imposible seguir mintiendo. seguir deformando los hechos. encubriendo las responsabilidades de los crímenes cometidos. oh portento! como el boomerang, la espada se vuelve contra sus autores, todo el juicio está demostrando que las armas siempre fueron del Gobierno, los terroristas "las compraron" de la policía. Harold Olmos

Las revelaciones del abogado Otto Ritter sobre el origen policial de las armas mostradas por el gobierno como una evidencia de la conspiración que atribuía a Eduardo Rózsa Flores han precipitado una avalancha que hoy luce incontenible. El caso que se inició el 16 de abril de 2009 parecía recubierto por una coraza irrompible, pero ahora ha aparecido una luz al final del túnel del episodio sangriento del Hotel Las Américas.

En la explicación que Ritter hizo el martes ante jueces, fiscales y público en el Palacio de Justicia, aparece la UTARC como origen de aquellas armas, que causaron asombro por su sofisticación. En la ecuación juega el papel de ariete el capitán Walter Andrade. El capitán era miembro prominente de la UTARC, de donde venían las armas.

No es lo más relevante, por el momento, determinar si hubo alguna transacción comercial para esta transferencia ilegal de armas. Una posibilidad es que Rózsa hubiese pagado por las armas y en ese caso habría que saber el origen del dinero y quién recibió el valor de la transacción; otra posibilidad es que hubiesen sido cedidas (poco probable) al grupo que supuestamente empezaba a formar el boliviano-húngaro-croata para desencadenar una campaña que se volvería más siniestra con la participación de una unidad de la policía boliviana o de alguno (s) de sus miembros. El hecho principal parece ser que armas de la policía estaban en manos de un grupo supuestamente irregular cuyos miembros se hacían fotografiar con ellas. Y la misión atribuida al grupo era nada menos que dividir Bolivia!

Una pieza esencial de todo este razonamiento es que la UTARC, disuelta poco después del episodio, o algunos de sus miembros, estuvieron envueltos en una operación que degeneró en el muerte violenta de tres personas y en persecuciones políticas y judiciales como nunca en la historia de Santa Cruz. Es aquí donde radica uno de los ángulos más graves de la denuncia formulada el martes por el abogado Ritter. Y es por esa gravedad que urge conocer todo el expediente misteriosamente desaparecido que revelaba detalles del enredo. El abogado dijo que hay copias de esa documentación y que está listo a hacerlas conocer en la medida en que avance el juicio instalado en Santa Cruz al comenzar la semana.

El enredo se vuelve más pantanoso al indagar sobre la “cadena de mando” para este caso. El presidente Morales dijo que él mismo había dado la orden de ejecutar la operación. Pero creo que la cuestión no se agota en quién dio la orden final, sino que se extiende hacia quienes conocían los pormenores de lo que ocurría.

Lo sucedido estos dos días en el Palacio de Justicia parece explicar el porqué de la insistencia de algunas autoridades en celebrar las audiencias en cualquier otro lugar, menos en Santa Cruz, donde comenzó el caso y donde ahora parece cerca del final. Pronto deberán ocurrir las presentaciones del general Prado Salmón y de “El Viejo”, que ha prometido decir todo cuanto sabe en cuant