Integrantes de la comisión de diputados “Justicia y verdad” anunciaron ayer que gestionarán una entrevista con el exfiscal Marcelo Soza (en Brasil) y, la próxima semana, se trasladarán a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) para conversar con funcionarios públicos detenidos por terrorismo.
La comisión, conformada por asambleístas de la oposición y disidentes de oficialismo, decidió investigar el caso terrorismo pese a que fue desconocida por la presidencia de la Cámara Baja.
En tanto, la senadora Carmen Eva Gonzales, de Convergencia Nacional, denunció que los ministros Carlos Romero, Nardi Suxo, Juan Ramón Quintana y el fiscal general, Ramiro Guerrero, son parte de “Gabinete Jurídico que manipulaba los procesos judiciales de interés del Gobierno”. Pidió al Ministerio Público que convoque a declarar a los ministros sobre los casos de extorsión y terrorismo.
“En el caso del ex fiscal Marcelo Soza trataremos de hacer un esfuerzo en las próximas semanas para entrevistarlo”, dijo ayer Fabián Yaksic, diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) e integrante de la “Comisión de Justicia y Verdad”.
El ex fiscal Soza fue el principal investigador del caso terrorismo y desde el 11 de marzo reside en Brasil en condición de refugiado temporal. El exfuncionario huyó del país denunciando presiones e irregularidades en el proceso contra 39 acusados por terrorismo.
Informó además que solicitarán a la Fiscalía General de Estado, información y el listado de todos los fiscales que han estado investigando los casos terrorismo, red de extorsión, Chaparina, del exmayor Fabricio Ormachea y del exfiscal Marcelo Soza.
Dijo que la tarea comenzará en el recinto carcelario de Palmalosa donde se encuentran recluidos, según Yaksic entre siete y ocho funcionarios públicos y al menos dos o tres fiscales implicados en los casos mencionados.
La comisión “Justicia y verdad” se reunió ayer en la ciudad de La Paz. La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, aclaró que la comisión no pretende encontrar indicios de culpabilidad, sino de responsabilidad de servidores públicos.
“Vamos a activar una serie de peticiones de informes orales y escritos a todos los servidores públicos que hayan participado en todos estos casos, desde primeras autoridades del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, policías de controles migratorios y las Fuerzas Armadas lo que estamos viendo es la fiscalización sobre las instituciones como dice la Constitución Política del Estado (CPE)”, dijo Delgado.
Denuncian a ministros
La senadora Carmen Eva Gonzales identificó a los ministros Carlos Romero, Nardi Suxo, Juan Ramón Quintana y al fiscal general, Ramiro Guerrero, como los miembros del “Gabinete Jurídico” que supuestamente manipulaba los procesos judiciales de interés del Gobierno.
“Existe dentro el Gobierno una red delincuencial de jueces, fiscales y abogados que se denominan ‘Gabinete Jurídico’, que manipulaba todos los casos de interés político de este Gobierno”, señaló, de acuerdo a reporte de radio alternativa de la Red Erbol.
Gonzales afirmó que las autoridades son “operadores intelectuales de los procesos de terror delincuencial y corrupción”.
Gonzales afirmó que las autoridades son “operadores intelectuales de los procesos de terror delincuencial y corrupción”.
“Todos estos personajes grandes de nuestro Estado Plurinacional deberían ser convocados a declarar inmediatamente junto a los operadores de la red de extorsión”, agregó.
Después de la última audiencia del caso de la red de extorsión, la legisladora reveló que el exfiscal, ahora detenido, Edward Mollinedo, dijo que existía un “Gabinete Jurídico” en el Gobierno para ejercer una influencia directa entre los fiscales y tribunales.
La Senadora exigió al Gobierno que autoricen a Dennis Rodas y Fernando Rivera para que revelen “secretos” de Estado, puesto que el Código Penal los inhibe de dar detalles de los casos en que ellos participaron como abogados del Ministerio de Gobierno.
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