En septiembre de 1986, Simón Reyes y Filemón Escóbar estaban dando una desesperada batalla para salvar algunas empresas de Comibol.
Habían conseguido que los ministros del área económica del presidente Víctor Paz Estenssoro aceptaran, reunidos en el colegio Inglés Católico de La Paz, que el gobierno pediría el visto bueno de la Federación de Mineros para cerrar cualquier mina.
El ministro de Planeamiento y Coordinación, Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba ese día en Cochabamba y tomó el primer avión para La Paz, llegó al despacho presidencial y dijo a Paz Estenssoro que renunciaba al cargo, porque el acuerdo con Simón y Filemón había “perforado el modelo”.
Paz Estenssoro miró con aquella famosa mirada al ministro renunciante y le dijo, palabras más, palabras menos, “cómo se nota que usted no es político, doctor Sánchez. Espere unos días y verá cómo los propios mineros van a pedir el cierre de las minas”.
El precio del estaño había caído tanto que el London Metal Exchange (LME, ahora de propiedad de unos chinos) lo excluyó de sus tablas de cotizaciones: menos de US$ 2 por libra fina.
Unos días antes, el gobierno había eliminado los precios congelados de cuatro productos esenciales y –esto era decisivo– ofreció indemnizaciones extraordinarias a todos los mineros que quisieran retirarse. El Banco Mundial aportó con US$ 25 millones para ese proyecto.
Y, en efecto, a los pocos días los sindicatos de base de la Federación de Mineros decidieron desconocer las gestiones de Simón y Filemón, y aceptar la propuesta de retiro que les había hecho el gobierno.
Estos bravos dirigentes sindicales habían fracasado en su batalla por salvar la propiedad estatal de los medios de producción, por lo menos de la minería.
Habían sido derrotados por las bases, que los desconocieron pensando en la tentadora oferta del gobierno.
A las pocas semanas me atreví a preguntar a mi desolado amigo Simón si él suscribiría esta frase: “La relocalización fue propuesta por el gobierno pero impuesta por las bases mineras”.
No lo pensó mucho. Me dijo que sí, que él la suscribiría.
Es decir que el doctor Paz había tenido razón cuando dijo a Sánchez de Lozada que no era un político y que, si lo fuera, habría sabido que los mineros iban a terminar aceptando los montos extralegales como retiro.
Puestos a elegir entre luchar por la propiedad de los medios de producción para el Estado, o tener dinero contante y sonante en los bolsillos, los trabajadores mineros no dudaron. Y llegaron a desconocer a estos titanes del sindicalismo.
Allí fue que murió la Federación de Mineros. El edificio de la FSTMB ya no estaba en pie. En 1980 había sido demolido por Luís Arce Gómez, como adelantado de la inminente llegada de otro poder económico a la realidad boliviana, el poder del narcotráfico.
Algunos cuadros del sindicalismo minero fueron a alimentar con su experiencia a las bases de ese nuevo proletariado, el de la economía ilegal, de los cocales ilegales, de la “Economía canalla”, como la llama Loretta Napoleoni.
Simón no aportó a ese nuevo proletariado. Prefirió retirarse.
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