Veintiséis años después de haber sido promulgado, el DS 21060 seguía siendo un hueso duro de roer, a juzgar por los esfuerzos que hace el Gobierno del presidente Evo Morales por sacárselo de encima.
Los festejos del 1 de mayo, reducidos a una ceremonia en el único centro minero plenamente estatal, se limitaron a la creación de una comisión gubernamental que deberá estudiar la forma de distinguir y luego eliminar las herencias del decreto firmado por el último gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro.
En 1985, el Gobierno de entonces demoró 26 días en elaborar el documento que habría de marcar la economía del país hasta ahora, quizás hasta cuándo más.
El actual Gobierno, que lleva en el cargo cinco años, parece empeñado en la lucha contra un fantasma cuando anuncia que eliminará todos los vestigios del 21060, pero no atina a hacerlo.
El principal concepto del tozudo decreto es que el mercado fija los precios y de esa manera define la asignación de los recursos.
En un país donde el 70 por ciento de las actividades económicas son informales, proponer que habrá una autoridad que fije los precios de todo es algo fuera de lugar.
En un país donde la tasa de desempleo es del 10 por ciento de la población económicamente activa, si no un 25 por ciento, como dice la COB, parece muy difícil anunciar el fin de la libre contratación.
Lo que tiene a su favor el 21060 es que está del lado de las tendencias naturales de la economía. Si hasta los países que se llaman comunistas, incluidos China y Cuba, se doblegan ante las leyes del libre mercado, resulta difícil entender que alguien se proponga derogarlas.
En Huanuni, donde el presidente Morales prefirió concentrar sus actividades en el Día del Trabajo, los mineros estatales le dijeron que apoyaban la idea de que todas las explotaciones estatales sean nacionalizadas.
El problema es que los trabajadores de todas las empresas privadas se han pronunciado en contra de esa idea, con lo cual frustraron la principal iniciativa del Gobierno para cumplir con el rito nacionalizador del 1 de mayo.
Al parecer, los trabajadores de las empresas mineras estatales consideran que la gestión del Gobierno en el manejo de las empresas estatales ha escarmentado a quienes apoyaban el estatismo.
Quizás haya llegado el momento para repensar algunos principios que rigen el comportamiento de los gobiernos, de tal modo que comiencen por comprender que la gente, es decir los ciudadanos, tiene preferencias diferentes.
Es probable que este festejo del Día del Trabajo haya sido el más triste de todos los que tuvo el actual Gobierno. Debió recluirse en un centro minero estatizado y reducir sus ímpetus a lo mínimo.
Para consolarse, el Gobierno tendría que comprender que al hacer lo que la gente quiere, no está traicionando a nadie, sino a unos pocos ideólogos que, por lo que se puede apreciar, no entienden cómo han cambiado los tiempos.
El presidente Morales, quien conduce el Gobierno del cambio, no tendría que molestarse si las tendencias predominantes le obligan a cambiar sus puntos de vista. Al fin y al cabo, lo único seguro es que todo cambia.
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