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lunes, 20 de junio de 2011

Historia pero también diplomacia aborda Manfredo Kempff en este artículo que reivindica a Santa Cruz y su desarrollo actual

Fue muy importante que durante y después de la tragedia chaqueña se conformara en Bolivia una diplomacia eficiente. Eso salvó gran parte del territorio nacional en la mesa de negociaciones en Buenos Aires. Grandes personalidades ocuparon la Cancillería de la República y otros diplomáticos de carrera dirigieron las principales embajadas en los países que más interesaban a la nación. Además, cruceños como el ex presidente Germán Busch y Enrique Finot, Dionisio Foianini, y otros, tuvieron influencia en la conducción del Servicio Exterior.

Fue cuando el ministro Ostria Gutiérrez -con seguridad el más insigne de los diplomáticos bolivianos del siglo pasado- negoció la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, que vincularía al oriente con el Atlántico. El costo de la obra estaría respaldado, fundamentalmente, “con el producto de la explotación de las zonas petrolíferas bolivianas que atraviese o que llegue el ferrocarril proyectado”.

En 1941 el propio ministro Ostria negoció con Argentina la construcción del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz cuyo costo sería pagado por Bolivia en amortizaciones anuales “en petróleo crudo, fuel oil, pesos argentinos, dólares americanos u otra moneda de curso universal”. Estos logros con Argentina y lo hecho con Brasil, garantizaron, por supuesto, la integridad de los territorios que habían estado en disputa con Paraguay.

Los convenios referidos fueron censurados  por los centralistas de siempre, que expresaban su seguridad de que los ferrocarriles desde Brasil y Argentina serían la vía de penetración que significaría la pérdida de Santa Cruz. Como podemos ver el encono político nublaba la visión de muchos compatriotas que entendían al revés lo que se había construido. Ostria defendió su obra y afirmó que ésta no era “la labor de un solo hombre, de un solo partido de un solo gobierno”, sino el esfuerzo perseguido por muchos estadistas bolivianos. El preclaro chuquisaqueño merece el reconocimiento de Santa Cruz, pese a que él no hubiera esperado homenaje alguno.

Ahora vemos que desde el centralismo enrostran a Santa Cruz de haberse beneficiado con los recursos generados por el país. Se ha llegado a afirmar, en estos días de alienación, que le debe su desarrollo a los “excedentes de las nacionalizaciones”.  ¿Así que los ferrocarriles se pagaron con los dividendos generados por el estaño? Eso no tiene sentido, porque antes de la nacionalización de las minas ya estaban por concluirse los dos ferrocarriles. Y porque Comibol no dio sino enormes pérdidas económicas. Asimismo, como dicen los tratados suscritos con Brasil y Argentina, la garantía era el petróleo de Santa Cruz, que luego fue el gas.
Algo similar ha sucedido en el desarrollo agroindustrial cruceño. Se afirma que Bolivia volcó la mayoría de sus recursos en nuestro departamento. Más se debe considerar que cada dólar que se invertía aquí significaba que alguien llegaba a estos llanos a ganarse la vida. Se invirtió dinero en Santa Cruz pero esta tierra respondió dando trabajo y  a cientos de miles de campesinos. Por lo tanto esas facturas -las quieren presentar como facturas en mora- fueron pagadas con creces.

Si antes la diplomacia republicana vinculó a Bolivia con el Atlántico mediante los ferrocarriles, hoy nos encontramos con que el Estado Plurinacional pone a Santa Cruz  toda clase de obstáculos en su desarrollo, al extremo de querer romper con su modelo productivo. Ha sido esta administración la que se ha encargado de ponerle cortapisas a su empuje. Antes de que el MAS accediera al poder, su táctica era cercar a Santa Cruz bloqueando su salida al Pacífico. Una buena parte de la producción cruceña pudo salir utilizando la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde otro gran cruceño por adopción, diplomático, empresario y escritor, don Joaquín Aguirre Lavayén, fundador de Puerto Aguirre, merece nuestro máximo reconocimiento.

Santa Cruz comenzó a perder la importante posición que había obtenido, cuando parte de la producción del agro cruceño se tenía que podrir en los caminos o cuando no llegaban oportunamente los envíos a los puertos del Pacífico y se malograban no sólo los productos perecederos, sino algo más grave aún, los contratos. Era una agresión intencional que no iba precisamente contra los gobiernos “neoliberales”, sino contra el corazón de la economía nacional. Los incumplimientos que forzaron los bloqueos fueron graves porque no existe país ni compañía que acepte disculpas de ninguna naturaleza cuando se producen demoras.

Los peores obstáculos llegaron con el actual Gobierno cuando con el pretexto de sanear las tierras presuntamente adquiridas de forma dolosa, se restringieron las inversiones privadas en el agro. La falta de seguridad jurídica, tantas veces reclamada, se mantuvo amenazante. A esta política de desaliento a la inversión privada se sumó el hecho de que el Gobierno ordenara la aplicación de cupos de exportación para los productos que salían del campo cruceño. El argumento del MAS es que primero se debe cubrir el mercado interno de alimentos, asunto que siempre se hizo. Hoy nos encontramos con la noticia de que muchos excedentes agrícolas -el arroz por ejemplo- corren riesgo de no ser comercializados por esas políticas erróneas. El anuncio gubernamental de una “Revolución Productiva” causa desconfianza en Santa Cruz y algunos sectores piensan que resultaría fatal para la agricultura boliviana.

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