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sábado, 28 de mayo de 2011

Votar para no elegir. título acertado del articulista en El Día cuando se refiere al próximo evento del 16 de octubre que se convoca a elecciones para "elegir a los tribunos" que ya están elegidos por el MAS en la Asamblea Legislativa

Al referirse al controvertido tema de la elección de magistrados, el Presidente ha declarado que “ahora será el pueblo el que elegirá a los jueces” Esta expresión tiene un gran efecto político. ¿Pero es cierto?  Los fanáticos lo apoyan a rajatabla; todo lo que dice el jefazo es verdad. Sin embargo, datos y documentos de diversa fuente contradicen la versión presidencial.

El artículo 182 de la CPE establece que la Asamblea Plurinacional tiene la atribución exclusiva de elaborar la propuesta de candidatos. No hay otra instancia selectiva. Es aquí donde se define la plancha oficialista. Antes la distribución era entre partidos; ahora el “cuoteo” será entre facciones del MAS, internamente. Con los “dos tercios” echan fuera a la oposición, sin más alternativa que el pataleo inútil.

En la propia Constitución hay contradicciones. Dice que las y los magistrados serán elegidos “mediante sufragio universal”; en aplicación de la democracia directa y participativa. Es decir, todo ciudadano hábil por derecho puede ser elector y candidato. Eso es lo universal por ambos lados. Sin embargo, en otro parágrafo expresa que la Asamblea Plurinacional “efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las y los postulantes”. Por lo que, a menos que la Asamblea sea el “pueblo”, ese término “pre” no corresponde, porque no hay otra instancia para seleccionar.

Justamente en atención al clamor popular de que la justicia sea de veras independiente, la selección de candidatos no debería efectuarse a ese nivel, por ser el Parlamento una entidad netamente política. Los políticos  no hacen nada que no esté contaminada de política y de politiquería. Sin desconocer el precepto constitucional, debería asumir el importante rol de rector supremo, para vigilar la corrección. Con esa garantía sería otra cosa  ver la lista indicativa para votar.

Con todo, tal vez aún se podía confiar. Pero en el día golpean los ejemplos de despojo y arbitrariedad. Las promesas de “transparencia”, “los mejores”, etc., no tienen el respaldo de ningún antecedente conocido. En fin de cuentas el problema es de credibilidad. ¿Cómo creer que ahora el Gobierno actuará de una manera distinta a la conocida? Ciento por uno se apostaría por lo contrario. En Diálogo en Panamericana un ex senador anotó con ironía: “alguien ajeno al MAS, corre el riesgo de ganar. La sujeción tácita es un compromiso. Por una decisión distinta a la consigna oficial, lo pueden procesar y condenar. La “aplanadora” estará siempre lista.” (No es textual, pero esas son las ideas).

Por eso es previsible que los más connotados juristas no quieran exponer su dignidad y su reputación a un proceso condicionado y oscuro; a una aberración que confunde la elección política con la prominencia de un gran profesional. El talento no se elige; se demuestra, se comprueba. En realidad será un plebiscito y no una elección. La aceptación o el rechazo a la propuesta plurinacional determinarán la opción del soberano a la hora del sufragio.

El autor es columnista independiente

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