A lo mejor es una estrategia de las autoridades, “no hacer olas” con la promesa de indulto a un millar de reclusos de las cárceles del país, tal como lo anunció el Gobierno hace algunos meses. Por lo general, los internos suelen ser muy sensibles a este tipo de procesos y no vaya ser que se inflen demasiado las expectativas de la población penal, que recientemente ha estado dando muestras de agitación en demanda de mejores condiciones de vida en las prisiones de las diferentes capitales y provincias.
En otras palabras, las cárceles bolivianas son bombas de tiempo y, como se puede deducir fácilmente, el anuncio de indulto puede ser un arma de doble filo si es que no se lo maneja con mucho cuidado. De cualquier forma, estamos dando por descontado que las autoridades van a cumplir su promesa fijada para el 24 de diciembre.
La situación es muy grave, tal como lo demuestra un estudio de la Fundación Milenio que considera que los centros de reclusión del país tienen índices de hacinamiento del 233 por ciento, que los coloca entre los peores de América Latina. Para graficarlo aún mejor: en este momento hay 8.700 presos donde solo caben 3.738 personas, con un excedente de casi cinco mil individuos.
Lo peor de todo es que más del 80 por ciento de los que permanecen detenidos, sufriendo mala alimentación, abandono de las autoridades que no cumplen sus obligaciones, enfermedades y una serie de castigos innecesarios, no tienen sentencia y sus casos navegan en el limbo judicial donde solo pueden prosperar aquellos casos pertenecientes a reos con influencias o con dinero suficiente como para mover el pesado aparato de la justicia, cuyos defectos siguen intactos pese a todos los cambios introducidos recientemente.
Con los números indicados arriba, se puede concluir que en primera instancia, el indulto viene a ser un paliativo de una situación que debe ser encarada de manera integral. Evacuar mil reclusos deja dentro de las prisiones una población excedente de alrededor de cuatro mil personas, de los cuales más de 3.300 no tienen sentencia ejecutoriada. Por lo que se ve, la solución pasa por disminuir los índices de retardación, introducir reformas para que los procesos sean menos complejos y más accesibles y obviamente, mejorar también la situación de los internos con instalaciones adecuadas y programas de rehabilitación, para que las cárceles no sean verdaderas escuelas de postgrado de los detenidos.
Otro aspecto que debe evaluar el Gobierno es la situación de una enorme cantidad de presos políticos que se han acumulado por la sañuda persecución que han estado perpetrando agentes gubernamentales, algunos de los cuales han sido desenmascarados recientemente. Este grupo no solo es responsable de una gran injusticia que incrementa el malestar en las cárceles, sino del caso de cientos de exiliados y refugiados cuya situación es igualmente precaria.
Son decisiones que el Gobierno debe tomar cuanto antes, para que Bolivia no siga acumulando estadísticas vergonzantes que deterioran la imagen del país. El caso Ostreicher es paradigmático y refleja todo el cáncer que sufre el sistema judicial boliviano, al extremo de que un observador internacional de mucho peso comparó a Bolivia con Corea del Norte. No cabe duda que estamos lejos de serlo, pero lamentablemente hemos agarrado ese mismo camino.
En otras palabras, las cárceles bolivianas son bombas de tiempo y, como se puede deducir fácilmente, el anuncio de indulto puede ser un arma de doble filo si es que no se lo maneja con mucho cuidado. De cualquier forma, estamos dando por descontado que las autoridades van a cumplir su promesa fijada para el 24 de diciembre.
La situación es muy grave, tal como lo demuestra un estudio de la Fundación Milenio que considera que los centros de reclusión del país tienen índices de hacinamiento del 233 por ciento, que los coloca entre los peores de América Latina. Para graficarlo aún mejor: en este momento hay 8.700 presos donde solo caben 3.738 personas, con un excedente de casi cinco mil individuos.
Lo peor de todo es que más del 80 por ciento de los que permanecen detenidos, sufriendo mala alimentación, abandono de las autoridades que no cumplen sus obligaciones, enfermedades y una serie de castigos innecesarios, no tienen sentencia y sus casos navegan en el limbo judicial donde solo pueden prosperar aquellos casos pertenecientes a reos con influencias o con dinero suficiente como para mover el pesado aparato de la justicia, cuyos defectos siguen intactos pese a todos los cambios introducidos recientemente.
Con los números indicados arriba, se puede concluir que en primera instancia, el indulto viene a ser un paliativo de una situación que debe ser encarada de manera integral. Evacuar mil reclusos deja dentro de las prisiones una población excedente de alrededor de cuatro mil personas, de los cuales más de 3.300 no tienen sentencia ejecutoriada. Por lo que se ve, la solución pasa por disminuir los índices de retardación, introducir reformas para que los procesos sean menos complejos y más accesibles y obviamente, mejorar también la situación de los internos con instalaciones adecuadas y programas de rehabilitación, para que las cárceles no sean verdaderas escuelas de postgrado de los detenidos.
Otro aspecto que debe evaluar el Gobierno es la situación de una enorme cantidad de presos políticos que se han acumulado por la sañuda persecución que han estado perpetrando agentes gubernamentales, algunos de los cuales han sido desenmascarados recientemente. Este grupo no solo es responsable de una gran injusticia que incrementa el malestar en las cárceles, sino del caso de cientos de exiliados y refugiados cuya situación es igualmente precaria.
Son decisiones que el Gobierno debe tomar cuanto antes, para que Bolivia no siga acumulando estadísticas vergonzantes que deterioran la imagen del país. El caso Ostreicher es paradigmático y refleja todo el cáncer que sufre el sistema judicial boliviano, al extremo de que un observador internacional de mucho peso comparó a Bolivia con Corea del Norte. No cabe duda que estamos lejos de serlo, pero lamentablemente hemos agarrado ese mismo camino.
Los centros de reclusión del país tienen índices de hacimiento del 233 por ciento, que los coloca entre los peores de América Latina. Para graficarlo aún mejor: en este momento hay 8.700 presos donde solo caben 3.738 personas, con un excedente de casi cinco mil individuos.
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