Vistas de página en total

martes, 30 de octubre de 2012

Roger Cortez observa que se quiere instituir "el ciberpatrullaje del poder" para atemorizar, o mermar la influencia de las redes en la formación de opinión, tarea que insume su tiempo al segundo de a bordo


La imagen del segundo más alto funcionario del Ejecutivo desvelándose y robando horas a su trabajo para revisar, una a una, el millón y 700 mil cuentas de Facebook registradas en el país (esa cifra no se abarca a las otras redes), para anotar en una libretilla, o libretota, “los nombres y apellidos de los que insultan al Presidente” es, aparte de radicalmente patética, una cristalina expresión del curso extraviado con que se conduce al Estado y la disolución de sus lazos con el pueblo.
Cuando además, representantes del Ejecutivo y Legislativo anuncian a todo pulmón que, nuevamente, se darán mañas para no acatar la sentencia que declara inconstitucional el llamado delito de “desacato”, como lo vienen haciendo con la que el Tribunal Constitucional emitió sobre el Tipnis, termina de completarse un cuadro donde se ve que las amenazas son rugidos para ocultar lo que verdaderamente ocurre.
El gigantesco esfuerzo que realizaría el Vice para demostrarle al jefe estatal que él reacciona, más veloz que nadie, con diligencia, “proponiendo alternativas” y no limitándose a enunciar problemas, expresa hondísimo desconocimiento del comportamiento de las personas y del funcionamiento de las redes digitales.
Quienes, a través de las “redes sociales” digitales profieren injurias contra el Gobierno y sus personeros, desde sus cuentas personales registradas con nombre y apellido, son, con la mayor seguridad, personas que tienen poca o ninguna información o práctica política, porque se exponen sin reservas. Perseguirlas no amilanará su bronca contra las políticas que rechazan y, si la amenaza vicepresidencial se cumple, llenará los juzgados con centenares o millares de juicios por el “nuevo desacato” que nos han prometido inventar las autoridades no judiciales.
Curioso espectáculo, en que el segundo al mando, competiría, desde el Estado Plurinacional con el señor Putin, en perseguir, arrestar y condenar a cualquier ente que pueda parecerse a las Pussy Riot de las redes.
Si quiere atrapar a los cuadros que usan medios digitales como parte de estrategias definidas de choque con el poder, o con simples atemorizados, tendrá que tomar en cuenta que los primeros no registran sus datos para insultar y, respecto a los segundos, que no hay leyes contra la cobardía, incluyendo a los que la esconden con el intimidante manejo del poder y la arbitrariedad.
Para detectar a los “conspiradores” es posible que tenga que vulnerar o pasar por alto derechos, libertades y garantías (lo que probablemente no sea mayor problema). Parecería que es mucho lío para expresar afecto, solidaridad y devoción con una persona, cuando mucho más sencillo es confiar en que la sagacidad y sentido de alerta de los sectores populares, que está largamente probado, no necesita de patrulleros, comisarios, vigías o tutores, porque sabe distinguir la crítica y las denuncias del insulto
El autor es docente universitario

No hay comentarios:

Publicar un comentario