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domingo, 17 de abril de 2011

Susana Seleme escribe sobre la verguenza nacional que constituye el mamotreto de un juicio llevado a cabo en Cochabamba contra toda norma de derecho para ocultar el crimen de Evo Morales

Las fotos de 37 imputados de la tramoya terrorista-separatista y del montaje Rózsa-Soza cuelgan en la parte frontal de una carpa donde sus dolidas familias hacen vigilia todas las noches y dan vuelta a la plaza 24 de Septiembre, al grito de “justicia y libertad”. Así acompañan a los suyos presentes, y a otros en el exilio, en la ‘audiencia conclusiva’ contra la dirigencia y profesionales cruceños, que allí, en Cochabamba, llevan puestas camisetas con la leyenda: “Soy autonomista, no terrorista”.
Esa audiencia forma parte de la tramoya que deshonra el ejercicio probo de la administración de justicia independiente del poder político. Este proceso es más político que judicial, pues impide la presencia de periodistas en sala, no presenta pruebas sino hipótesis y viola los derechos del debido proceso: el juez natural en el lugar de los supuestos delitos –Santa Cruz de la Sierra–, el derecho a la defensa y al juicio justo. Es también una vergüenza internacional porque el juez, obedeciendo al Ministerio de Gobierno, impidió la presencia de veedores internacionales, miembros de la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil, incluida en la Constitución de ese país. Los vejaron como a delincuentes, confiscaron sus pasaportes por horas y los obligaron a salir de Cochabamba. “Si esto hacen con nosotros, ¿qué le sucede al ciudadano boliviano que reclama sus derechos?”, preguntó uno de ellos.
Esta vergüenza judicial reviste ‘intentos de homicidio’ al insistir en el traslado a esa ciudad sobre 2.800 metros sobre el nivel del mar de tres imputados –dos generales de la República y un médico, líder cívico, autonomistas todos– con graves dolencias cardíacas. Dos de los procesados en Cochabamba, con dolencias del mismo tipo, han tenido que ser internados de urgencia en centros médicos. La realidad de la Bolivia ‘del cambio’ es lo que Fernando Mires llama ‘estatismo político’, es decir, “la supresión del juego político en aras de la eternización en el poder del Estado de una determinada camarilla…” afín al caudillo, aquí el populista y demagogo Evo Morales.
Esta vergüenza político-judicial es digna de compararse a los juicios políticos contra los disidentes de países socialistas, donde el autócrata ejerce todos los poderes del Estado, como Morales, y decide la vida de los adversarios políticos y también decide la suerte de algunos. Fue el quien selló la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas hace exactamente dos años: “Di órdenes de acabar con ellos”, palabras más o menos, dijo a pocas horas del crimen. Creyó que así enterraba la verdad del montaje terrorista-separatista y que nunca se sabría que a Eduardo Rózsa lo trajo el Gobierno y que fue un infiltrado en algunos sectores autonomistas cruceños.
Pero la verdad nunca muere. Se sabía antes como ahora, justo cuando la intención de voto para Morales apenas llega al 22% y las arcas del Estado sufren por el desmesurado incremento del gasto público sin inversión productiva y así imposibilitadas de atender la justa demanda de las empobrecidas masas asalariadas.
En este panorama de anomia social y estatal, crece la inseguridad ciudadana, como la sufrida por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, víctima de delincuentes que le dispararon a matar, al tratar de impedir un asalto en la vía pública. Sobrevivió y bien. Los milagros también existen.
* Máster en Ciencias Políticas

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