UNO DE LOS MAS GRANDES
TIMOS DE LA HISTORIA
Walter H. Zuleta Roncal
En el análisis crítico de esa variopinta y
confusa Constitución Política del Estado Plurinacional –que pretendo intentar-
resulta ineludible la alusión, en primer término, al génesis de dicha
aberración jurídica, que de forma fraudulenta se apropió del nombre de Asamblea
Constituyente, en época en la que se pretendió convencer a la opinión pública y
al entorno internacional que el pueblo boliviano exigía nueva Constitución y se apropiaba de los enunciados de “cambio” y “refundación de la República” como respaldo a sus anhelos de mejorar
su nivel de vida, que hasta hoy no ha ocurrido.
No es verdad comprobada que “los bolivianos
hubiéramos participado en la lucha llevada a cabo para que se convoque a la
Asamblea Constituyente”, ya que el término “bolivianos” representa un TODO, la decisión del todo implica unanimidad, en tanto que el apoyo al gobierno y la aceptación a la
Asamblea Constituyente mediante referéndum apenas alcanzaron a un 54% y 56% de
la población votante en el 2006, porcentajes muy alejados de la imprescindible totalidad.
No es un misterio tampoco que para casos de
reforma total o cambio de la C.P.E., o de “refundar
el país” como ostentosa e incoherentemente denominan a esta aberración
jurídica e histórica los apóstoles del caos y la ignorancia, es imprescindible
la voluntad general del pueblo representada en la teoría y la práctica por lo
que viene a ser el PODER CONSTITUYENTE
que requiere, sino del unánime, por lo menos del 90% de apoyo del pueblo, tal
como ha ocurrido en los países del mundo –y también en el nuestro- en la
aprobación original de sus Constituciones a partir de 1776
Pienso por tanto que los bolivianos fuimos
testigos y víctimas de uno de los más grandes timos de la historia. Por años las nefandas fuerzas combinadas que,
públicamente unas y entre bastidores otras, hoy gobiernan el país, recurrieron
a todos los medios para convencer internamente lo mismo que a la opinión
internacional que el pueblo boliviano exigía el cambio –no la reforma- de la
C.P.E. como método para solucionar problemas de una economía empobrecida y los
complementarios de injusticia social y ausencia de desarrollo económico,
político y cultural.
Lo malo fue que una mayoría nacional así lo
creyó y muy pocos políticos y profesionales del Derecho se atrevieron a expresar
una verdad irrebatible: que el cambio de la Carta Magna de modo alguno
soluciona los problemas de la Patria, aunque sí el simple deseo de perpetuarse
en el poder que tienen sus propiciadores, como lo demuestra a lo largo de
nuestra historia la aprobación de 17 Constituciones, -se dice que ahora ya son
18- junto a más de 80.000 disposiciones
legales entre leyes, decretos supremos y resoluciones supremas, casi todas
repetidas, incoherentes, pero sobre todo
inaplicadas, lo que ha llevado a muchos pensadores a afirmar que los bolivianos
tenemos el prurito de endilgar todos nuestros males a las leyes, sin tomar en
cuenta que en su respectiva oportunidad, no las conocimos y mucho menos las
respetamos y cumplimos.
Hasta hoy nadie y mucho menos el artífice aparente
de este descalabro jurídico, el presidente Morales Ayma, ha explicado técnicamente dónde se encontraba
lo perjudicial de la C.P.E. vigente desde 1967 con modificaciones legítimas de
1995, ni cuál de sus partes, secciones, capítulos o artículos determinaban la
ausencia de igualdad, justicia y equidad o el atraso económico, social y
cultural de nuestro pueblo.
Tampoco nadie ha dicho que aplicando la lógica
pura es imposible que la población desperdigada en el agro, lejos de los
conglomerados sociales urbanos haya pretendido o exigido el cambio de una
Constitución que no alcanzó a conocer plenamente.
Las “reformas constitucionales” del 2004 lo
mismo que la Ley de Convocatoria del 2006 merecen trato aparte, no sólo por el
análisis simple de la inconstitucionalidad de ambas y que increíblemente no
impugnaron en su tiempo políticos, abogados y parlamentarios, permitiendo que el Poder Legislativo
transfiriera inconstitucionalmente a otras
personas, en solo una gestión
parlamentaria, su potestad de modificar o reformar la C.P.E., sino también por la actitud poco ética y
cobarde del Presidente de la República que incumplió su juramento de hacer
respetar la Constitución, sometiéndose a las arbitrariedades de un partido
político con circunstancial apoyo popular,
que en condiciones de seguridad jurídica, o en otro país, seguramente habrían
determinado un contundente juicio de responsabilidad motivado en el
incumplimiento de deberes constitucionales o por traición a la Patria.
Hay que reconocer que la Asamblea Constituyente
nació muerta y que su producto, la
C.P.E. del 2009 de costo tan elevado para la economía nacional, no tendrá más
larga vigencia que aquel término que logre mantener el presidente Morales Ayma,
para continuar gobernando despótica y abusivamente en un país donde la política
es siempre cambiante y los términos políticos se acortan cada vez.
Nos queda a los bolivianos adoptar simplemente
una actitud de unidad nacional para evitar que el fraude o timo referido sea
repetido o imitado, pues con vergüenza se ha comprobado que el hato denominado
Asamblea Constituyente no ha podido
asumir y ni siquiera entender la conformación de ese maravilloso
“encuadramiento jurídico del fenómeno político” de que nos habla Maurice
Hauriou al referirse a la Constitución.
Washington, enero del 2012
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