Este curioso Cha-cha-cha de palabras, en el que degeneró la violenta represión ejercitada por la Policía en contra de la octava marcha indígena en Yucumo, parece adquirir cada día ribetes de mayor espectacularidad, especialmente con la reciente carta de la ex ministra de defensa Cecilia Chacón, donde devela una serie de pormenores que hasta hace un año nadie conocía o al menos estaban vedados a la opinión pública.
La exhibición extemporánea de tales testimonios, a consecuencia del nombramiento del ex ministro de gobierno Sacha Llorenti como embajador ante las Naciones Unidas, recién un año después de tan luctuosos acontecimientos, no pareciera obedecer a un acto de envidia, despecho o desagrado personal ante dicha designación, pues los hechos nos demuestran que, al margen de las desinteligencias surgidas en gabinete entre ambos dignatarios a tiempo de planificar el estropicio, pueden existir razones de mayor peso que ocasionen dichas afirmaciones, como aquellas que tienen que ver con las demandas interpuestas por los dirigentes indígenas Adolfo Chávez y Fernando Vargas ante la Corte Penal Internacional de la Haya, a la cual acaba de añadirse la querella del dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, ante Mutuma Ruteere, relator especial de la ONU, por las agresiones sufridas ese 25 de septiembre en Chaparina, donde su propia hija estuvo entre los menores agredidos.
Según la página oficial de la ONU, y como muestra de una tácita admisión de la causa, dicho relator indicó: “Tendré en cuenta los retos existentes para la eliminación del racismo y la discriminación racial en Bolivia y trataré de participar de manera constructiva con el gobierno para hallar posibles vías hacia la aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas adoptadas en la lucha contra esos flagelos”.
La Corte Penal Internacional de la Haya, organismo de justicia que no fue elegida por el 60% de los votos blancos y nulos del centenar de países que la conforman y es reticente a cualquier intento de coima o soborno, procesa dichas querellas, demandas y solicitudes, desde hace más de medio siglo, con la seriedad e idoneidad que le caracteriza y, en lo que a las denuncias de los TIPNIS se refiere, con seguridad que éstas serán substanciadas hasta concluir el proceso contra los demandados, entre los cuales debe figurar la ex ministra, sin importar si renunció o no a su cargo, ya que su dimisión se efectuó después de los hechos y, por lo tanto, la única forma de eximirse de dicha responsabilidad y lograr una atenuante que la libre de ser imputada, consistiría en colaborar con la fiscalía del organismo judicial y/o constituirse en parte querellante, denunciando los entretelones de la determinación que llevó a cometer tales abusos.
A tiempo de la reciente juramentación de la abogada de Gambia, Fatou Bensouda, (según TIME una de las 100 personas más influyentes del mundo) como fiscal de la Corte, el director de Human Rights Watch, Richard Dicker manifestó que: “Su liderazgo ayudará a avanzar en los casos, construir puentes con las víctimas y empujar a los países a apoyar la aplicación imparcial de la ley para que el trabajo se haga”. Obviamente se refería a Siria, uno de nuestros aliados que, como en Libia, la defensa de los derechos humanos está muy cuestionada, como lo que se colige de la carta de Chacón a Sacha sobre Chaparina.
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