenciadosReymi Ferreira | Rector de la UagrmEs difícil olvidar que en los hechos de octubre de 2003 hubo más de 60 muertos y más de 500 heridos, por lo tanto se tenía que establecer responsabilidades por estos hechos luctuosos. En este caso, hemos visto que se aplican las normas, siguiendo los procedimientos legales.
Existe un antecedente, que fue el juicio de responsabilidad que se aplicó al general Luis García Meza, en el que hubo muertes y desaparecidos en un Gobierno de facto.
Lo que me parece injusto en la sentencia de ayer es que no esté presente el cabecilla. Gonzalo Sánchez de Lozada debió estar en el banquillo de los acusados. Lamentablemente no se nota un acción más decidida de la justicia por traer al principal responsable que se encuentra refugiado en Estados Unidos, así como el exministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín, los que deben asumir la responsabilidad.
Esto es una llamada de atención a los gobernantes y a las Fuerzas Armadas porque nadie puede matar a los ciudadanos. Es aleccionador porque murió gente inocente. A partir de ahora las Fuerzas Armadas tienen que pensarlo dos veces para disparar contra los ciudadanos.
Para defensa, la sentencia ‘criminaliza’ rol de las FFAAEl abogado del excomandante del Ejército Juan Véliz Herrera afirmó ayer que la sentencia condenatoria por delitos de genocidio y masacre sangrienta pronunciada contra dos exministros y cinco exmiembros del Alto Mando Militar del año 2003 "criminaliza el papel constitucional de las Fuerzas Armadas de defender el orden público".
Germán Quiroz, dijo al término de la lectura del fallo, que "salir a restablecer el orden público de acuerdo a esta sentencia es criminal", y que el fallo del tribunal sienta un "precedente funesto" para el país y sus instituciones.
"Hay bloqueos agresiones, dinamitas, bombas molotov, daño a la propiedad pública y privada, las FFAA tienen que salir y hoy se las ha sentenciado por su mandato constitucional de restablecer el orden público", afirmó Quiroz, que no descartó acudir a tribunales internacionales para representar el contenido del fallo.
"¿Dónde están los dirigentes que convocaban a la radicalidad, a enfrentarse a las Fuerzas Armadas? No están aquí; las estructuras de movilización y acción política de septiembre y octubre de 2003 no están aquí. Es más, no está la Policía nacional. Se está escribiendo la historia de septiembre y octubre de 2003 sobre la espalda de las FFAA", aseguró Quiroz.
"Mi cliente está decidido a acudir a instancias internacionales porque no solamente es el daño al general Juan Véliz Herrera, es al soldado profesional, a la institución armada y eso tiene que reivindicarse en algún momento", enfatizó. "El autor mediato ha venido por presunción porque hay que cumplir con la agenda de octubre y eso no es justicia, hoy las FFAA han sido criminalizadas", concluyó. /El Deber/Agencias
Antecedentes
Violencia. Entre finales de septiembre y mediados de octubre de 2003 se vivió una revuelta popular en el país. Los hechos concluyeron el 17 de octubre con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que se oponía a la realización de un referendum por el gas. Durante la revuelta murieron más de 60 personas.
Proceso. El 14 de octubre de 2004 el Congreso Nacional autorizó el juicio por dos tercios de votos de sus miembros. El juicio se instaló el 18 de mayo de 2009.
Juicio. Sólo siete de los 17 acusados por la masacre asistieron al proceso. Es decir, cinco del Alto Mando Militar de entonces y dos exministros de Estado.
Refugio. El principal acusado, Gonzalo Sánchez de Lozada, se encuentra en Estados Unidos.
Amistia
El Decreto Supremo 27234 del 31 de octubre de 2003 establece la amnistía temporal para los delitos comprendidos en la Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
La amnistía decretada alcanza únicamente a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado en el periodo de tiempo comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre de 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno
El decreto fue firmado por el presidente Carlos D. Mesa Gisbert y todos los miembros de su gabinete ministerial.
Reacciones
Naciones UnidasSe clarifican los hechos El alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot, afirmó ayer que la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia por la denominada masacre de octubre es para el pueblo y muy importante para la lucha contra la impunidad. Según él, con esto se clarifica que los hechos fueron muy trágicos para cientos de familias bolivianas.
Opositor
Cuestionan a la Fiscalía La investigación realizada por el Ministerio Público que concluyó con la sentencia con siete exmiembros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue cuestionada por el diputado opositor Adrián Oliva. Dijo que cuando se trata de opositores los procesos se aceleran, mientras que no sucede lo mismo cuando se trata de procesos en contra de autoridades de Gobierno.
Defensoria del pueblo
Se sienta un precedente La representante en Chuquisaca del Defensor del Pueblo, Juana Maturano, dijo que comparte el sentimiento de alegría y justicia social por la sentencia del Tribunal, que “sienta un precedente histórico para que nunca más se repitan estos hechos, cuyas muertes y heridos dejaron graves secuelas que deben ser resarcidas” en ejecución de sentencia.
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