Liendo nos tiene acostumbrados a sus aportes. "la convivencia pacífica de la sociedad no se va a ganar por las amenazas continuas y expresiones de agresividad que emiten las altas autoridades del Gobierno, que en vez de reconocer la claridad de los hechos, luchan por pintarnos una realidad llena de perplejidades que muy pocos creen."

Fin de año, comienzo de uno nuevo. Tiempos nebulosos, cuando la buena fe del Gobierno está en duda como nunca antes. La palabra “necesidad” cuando es utilizada para evaluar el comportamiento ético de los servidores públicos, implica nada más que el cumplimiento de sus deberes, y en el caso de la justicia esta advierte dos consideraciones importantes: primero, el deber de la protección de los derechos de los ciudadanos; y segundo, la obediencia a la Constitución y las leyes.

Todas las democracias abren sus puertas a los acalorados debates sobre cómo mantener una sociedad abierta y qué debe hacer el Gobierno para fomentarla. Discrepar del canon ideológico oficial, de ninguna manera supondría intranquilidad o inseguridad, umbral de miedos de persecución política. Se exhibieron las reformas del Órgano Judicial como medidas necesarias y deseables para mejorar la eficiencia y eficacia con la que los administradores de justicia cumplirían sus funciones y así reducir las posibilidades de corrupción. Sin embargo, el destape de la “red de extorsión” demuestra la insignificancia de las medidas en cuanto a la preservación de los derechos o la reducción de la corrupción.

El hecho de que jueces y fiscales actuaban como simple delegados, con el riesgo de que sus mandatos fueran revocados sino se cumplían las advertencias de funcionarios públicos de “tercer nivel”, o que sus libertades estuviesen sujetas a las interpretaciones oficiales de las estrategias hegemónicas del régimen, nos ilustra el alcance de las prácticas clientelares en la administración del Estado, y su incorporación en los marcos institucionalizados con importantes ramificaciones en la burocracia estatal.

Sin duda, la convivencia pacífica de la sociedad no se va a ganar por las amenazas continuas y expresiones de agresividad que emiten las altas autoridades del Gobierno, que en vez de reconocer la claridad de los hechos, luchan por pintarnos una realidad llena de perplejidades que muy pocos creen. Nuestra única esperanza para asegurar la tranquilidad y felicidad de los bolivianos estriba en la creación de una justicia transparente capaz de desenvolverse de manera independiente con fallos judiciales ecuánimes que resuelvan las controversias. Ninguna persona o gobierno puede arrogarse el monopolio de la verdad. El desarrollo político depende de la independencia de los poderes.

Actuar éticamente sugiere considerar la conducta de jueces y fiscales como un conjunto de procesos, en vez que un proceso individual. Encontrar soluciones posibles a la mala administración de la justicia en el país, necesita de profesionales meritorios y probos, capaces de actuar con independencia en cuanto a sus decisiones, discriminando lo esencial de lo insignificante. También se requiere de un ordenamiento del “Sistema de Justicia”, no en el sentido de construcción de “sistemas”, sino en el operar de forma ordenada y sistemática en cada uno de los pasos a seguir, que encierran en sí mismos problemas muy específicos. Toda decisión judicial está ligada a un esfuerzo racional que comprende: la interpretación de la situación y sopesar cómo una decisión puede afectar la dignidad y bienestar de los involucrados y de la sociedad en su conjunto.

En una visión optimista del futuro, suponemos que el ciclo de reformas nos proyectará más allá del desarrollo de nuevos sistemas, para complementarlos con evaluaciones continuas y la regeneración de un ambiente de confianza y credibilidad, donde todo servidor público al asumir responsabilidades, apetezca incrementar el bienestar general.