Robert Téllez se refiere en general a la corrupción dando sabias normas para evitarla, aunque no se refiere al caso de la extorsión del caso Ostreicher que lacera el alma boliviana, porque viene de arriba con todo su peso de funcionnarios mafiosos socorridos por jefes mafiosos de un gobierno mafioso.

La corrupción sembró un estado de desconfianza generalizada que parece hundirnos día a día. Nos plantea el interrogante del cuál es la fuerza que la hace cada vez más poderosa, y que en la actualidad parece dominar las sociedades y a los gobiernos. Nuestro deber de ciudadanos nos llama a la lucha contra la corrupción, para lograr un Estado fuerte, una justicia independiente, una economía sólida y una sociedad donde todos tengamos la misma posibilidad de adelanto e inclusión. La corrupción es posible cuando el dinero ocupa un lugar elevado en la tabla de valores de una comunidad. En este marco se puede distinguir a los políticos que viven para la política y los que viven de la política, utilizándola como instrumento para su enriquecimiento. A tal punto que la política se transforma en el mejor negocio posible. 

Un medio de control de la corrupción estatal sería, la desregularización, la estabilidad y una justicia independiente, además de la disposición para castigar a los corruptores, al igual que los funcionarios corruptos. Una de las ideas básicas de las democracias modernas es diferenciar funciones dentro del Estado, adjudicándoles a órganos independientes que se controlan unos a otros y balancean su poder entre ellos. 

Los controles mutuos son necesarios para la transparencia y constituye la clave misma del sistema democrático constitucional. La idea es que nadie ejerza un poder, sin que alguien tenga el derecho de controlarlo. Una regla elemental de la técnica de control, es que quien controla sea independiente de quien es controlado. No hay monopolio del poder, ya que el mismo debe repartirse entre las distintas funciones de gobierno que se controlan unas a otras. Hay baja discrecionalidad. 

La ley es la que debe regular la conducta de los funcionarios públicos y hay transparencia pues se garantiza la publicidad de los actos de gobierno y la libertad de expresión. Poder hegemónico es igual a corrupción. La lucha contra la corrupción se orienta especialmente a la denuncia del problema. Surgen los índices para medir la corrupción desde la percepción de la corrupción por parte de diversos actores sociales. El punto central está en la violación de un deber jurídico, de modo que la corrupción se presenta, no sólo como una violación de una norma legal o constitucional determinada, sino como la ruptura del vínculo jurídico que es el que le asigna a determinada persona, funcionario público o agente privado, un carácter especial, para poder tomar decisiones que afectan al conjunto de la colectividad: la violación del deber y la utilización ilícita del poder recibido por el titular de la especial situación jurídica constituyen el sustrato común de todas las formas de corrupción.