Colocar las dos palabras “neoliberalismo” y “cambio” en su exacto lugar, nos permitirá evaluar correctamente las cosas que han dejado de ser y las cosas que han comenzado a ser desde 2006, sin que un imaginario abismo separe un momento histórico del otro
Hasta ahora los gobernantes han logrado posicionar dos palabras con gran éxito, una para el pasado y otra para el presente, y ése es uno de sus mayores éxitos en estos seis años (que no son pocos). Para el pasado democrático la palabra instalada que usan incluso los más duros opositores, es “neoliberalismo”. Para el presente la palabra que usan todos es “cambio”, pero en este caso sumada a “proceso”. El “proceso de cambio” es una consigna, una definición, una idea-fuerza extraordinariamente exitosa, porque implica la transformación, da por hecho que todo lo anterior desapareció y fue sustituido por algo nuevo, un camino que se está recorriendo.
Es indudable que Morales llegó en 2006 montado en una ola que fue en realidad un tsunami. Por diversas razones la elección del 2005 expresó la voluntad mayoritaria de los bolivianos de cambiar, de cerrar formalmente la página histórica que se había cerrado en las calles en octubre de 2003. Dos líneas confluyeron en ese momento; el posicionamiento definitivo de los indígenas en el centro del poder a través de alguien que los representaba directamente, y la concreción de la reivindicación histórica de las autonomías.
Ninguna de las dos era el comienzo de nada, por el contrario, ambas significaban la culminación de un largo tránsito con su propia historia, sus etapas, sus personajes y sus conquistas. La centralidad indígena comenzó a gestarse de manera clara en 1952 y la demanda autonómica comenzó a cristalizar en las luchas cívicas de Santa Cruz a fin de los años 50 (en direcciones distintas, las dos se produjeron durante los gobiernos de la Revolución Nacional).
La primera tarea para poder hacer una lectura correcta de lo que estamos viviendo hoy es desenmascarar la consigna, rechazar la palabra “neoliberal” para caracterizar un periodo extraordinariamente valioso en avances, no sólo de la democracia, sino de la inclusión y las autonomías. Las medidas revolucionarias a favor de los indígenas de los 50 y las luchas desde las regiones contra el centralismo, fueron impulsadas de modo decisivo entre 1982 y 2006.
El cambio que hoy se cacarea con tanta fuerza no hubiese podido darse sin la Reforma Constitucional de 1994 que reconoció la nación pluricultural y multiétnica. No se puede entender sin las leyes de Reforma Educativa cuyo espíritu copia la Avelino Siñani adornada con lenguaje y retórica “descolonizadora y revolucionaria”, Participación Popular el verdadero punto de partida de las autonomías indígenas y de las autonomías departamentales. Ni que decir del triunfo de los marchistas del oriente y su reconocimiento por el Gobierno en 1990, la Ley INRA que estableció parámetros claros de responsabilidad económica y social de la tierra, impuestos sobre los latifundios y reconocimiento de tierras comunitarias de origen y de tierras comunales andinas.
La Reforma Constitucional de 2004 incorporó la Asamblea Constituyente y creó la figura de los referendos. Además, en 2005 el Gobierno convocó a la elección directa de prefectos.
Todo aquello se pretende borrar hoy de la memoria colectiva nacional, y se omite a nivel internacional para convencer a la comunidad internacional que este Gobierno lo inventó todo.
Si los gestores y publicistas del actual régimen tuvieran un mínimo de honestidad intelectual encadenarían, como se hizo en todo el periodo democrático anterior, los logros del conjunto de la sociedad boliviana en los últimos 60 años (en este 2012 se cumple precisamente el sexagésimo aniversario de la Revolución de 1952) como parte de la explicación de lo hecho a partir de 2006. Sólo así podremos entender y reconocer el proyecto histórico pergeñado el 2005 y concretado entre bandazos en el periodo 2006-2009, cuando se redactó una Constitución entre cuatro paredes, mientras los constituyentes y el país entero se polarizaban y se enfrentaban de modo dramático e irracional.
Lo que Morales hizo en su primera gestión fue profundizar las ideas de inclusión y no discriminación ya existentes, fortaleciendo al máximo la presencia indígena. Optó por un reconocimiento explícito de los indígenas a diferencia del reconocimiento implícito de la Constitución de 1967, dio el salto de lo pluri multi a las “naciones”, cuyo elemento más significativo es la justicia comunitaria. Lo que aún está en debate, pues no está nada claro, es cómo se expresan o expresarán como entidades nacionales dentro de la nación boliviana.
En lo económico trató de profundizar sin demasiado éxito el cambio planteado por el Referendo de Hidrocarburos de 2004. Su política falsamente “nacionalizadora” se estrelló contra una dura realidad, pésima gestión de los hidrocarburos. En otros ámbitos tuvo serios problemas iniciales en la fundición de estaño y una terrible realidad de insuficiencia en la generación de energía en las eléctricas. Si a ese panorama le sumamos los arbitrajes internacionales pendientes, la línea nacionalizadora no ha hecho otra cosa que naufragar.
Colocar las dos palabras “neoliberalismo” y “cambio” en su exacto lugar, nos permitirá evaluar correctamente las cosas que han dejado de ser y las cosas que han comenzado a ser desde 2006, sin que un imaginario abismo separe un momento histórico del otro.
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