Los Tiempos reactualiza el reclamo por un adecuado "acceso a la información" referida a los asuntos públicos. Acertado con un comentario introductivo nuestro

En Suecia es una conquista de larga data y se practica de la siguiente manera expeditiva:

Un comunicador llega vamos a suponer al Ministerio de RREE y solicita en la recepción el libro de ingresos. Allí están registrados en orden cronológico los asuntos ingresados al despacho oficial sea por correo, por mail o cable. El funcionario pone a disposición del periodista el mencionado libro de ingresos el que es leído rápidamente y acto seguido anota el título o referencia de un documento remitido en el día por la Cancillería de Chile, vamos a suponer. El funcionario tiene la obligación de ofrecer al comunicador el original o una copia del documento solicitado. El comunicador no tiene derecho a llevarse consigo una copia, no, lo que hace es anotar en su cuadernillo de reportero el contenido y algún texto que sea de interés noticioso.

Por razones de ordenamiento práctico el mecanismo descrito vale con el material del dia. No tiene derecho el comunicador a revisar los ingresos de días anteriores a la visita que realiza a la recepción de determinado ministerio. Ahora bien si tiene especial interés en un documento dado que no aparezca registrado en el día, lo puede pedir por escrito en un formulario a rellenar que los ministerios y otras oficinas oficiales tienen siempre  a mano por lo general en las oficinas de prensa o de relaciones públicas.

Se cumple así una conquista de la prensa de tener acceso directo y ágill a las fuentes de información sin otro trámite que hacerlo personalmente. Sólo de manera excepción dicha información podría ofrecerse por teléfono o por internet, aunque en Europa ya se están aplicando normas que facilitan los documentos que se convierten en noticia del dia o de un proceso de investigación periodística. Ahora damos paso al artículo de Los Tiempos.

Uno de los estancamientos que el país sufre en materia de información es que se ha dado prácticamente al olvido la tramitación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Como se recordará, durante el Gobierno del presidente Carlos Mesa y luego de un intenso debate se aprobó un decreto supremo que daba inicio a un proceso largamente acariciado por los periodistas y que consiste en que los funcionarios públicos tienen la obligación de transparentar toda la información pública de manera que la ciudanía interesada pueda conocer el manejo de los asuntos del Estado.

Para ello se establecieron mecanismos a través de los cuales las entidades públicas difundían la información bajo su responsabilidad y el ciudadano podía acceder a la que considerara de su interés, y salvo la existencia de una ley previa declarando reserva sobre específicos asuntos –fundamentalmente los referidos a la seguridad nacional– los funcionarios estaban obligados a proporcionarla.

Con el arribo del MAS al poder, esta norma cayó en desuso pese a que la actual ministra de Transparencia, cuando era representante de la fundación Carter en el país, fue una de sus más entusiastas impulsoras.

Así, por ejemplo, si los servidores públicos cumplieran las normas de esta naturaleza, tiempo ha que los bolivianos conoceríamos cuál es el estado de nuestras reservas de gas (información hoy considerada secreta por las autoridades) o, para no ser tan exigentes, podríamos pedir a la Autoridad de Transportes que difunda el estudio que realizó sobre las tarifas de servicio urbano.
Lamentablemente, el secretismo ha vuelto a reinar en el país...