El esquema piramidal al que nos ha conducido la actual administración gubernamental está penetrando en el subconsciente de los bolivianos. Todo parece nacer y morir en la voluntad de una persona. La carretera en el parque Isiboro-Sécure es el ejemplo más patente de esta lógica enfermiza.
El Gobierno decide construir un camino que pasa por el centro de un Parque Nacional. Cuando la decisión se hace pública y comienzan las objeciones, protestas y oposición a su construcción, el Presidente sale a la palestra y dice que la carretera se construirá “sí o sí” y ratifica el trazo que corta en dos un área protegida.
Inmediatamente empieza el debate que llega a su punto álgido con la marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas, progresivamente apoyados por otros núcleos indígenas de los Andes y por gran parte de la sociedad.
La marcha comienza y se espera el diálogo. ¿Con quién? Con el Presidente. Este dice que “no tiene tiempo” y envía a sus ministros para iniciarlo. Los marchistas no quieren saber de ministros, sólo quieren hablar con el Presidente. ¿Por qué? Porque saben que en Bolivia no se mueve una hoja sin conocimiento y orden del Presidente.
Es una patología colectiva alimentada por los hechos. Las cosas han llegado a un punto tal, que todos sabemos que cualquier esfuerzo por hacer algo al margen del Primer Mandatario es perder el tiempo. Y así nos va.
Con tal despropósito, acabamos aceptando que el Presidente es la ley. El Presidente de la Asamblea debería hacerle llegar un ejemplar de la Constitución que promulgó. Que se sepa, todos los ciudadanos bolivianos, nos guste o no, tenemos obligación de cumplirla. Que se sepa, el Presidente de Bolivia es un ciudadano y de acuerdo al artículo 3 de ese texto es un indígena originario campesino, hecho relevante porque es a los indígenas a los que más afecta su decisión.
Debería recomendarle la lectura de los siguientes artículos de la CPE que sí son la Ley y que todos, empezando por él mismo, debemos cumplir: “Art. 30.- 15. A ser consultados (las naciones y pueblos indígena originario campesinos) mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Art. 30.- 17. A la gestión territorial indígena autónoma. Art. 34.- Cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente. Art. 343.- La población (toda, no sólo la indígena) tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente. Art. 345.- Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativa con control social. 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. Art. 346.- El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Art. 347.- El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente...Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.
No se necesita ser un lince para darse cuenta de que Presidente y Gobierno, si insisten en su testarudo proyecto, violarán todos los artículos citados. La Ley no es negociable, no es adaptable a las buenas o malas intenciones del gobernante de turno, no responde a la circunstancia y a lo que alguien interprete como bueno si la vulnera expresamente.
Pero en este caso, además, la Ley sustenta los principios retóricos de la defensa de la Madre Tierra que el Gobierno hizo suyos con bombos y platillos en los discursos y foros internacionales y que ahora pretende vulnerar basado en un solo criterio, la imposición.
Para los apologistas de este proceso los aciertos del Gobierno son mérito exclusivo del Presidente, los errores son siempre culpa de los “malos” colaboradores que tiene. Colaboradores que escogió él, que él puede mantener o remover del cargo cuando lo aprecie conveniente.
Una sociedad sujeta al arbitrio de un hombre no es una sociedad madura ni democrática, ni puede preciarse de estar viviendo un camino de transformaciones. La carretera del Tipnis desvela una vez más el terrible daño que causa depender de una sola voz, una sola orden, una visión unipersonal de lo que se debe y no se debe hacer.
Sería tiempo de que alguien en el Gobierno, olvidando la obsecuencia, le recuerde al Presidente Morales que es un ser humano falible y mortal y que como tal, todo lo que hace tuvo un principio y tendrá un final. ¿Es tan difícil compatibilizar una buena carretera sin vulnerar el Parque?
El autor es ex Presidente de Bolivia.
El autor es ex Presidente de Bolivia.
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