El día que iba a ser detenido, Fernando Rivera se despertó siendo el abogado más poderoso del Ministerio de Gobierno, estaba en Tarija a cargo del caso más importante para el actual “proceso de cambio”, había sido designado para demostrar que un grupo de personas organizó actividades terroristas e incluso había querido atentar contra la vida del presidente.
Quienes lo vieron ese día en la audiencia, en una sala sin ventilación y con mucho calor, lo vieron cabizbajo, pensativo, según dijo después ya sabía de su aprehensión, y que en pocos momentos su vida daría un giro.
Ese día en sólo unos segundos pasó de ser el poderoso abogado, temido por muchos, a encabezar las portadas de todos los periódicos como el acusado de encabezar una red de extorsión y corrupción.
Para sorpresa de los propios acusados del caso terrorismo, Rivera fue detenido por cuatro uniformados que iban bien armados para conducirlo rumbo a Santa Cruz, en una escena que parecía extraída de una película, fueron las personas a quienes acusó en muchas oportunidades, los que lo vieron enmanillado y custodiado por la Policía.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Fernando Rivera, acompañado por otros funcionarios como Dennis Rodas, logró montar una estructura que lo mantuvo muy cerca de la impunidad, se hizo tan poderoso al interior del Ministerio de Gobierno que ni siquiera el cambio de autoridades lo afectó. Hoy jura inocencia.
El funcionario del Ministerio
El registro del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz señala que Fernando Ribera Tardío se graduó como abogado el 9 de junio de 2006, un años después entró a trabajar en el ministerio de Gobierno, durante la gestión de Alfredo Rada, desempeñando varios cargos, pero no sería hasta el 2010 en el que conseguiría tener el cargo con el que logró hacerse de tanto poder.
El año 2010, en el inicio del segundo período presidencial de Evo Morales, una crisis de Gabinete afectó a las principales carteras de Estado, ese fue el caso del Ministerio de Gobierno que pasó a ser encabezado por Sacha Llorentty, Rivera sin embargo no fue cambiado, es más fue promovido y empezó a ocupar el cargo de Director Jurídico.
Los poderes
Según un documento al que tuvo acceso el periódico digital Oxígeno, fue durante la gestión de Sacha Llorentty que Rivera y el otro principal implicado, Dennis Rodas, pasaron a tener “poderes extraordinarios” que les permitían actuar de manera independiente, es decir sin necesidad de recurrir a instancias superiores, y en nombre del Ministerio de Gobierno, en todas aquellas causas penales en las que esta instancia actuaba como querellante.
Según este poder especial, que recibieron Rivera y Rodas, el 27 de enero de 2011, los abogados podían plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”
De ser ciertas las acusaciones de la Fiscalía, que hoy pesan sobre Rivera, este documento explicaría porque tenían la capacidad de presionar a cualquier acusado, ya que era suficiente una decisión suya para pedir la nulidad de una acción judicial.
El representante legal
En manos de Rivera y Rodas estuvieron los casos más importantes de los últimos años y es por eso que muchos sospechan que con el caso Ostreicher sólo se encontró la punta del ovillo. En los últimos días ya empezaron a aparecer numerosas denuncias de extorsión en contra de estas personas.
Los acusados de los casos del alemán Dirk Schmidt y del caso Navía salieron a los medios a decir que “emisarios” de Rivera pedían sumas exorbitantes a cambio de pedir su libertad, en La Paz varios acusados empezaron a hablar de las supuestas presiones a las que habría sometido a fiscales y jueces.
Varias autoridades del Gobierno han reconocido en los últimos días que es muy posible que este funcionario pudo actuarde la misma manera que con Ostreicher en otros casos, por el momento son todas especulaciones, pues hay una investigación en curso.
La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo pidió denunciar las posibles extorsiones a las que los miembros de la red de corrupción habrían podido someter a otras personas “es un tema que no puede quedar en la nebulosa, todo lo contrario, tiene que aclararse”, dijo, la pregunta es porque esta instancia no logró percibir estos actos antes.
Las acusaciones de extorsión
Para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Herland Vaca Diez, lo que sucedió en el caso Ostreicher es un mecanismo que fue usado ya para “montar” el caso terrorismo y que “cuando se destape” la realidad en torno a esta investigación se sabrá que no todo lo dicho por el Gobierno fue verdadero.
Y es precisamente el riesgo que corre el Ministerio de Gobierno, el de perder credibilidad, pues encargó a estos hombres los casos más importantes en los que actuó o está actuando como querellante, el más sonado el del caso Rozsa.
Jorge Quiroz, abogado del caso Caranavi, recordó que fue precisamente Fernando Rivera quien provocó que se retrase el proceso que se sigue por la muerte de dos jóvenes durante el operativo policial realizado en julio de 2011, además señaló como otro responsable al entonces fiscal de materia, Isabelino Gómez.
El caso Ostreicher
Pero en qué momento ingresa Fernando Rivera a la historia del caso Ostreicher, no se sabe con exactitud, Ostreicher habla del abogado como el verdadero culpable de que siga en la cárcel, pues lo acusa de haber presionado al juez Zenón Rodríguez para que cambie su decisión de revocar sus medidas sustitutivas a la detención.
Fernando Rivera firmó los memoriales en los que se solicitó que Ostreicher no reciba a medios de comunicación, esto tras la entrevista que concedió a un medio norteamericano (ABC), e incluso fue denunciado por la esposa de Jacob de haber estado de su detención en Palmasola cuando ella le llevaba comida.
Fue también el abogado Rivera quien tramitó el traslado de Claudia Liliana Rodríguez de Santa Cruz a La Paz, en junio de 2001, y a inicios de noviembre de este año, de la ciudad sede de Gobierno a Sucre. El representante legal de la ciudadana colombiana, Favio Jofré, aseguró que el ex funcionario pidió 30 mil dólares para impedir el traslado.
Su verdad
Dos días después de ser detenido Rivera dijo su verdad a los medios de comunicación, aseguró ser inocente y pidió que sea una comisión interinstitucional la que haga una auditoría a todo su trabajo al interior del Ministerio de Gobierno.
“Quiero pedirle con muchísimo respeto al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que por intermedio de su investidura se convoque a la comisión de justicia plural (de la ALP), además al Procurador General del Estado, a la Ministra de Justicia (Cecilia Ayllón), Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) para que hagan una evaluación procesal de todos y cada uno de los procesos en lo que ha sido parte el Ministerio de Gobierno por intermedio de nuestras personas”, dijo el imputado.
Rivera dijo que siempre respetó la independencia de poderes y que nunca violó sus obligaciones como abogado, negó que alguna vez haya extorsionado a alguien.
“Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta, con la conciencia limpia le digo a toda la opinión pública, mi persona es absolutamente inocente, lo único que he hecho es trabajar, trabajar, trabajar”.
El abogado aseguró el lunes ya sabía que tenía un mandamiento de aprehensión en su contra y que “tenía suficiente tiempo para huir”, pero que no lo hizo porque es inocente y lo comprobará durante el proceso que se inició.
Será finalmente la justicia quien determine si Fernando Ribera es o no culpable, sin embargo algo ha quedado claro de inicio: el control de las actividades de los funcionarios al interior de los Ministerios no es tan efectivo, tanto así que pueden pasar muchos años para que recién se perciban las graves irregularidades que existen al interior de muchas estructuras gubernamentales.
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