Hace 30 años, entre abril y mayo de 1982, las protestas sociales en La Paz y en Cochabamba lograban arrinconar a la dictadura de Luis García Meza, abriendo el cauce para construir la democracia. Entonces el pacto era minero-obrero y campesino, héroes anónimos que hoy están olvidados por quienes creen que la historia acaba de empezar.
(ambos personajes en prisión hoy)
La dupla de los Luises –García Meza y Arce Gómez– había llegado al Gobierno a través de un sangriento golpe militar y el asesinato selectivo de opositores como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y los ocho caídos en la calle Harrington en La Paz. Fue el primer régimen que se relacionó con la producción y el tráfico de cocaína y el lavado de los ‘cocadólares’. Desde entonces, con diferentes dosis, el narcotráfico es parte de la política boliviana, y sus ramificaciones en el circuito coca-cocaína son más complejas.
En 1982, cerca de 50.000 mineros y otros 10.000 fabriles eran la vanguardia de las luchas. Ese año, la clandestina Central Obrera Boliviana (COB) había logrado declarar una huelga general ante las medidas económicas del 5 de febrero. Dirigentes de los mineros, de los ferroviarios y de los fabriles –entre ellos Wálter Delgadillo– habían soportado meses de persecución y hostigamiento, hambre y penurias, pero la COB seguía en pie.
Todo el primer trimestre del año estuvo convulsionado y los militares no lograban controlar la situación. Los periodistas ayudaban a difundir las noticias y las radios sindicales comenzaron a volver al éter, aun con viejos equipos. Un grupo de intelectuales convocó a las FFAA a dejar su prepotencia y comenzaron a circular denuncias del enriquecimiento ilícito de muchos uniformados.
Juan Lechín volvió clandestinamente para ponerse al frente de las huelgas contra la creciente inflación y el alza del costo de vida. Los obreros de la fábrica textil Said eligieron a su sindicato, a pesar de la prohibición. Los mineros de Siglo XX salieron en ruidosa manifestación contra la política económica. Los fabriles de Cochabamba lamentaron cinco muertos por la represión militar a una de sus marchas. El 16 de abril fueron apresados importantes líderes de la COB, pero la respuesta fue una huelga general y una gran marcha el 1 de mayo, y los dirigentes fueron liberados.
Muchos de los hombres y mujeres que ahora reclaman una indemnización porque esos días perdieron trabajo, vida familiar y fueron apresados, hoy hacen vigilia frente al Ministerio de Justicia. Sus verdugos directos o indirectos, los uniformados, dijeron estar ‘agradecidos’ en el congreso del Movimiento Al Socialismo.
El 21 de mayo de 1982, la prensa, desafiando los peligros, publicó una solicitada encubierta con el título Para Mí-Ltda., con sede en Buenos Aires, con una lista de presuntos socios que, en realidad, eran los paramilitares y los ‘asesores militares’ argentinos, los extranjeros en el Ministerio de Gobierno de esa época.
Acorralado, el Gobierno dictó la amnistía general el 26 de mayo. Inmediatamente, los sindicatos, encabezados por los mineros, comenzaron su reorganización y muchos líderes políticos salieron de la clandestinidad.
Caía el Gobierno narcomilitar que había pretendido durar 20 años. Al salir un comunicado de las FFAA, estas se despedían anunciando que no permitirían que ninguno de ellos fuese juzgado por presuntos delitos cometidos entre 1980 y 1982.
En 1982, cerca de 50.000 mineros y otros 10.000 fabriles eran la vanguardia de las luchas. Ese año, la clandestina Central Obrera Boliviana (COB) había logrado declarar una huelga general ante las medidas económicas del 5 de febrero. Dirigentes de los mineros, de los ferroviarios y de los fabriles –entre ellos Wálter Delgadillo– habían soportado meses de persecución y hostigamiento, hambre y penurias, pero la COB seguía en pie.
Todo el primer trimestre del año estuvo convulsionado y los militares no lograban controlar la situación. Los periodistas ayudaban a difundir las noticias y las radios sindicales comenzaron a volver al éter, aun con viejos equipos. Un grupo de intelectuales convocó a las FFAA a dejar su prepotencia y comenzaron a circular denuncias del enriquecimiento ilícito de muchos uniformados.
Juan Lechín volvió clandestinamente para ponerse al frente de las huelgas contra la creciente inflación y el alza del costo de vida. Los obreros de la fábrica textil Said eligieron a su sindicato, a pesar de la prohibición. Los mineros de Siglo XX salieron en ruidosa manifestación contra la política económica. Los fabriles de Cochabamba lamentaron cinco muertos por la represión militar a una de sus marchas. El 16 de abril fueron apresados importantes líderes de la COB, pero la respuesta fue una huelga general y una gran marcha el 1 de mayo, y los dirigentes fueron liberados.
Muchos de los hombres y mujeres que ahora reclaman una indemnización porque esos días perdieron trabajo, vida familiar y fueron apresados, hoy hacen vigilia frente al Ministerio de Justicia. Sus verdugos directos o indirectos, los uniformados, dijeron estar ‘agradecidos’ en el congreso del Movimiento Al Socialismo.
El 21 de mayo de 1982, la prensa, desafiando los peligros, publicó una solicitada encubierta con el título Para Mí-Ltda., con sede en Buenos Aires, con una lista de presuntos socios que, en realidad, eran los paramilitares y los ‘asesores militares’ argentinos, los extranjeros en el Ministerio de Gobierno de esa época.
Acorralado, el Gobierno dictó la amnistía general el 26 de mayo. Inmediatamente, los sindicatos, encabezados por los mineros, comenzaron su reorganización y muchos líderes políticos salieron de la clandestinidad.
Caía el Gobierno narcomilitar que había pretendido durar 20 años. Al salir un comunicado de las FFAA, estas se despedían anunciando que no permitirían que ninguno de ellos fuese juzgado por presuntos delitos cometidos entre 1980 y 1982.
* Periodista, historiadora y biógrafa
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