La rebelión de transportistas y gremiales contra el proyecto de Ley de Extinción de Dominio significa una nueva fractura en el bloque oficialista, que ve alejarse a un empresariado popular que maneja nada menos que el 70% de la economía nacional (la informalidad).
Anteriormente, habían sido los indígenas de oriente y occidente los que se alejaron del “bloque hegemónico” (para usar la terminología de Álvaro García Linera), en ocasión del conflicto del TIPNIS.
Asimismo, la apresurada expulsión del MSM del esquema de gobierno provocó la pérdida de un importante segmento de la clase media paceña para el oficialismo.
De esta manera, se profundiza el proceso de aislamiento político del evismo, cada vez más replegado hacia su núcleo duro: el sector cocalero del Chapare.
Poderoso síntoma de este nuevo cisma son las fricciones surgidas entre el Ejecutivo y la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, que cuenta con varios parlamentarios salidos de cuotas corporativas de transportistas y gremiales.
Este es el contexto que explica los dimes y diretes entre la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, y el ministro de gobierno, Carlos Romero; así como el “llamado de atención” que el presidente Evo Morales habría hecho a los diputados masistas, según el parlamentario de esa tienda política, Donato Callisaya.
Cabe preguntarse por los efectos que esto tendrá sobre la hegemonía en el Legislativo del partido de gobierno, teniendo en cuenta que las filas de los diputados disidentes podrían engrosarse con representantes de los sectores en conflicto…
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