Crónica de una Ley anunciada
Centa Rek
Senadora Nacional electa por Santa Cruz.
La llamada Ley Corta, que esencialmente es una ley habilitante por la cual el Legislativo pone al poder judicial en manos del Ejecutivo y le permite al presidente Morales nombrar a su arbitrio a las autoridades judiciales, ha sido aprobada por el Legislativo de manera meteórica, sin titubeos. Entró a la Cámara de diputados y salió de allí como por un tubo, sin cambiarle ni una coma. De la misma manera entró en la Cámara de Senadores, en la que la discusión en Comisiones siguió en realidad la estrategia de permitir que la oposición exprese su opinión contraria a la Ley a manera de descarga o catarsis porque las Comisiones de Constitución y Judicial y de Ministerio Público, sabían que tenían que aprobar esta Ley sin ningún cambio y sin dilaciones (antes del carnaval), puesto que había venido del Ejecutivo hecha a medida de las necesidades del presidente Morales, quien a poco menos de un mes de ingresar a su nuevo mandato ha mostrado ya el perfil de lo que será su proyecto de gobierno en esta nueva fase.
La oposición planteó un proyecto de Ley Corta, que no fue admitido como proyecto, y esta propuesta fue hecha con la consciencia de que la Ley corta sale del marco de la Constitución y viola la Constitución, pero se hacía necesaria una visión constructiva, tratando de acompañar el momento presente; situación que llevó a que la oposición haciendo un balance del contexto actual admitiera que existía un vacío constitucional respecto al nombramiento de los administradores de justicia y Magistrados, y a fin de no pecar de intransigencia, surgió el planteo de ceder para permitir que exista un periodo de interinato de un año, hasta habilitar la elección por voto universal como lo prevé el marco de la Nueva CPE que Morales introdujo en el país, incluso con muertos y diversos tipos de violaciones en el proceso de su aprobación. El planteo del proyecto de la oposición, aceptaba el interinato pero exigía que la selección y el nombramiento de los funcionarios y magistrados del órgano Judicial fuera hecho en el seno de La Asamblea Plurinacional u Órgano Legislativo, lo que finalmente seguía permitiendo que Evo Morales tuviera una injerencia puesto que tiene los dos tercios del órgano Legislativo, pero esto a su vez permitiría que las corrientes que hay dentro del Mas pudieran luchar por sus visiones y esto permitiría que existan autoridades judiciales con mayor representatividad pues serían exponentes de la delegación popular diversa, via voto, de todas las variaciones de lo plurinacional.
Sin embargo, esto fue denegado, totalmente, lapidariamente, haciéndose sentir de este modo el poder que tiene el Ejecutivo y la acumulación de poder absoluto que exige para si mismo. Esto nos mostró que en Bolivia se ha impuesto el caudillismo frente a la expresión de lo plurinacional, que no es sólo la representación de oposición ahora minoritaria y sin verdadera capacidad de decidir o incidir en las definiciones por votación, sino frente a las diversas corrientes indigenistas y de sectores a las que el voto ha favorecido. Aún a sabiendas que el gobierno es concentrador y reconcentrador, el mayor shock ha sido presenciar y testificar que el Estado Boliviano dejó de ser plurinacional en el mismo instante que decía nacer con esta característica y pasó a ser UNIPRESIDENCIAL o UNICAUDILLAR.
Es impresionante ver como hombres y mujeres probos, que han tenido una larga carrera como constitucionalistas o defensores de derechos humanos, a la hora de levantar las banderas y las manos para cumplir órdenes desde el Ejecutivo, esgrimen razones supuestamente “políticas” para dar curso a las aspiraciones y mandatos que vienen del Ejecutivo. Las razones políticas se escudan en la cortina de humo de que este es un momento de cambio, eminentemente “revolucionario”, que no aceptará restringirse ni siquiera a la Constitución Política que ellos mismos han aprobado. En realidad no existen razones, no existe la Ley, las leyes son todas transitorias e impera el mandato de quien es hoy dueño y señor de todas las acciones y leyes a su arbitrio. De esta manera se borró de un plumazo el Órgano Legislativo, que ha dado muestra de que no existe con la característica de separación de poderes y el Órgano Judicial que tampoco tendrá independencia. Ahora podemos entender a cabalidad porque en la nueva recomposición, no existen Poderes, sino “Organos”, lo que implica una diferencia substancial porque muestra que está dentro del plan de reconcentración de poder dentro del Ejecutivo.
No faltó quien con buena predisposición habló del vacío constitucional (un Senador oficialista) que ponía en una situación que había que resolver de algún modo, y fue amonestado duramente por el Presidente de la Comisión, un hombre de una larga trayectoria en favor de los DD.HH, que sin embargo está dispuesto a olvidar todo el espíritu universal y garantista de los DD.HH para cumplir con el “encargo y el deseo” del Presidente. Esto es lo controvertido y sorprende porque hay personas inteligentes, con un pasado democrático que ahora están dispuestas a olvidarlo totalmente y a sufrir la “amnesia revolucionaria” que propone la vigencia de un caudillismo que seguramente provocará muchos dolores, persecuciones y violaciones de DD.HH en nuestro país.
No se pueden hacer leyes ajustadas al mandato único del Presidente, ni se pueden ir entallando estas leyes a la medida de las necesidades del poder concentrado en una sola persona. Bolivia va cayendo en un precipicio a nombre de la “revolución”, sin razonar que la verdadera “revolución” es gobernar en respeto a las leyes y a las garantías constitucionales y profundizar en vez de obviar los derechos Humanos de la nación boliviana
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