Juan Claudio Lechín se refiere al aumento de la delincuencia en nuestro medio y el asalto a los bancos y oficinas de manejo de dinero. con precisión describe cómo la justicia es sin embargo arma política manejada por los gobiernos

Hace algunas semanas, una juez ordenó prisión domiciliaria para el gobernador del Beni, Ernesto Suárez. Antes apresaron a Leopoldo Fernández, de Pando, elegido por voto popular y hasta ahora sin proceso, y, también por presión judicial, enfilaron al exilio los gobernadores de Tarija y Cochabamba. Eran opositores al Gobierno de Evo Morales con la llamada media luna, de la que sólo falta deponer al Gobernador de Santa Cruz, a quien ya le están abonando la caída. En esta represión judicial–política también hay dirigentes campesinos, empresariales y cívicos. 

Esto parecería ser una acción local, sin embargo, en Venezuela sucede lo mismo. Los gobernadores de Aragua y Maracaibo, junto con periodistas, dirigentes estudiantiles y sindicales están exilados, perseguidos o presos, como preso está el Prefecto de Caracas y como estuvieron los de Yaracuy y Miranda, entre otros. En Ecuador, el gobernador Arias Cárdenas y otros también sufren exilio. 

Tanta similitud en la aplicación de este instrumento debe hacernos sospechar una fórmula internacional de exportación. En los tres países, los cargos levantados son, fundamentalmente, por corrupción, acusación que goza de simpatía mediática por el desprestigio de los políticos, lo cual facilita y justifica las acciones de estos regímenes. 

La política, en América Latina, es indudablemente una fuente de enriquecimiento ilícito, pero se debe probar el delito, aunque los corruptos se cuiden de no dejar rastros o se los encubra. Sin embargo, hay que insistir en erradicar la corrupción con un sistema legal separado del control político de los gobiernos, a menos que, con imaginación, fundemos una legislación que presuma culpabilidad de entrada; y apenas salgan de sus funciones se los aprese, sin proceso; inocentes o culpables, su destino será irremediablemente la cárcel, fatalidad inevitable parecida a la del macho araña que apenas concluye la cópula, ella lo mata. 

Incluso la alucinada medida que, en broma, sugiero, debe aplicarse a todos, pero no es correcto que una parcialidad política destroce sistemáticamente a sus adversarios utilizando la justicia. Y si lo hace, no puede ser considerada democrática. 

Hagamos memoria, pues siempre se le acusa a la desmemoria la culpa de volver a tropezar. La justicia como arma de represión política se hace en Cuba, con los Tribunales Revolucionarios. Francisco Franco lo hizo con el Tribunal de Orden Público y la Ley de Responsabilidades Políticas (1939). Diez años antes, Mussolini formó el Tribunal Especial para la Defensa del Estado y la Alemania nazi hizo el Sondergericht o tribunal para la represión política, y los Volksjustiz, tribunales populares. Todos con el mismo propósito de reprimir políticamente usando la justicia. 

Paradójicamente, estos caudillos subieron al poder reclamando justicia. En estas similitudes hay, sin embargo, una diferencia. Antes mataban a los opositores políticos, ahora, en sociedades menos épicas, con apresar u obligar a escoger el exilio se introduce el miedo como una sangre y se desmantela el espíritu crítico, es decir, el espíritu democrático. 

Escritor

Juan Claudio Lechín