No obstante las reformas que lleva adelante el presidente Evo Morales, la mayoría de los indígenas "continúa sufriendo pobreza extrema y exclusión" y sin pleno acceso a la justicia en Bolivia, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
La funcionaria, de nacionalidad sudafricana, cerró el martes cinco días de reuniones en Bolivia con una rueda de prensa en la que dijo que pidió a Morales ajustar algunas de las recientes leyes "a los estándares internacionales", y que se aplique un debido proceso en juicios que involucran a opositores políticos.
Pillay felicitó al gobierno por la reciente aprobación de una ley contra el racismo y la discriminación de la que dijo que "representa un avance histórico", pero aclaró que si la norma no está adecuadamente regulada "puede afectar a la libertad de expresión".
Gremios de la prensa cuestionaron dos artículos de esa ley que según dirigentes del sector, permite el cierre de medios, lo que atentaría contra la libertad de expresión. Pillay recomendó a las organizaciones participar de la regulación de la norma para evitar posibles excesos.
"La acción legal contra los opositores es un asunto de preocupación y por esta razón es necesario enfatizar que el debido proceso debe seguirse", dijo Pillay en relación a varios procesos en contra de dirigentes de la oposición varios de los cuales han denunciado supuesta "persecución política".
Pillay también dijo que habló con Morales sobre la necesidad de contar con una "justicia independiente" ante denuncias de la oposición de nombramientos de altos cargos judiciales por parte del Ejecutivo.
También dijo que le preocupa la impunidad por crímenes pasados y recientes contra los derechos humanos y llamó a las autoridades a acabar con la retardo judicial.
"Felicité al gobierno por las profundas reformas legales, políticas e institucionales dirigidas a poner fin al discriminación y exclusión históricas de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables", dijo la comisionada.
Pillay se reunió con comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, con el defensor del pueblo y autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial para evaluar los avances del país.
Su visita respondió a una invitación del mismo gobierno.
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