ha tenido que difundir el INFORME presionado y mostrar que la hoja y la cocaína son vitales y tienen que tratarse con transparencia. rotundo fracaso. más cultivos, más cocaína. basta de seguir mintiéndonos sobre el tema, sostiene Los Tiempos

Además de impulsar un gran y transparente debate interno sobre el tema, el Gobierno debe abandonar su conservadora posición prohibicionista, alineada con los exponentes más reaccionarios de la política estadounidense

Presionado por la comunidad internacional y varios sectores del país, el Gobierno ha tenido que difundir los resultados de una investigación sobre consumo de hoja de coca, financiado por la Unión Europea.

Más allá de los resultados difundidos y de su cuestionada credibilidad, y pese a que las autoridades intentan limitar el debate sobre ellos con los productores de coca, lo cierto es que el tema de la hoja –y su inevitable relación con la producción de cocaína y sus derivados– es central para la vida del país y, como tal, debe ser tratado en forma transparente y participativa para definir una política de Estado.

Se puede constatar que lo que hasta ahora se ha hecho constituye un rotundo fracaso: han aumentado los cultivos de coca y la producción de cocaína.  Además, hay un evidente empoderamiento de ciertos sectores productores de coca que se relacionan con fabricantes y comercializadores de drogas ilegales, lo que limita la capacidad de interdicción del Estado. Así, mientras que, de un lado, se puede considerar como un éxito el aumento del volumen de las incautaciones y reducción de cultivos, del otro lado se confirma la mencionada expansión.

Hay que añadir que aumenta el consumo interno de drogas ilegales y los países vecinos denuncian el crecimiento del ingreso de éstas desde Bolivia y Perú, lo que afecta a sus propias sociedades y los convierte, además, en puertos de salida de esos productos hacia el mundo desarrollado. Asimismo, se debe sumar el ingreso de drogas sintéticas y su creciente consumo en el país.

Se trata, en definitiva, de un complejo problema que trasciende visiones particulares. Es decir, sería un error que el Gobierno debata sobre el tema sólo con los productores de coca, pues éstos, más allá de su identificación política (ya no tanto ideológica) con éste, harán primar sus propios intereses que, ahora, están contrapuestos a los del resto de la sociedad. Es decir, ya no sucede, como pudo creerse en el pasado, que la defensa de la producción de coca es una cuestión de dignidad nacional o un instrumento de lucha contra el “imperialismo”. En las condiciones actuales, esta situación sólo tiende a deslegitimar interna y externamente al Gobierno y ha sido el propio presidente del Estado quien implícitamente lo ha reconocido hace algunas semanas  frente a su principal base de sustento.

En ese escenario, el Gobierno, además de impulsar un gran y transparente debate interno sobre el tema, debe abandonar su conservadora posición prohibicionista, alineada con los exponentes más reaccionarios de la política estadounidense, y acercarse a Gobiernos y personalidades de la región que, al margen del signo ideológico que representan, han decidido impulsar un proceso de reflexión sobre las estrategias de lucha contra la producción, comercialización y consumo de drogas ilegales.

Si para esto sirve este mal nacido informe sobre consumo de coca en el país, se habría dado un paso adelante. De contrario, asistiremos a una situación en la que, fundamente, todos seguiremos mintiéndonos, ahondado el problema.

verguenza: Bolivia a la cola por incumplimiento de contratos. es que como el Jefe opina "metéle nomás" por encima de toda norma, las cosas llegan al extremo. Banco Mundial y Corporación de Finanzas ponen a Bolivia la cola con Ecuador y Venezuela que no cumplen con los negocios. Es el cambio?

El periodista Andrés Oppenheimer ha publicado un ilustrativo artículo intitulado El ranquin del cumplimiento de contratos (La Nación. Buenos Aires, 5.11.13), relativo a un nuevo estudio comparativo de 189 países, realizado por el Banco Mundial y la Corporación Internacional de Finanzas, sobre las facilidades que se otorgan para la creación de nuevas empresas y cuán fácil –o difícil– es hacer valer un contrato en cada país.
Ciertamente, los ranquins del comportamiento de los países contribuyen a precisar el lugar que ocupan en el mundo en ciertas áreas de actividad, mostrando necesidades y urgencias. Y, en este caso, como en muchos otros, hay una constante: los países latinoamericanos con gobiernos populistas y autoritarios, figuran entre los últimos, es decir, están ubicados en la franja ominosa de los perdedores.
En el estudio Haciendo negocios 2014 se examinan las facilidades que los gobiernos otorgan para la creación de nuevas empresas, y el resultado no es sorprendente: los latinoamericanos mejor ubicados, entre los 189 países estudiados, son Chile (34), Perú (42), Colombia (47) y México (53) –todos miembros de la Alianza del Pacífico. Entre los últimos figuran Nicaragua (124), Argentina (126), Ecuador (135), Bolivia (162) y Venezuela (181), es decir, al final de la tabla comparativa.
En cuanto se refiere al cumplimiento de los contratos en los mismos 189 países, los resultados tampoco son halagadores. “El tiempo promedio para que un tribunal haga cumplir un contrato es de 270 días en Rusia, 405 días en China, 426 días en Perú, 590 días en Argentina, 610 días en Venezuela, 725 días en Uruguay, 731 días en Brasil, 1.288 días en Colombia y 1.402 días en Guatemala. La excepción a la regla es México, donde lleva 400 días, dice el estudio”. Y Oppenheimer comenta: “Uno puede llegar a viejo antes de hacer cumplir un contrato de negocios”.

Los ranquins han venido mostrando comparaciones que resultan penosas para los pueblos bajo regímenes populistas, los que no figuran entre los exitosos. En este caso cobra significación lo que el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirma: el estudio prueba que “las economías con mejores regulaciones para el sector privado son más propensas a animar a los empresarios locales a crear más empleos, otro paso en la dirección correcta para acabar con la pobreza extrema en 2030” (citado por Oppenheimer). Este es uno más de los muchos ranquins que muestran el rezago de algunos países de América Latina, creando tanta decepción

Freddy Zárate repasa la historia de los partidos políticos y de gobiernos en que "la credencial del partido" era, como hoy el único aval para ocupar cargos de responsabilidad.

La dictadura de Luis García Meza (1980-1981) fue un periodo protagonizado por la violencia, la intolerancia y abuso excesivo del poder autoritario. Un hecho muy notorio de la época fueron los crímenes de la calle Harrington. El 15 de enero de 1981 se reunía la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El grupo fue delatado e interceptado por Luis Arce Gómez, quien organizó un operativo de aniquilación que culminó con el asesinato de ocho dirigentes del MIR, donde –según la prensa de la época– milagrosamente se salvó la dirigente Gloria Ardaya. Este hecho político fortaleció enormemente al partido de izquierda revolucionaria. No por nada el líder principal, “el político de raza”, Jaime Paz Zamora fue el acompañante a la vicepresidencia de Hernán Siles (UDP). En esos años el MIR aglutinaba a sectores universitarios y “clase” media.

Entre sus dirigentes más destacados se encontraban Óscar Eid Franco, Alfonso Ferrufino, Antonio Araníbar, Miguel Urioste, Guillermo Capobianco, Fernando Cajías de la Vega, Ramiro Velasco Romero, entre muchos otros. La idea tan popular y extendida de ese tiempo era el retorno de la democracia. En otras palabras, dadas las circunstancias históricas, políticas y emocionales de la dictadura, la democracia se convirtió en un proyecto de poder. Las guerrillas “revolucionarias” del Che Guevara y Teoponte no tuvieron éxito alguno. A decir de Fernando Molina hubo una “conversión sin fe”. Transitaron de revolucionarios a demócratas convencidos.

El 10 de octubre de 1982 se instaura el parlamento y por consiguiente se reconoce la victoria electoral de junio de 1980 de Unidad Democrática Popular (UDP). Hernán Siles Zuazo ganó las justas electorales con el 507.173 votos (38,74 por ciento).

Una coalición que reunía al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Como toda coalición a pesar de ser “revolucionaria”, implica también pugnas por espacios de poder, ministerios, direcciones, en fin, todo lo que se pueda controlar a favor de cada uno de estos partidos.

En esa época muchos dirigentes, políticos y jóvenes intelectuales volvieron del exilio político, o simplemente retornaron a Bolivia porque ya había condiciones de estabilidad política. Los años 80 fueron para esa generación, ni duda cabe, el comienzo de una “nueva Bolivia democrática”.

Pero una cosa es el discurso, la retórica y la ideología y otra cosa muy distinta la realidad fáctica que se contrapone a esos discursos bien intencionados. En tal sentido es ilustrativo un hecho que se repetirá ya sea con revolucionarios o neoliberales.

En esa época, una conocida política de izquierda como cuota de poder tenía a su cargo la Dirección de la institución Flacso con subsidiaria en La Paz. En ella recibía a “intelectuales” para emprender cursos de formación política e iniciar una revista sobre teoría política. Pero los postulantes tenían que tener ciertas credenciales (no necesariamente méritos académicos): en lo principal era ser militante del MIR o del PCB. Muchos jóvenes intelectuales de gran nivel académico no fueron tomados en cuenta por no tener esas credenciales políticas que certifiquen su militancia “revolucionaria”.

Esta figura se repite constantemente, ya sea con partidos de izquierda o de derecha. La pugna política (independientemente de su ideología) es en el fondo por cargos y “pegas”. La burocracia boliviana, al carecer de suficientes lugares de trabajo necesita avales o recomendaciones para acreditar su militancia. Está en segundo plano la formación académica o el tener méritos administrativos. Lo que importa y prima es la “lealtad” política. La historia burocrática de Bolivia es fecunda en enseñanzas políticas que tipifican su modalidad espiritual, sus costumbres profundas y sus procedimientos que no afectan a la ideología que profesan, sino que generalmente son símbolo de la versatilidad de los políticos.

El autor es abogado

Bolivia vive exportando gas hace 50 años y todavía altos porcentajes de bolivianos viven a carbón y leña, o las zonas dueñas de esa riqueza acusan márgenes de pobreza intolerables. El Dia, SC

El presidente Morales expresó hace unos días en Tarija una de las facetas más tristes de la mentalidad boliviana, “colonizada” por la idea de que todo lo que viene de afuera es mejor y que nuestro pueblo no es capaz de surgir por sus propios medios, lo que nos conduce a un estado de baja autoestima social, al pesimismo y al menosprecio generalizado de cualquier idea o creación que brota de un cerebro boliviano.

Durante el evento “Soberanía Hidrocarburífera al 2025” (qué ironía) el primer mandatario trató de justificar por qué Bolivia no aprovecha su gas para generar industrias, para mejorar el bienestar de los bolivianos y para crear fuentes de trabajo, argumentando que “exportando gas ganamos más que usando el gas en las termoeléctricas y el pueblo gana más económicamente”.

Esa premisa sería aceptable en cierta medida en el caso de que al igual que los países nórdicos, Bolivia utilizara el dinero de la exportación del gas en la diversificación productiva, en dar un salto cualitativo en la educación, en la promoción de la ciencia y la tecnología, pero todos sabemos que la platita es malgastada en satélites, en teleféricos, canchitas de fútbol, en aeropuertos sin seguridad y otros “chiches” tecnológicos que no sabemos ni siquiera manejar y que nos los venden “llave en mano” para que un boliviano sea el guardia de seguridad, el que cobra los  boletos o el que hace la limpieza.

Se le da mucho valor a los millones que ingresan al país, pero ese dinero no sirve de nada si no se lo usa bien. El valor del dinero es relativo y depende de quién es el poseedor. Nuestra gente tiene fama de ahorrativa, pero de qué sirve que los billetes estén debajo del colchón y el dueño siga viviendo en condiciones precarias. Vemos todos los días cómo prósperos comerciantes no cambian su estilo de vida. Construyen sus casas y en lo primero que piensan es en el puesto de venta que da a la calle y ellos se quedan relegados a la parte trasera del terreno, donde se instalan en condiciones bastante precarias.

Bolivia exporta gas hace 50 años y a nadie se le ha ocurrido pensar en un equilibrio; es decir, que parte de esa valiosa energía que aprovechan los grandes centros industriales de Brasil y Argentina, se queden en el país para hacer exactamente lo mismo, ayudar a mejorar el bienestar de los bolivianos, 30 por ciento de los cuales continúan cocinando a leña.

La historia de la humanidad podría resumirse a una constante búsqueda de energía. Bolivia ha perdido gran parte de su territorio por la avidez de los vecinos por nuestras riquezas energéticas y lamentablemente no aprendemos la lección. El departamento de Santa Cruz es el único del país que ha podido aprovechar parte de esa energía y ese factor fue determinante para que se convierta en el motor de la economía nacional. Pero no se puede decir lo mismo de Tarija, cuyo subsuelo aporta hoy la mayor parte del gas que se produce, pero lamentablemente y coincidiendo con los intereses capitalistas transnacionales, el 85 por ciento de esa producción se va al exterior para generar riqueza en los países vecinos. Acá nos quedamos con la plata, que va y viene pero nunca llega a la vida de los bolivianos.

Bolivia exporta gas hace 50 años y a nadie se le ha ocurrido pensar en un equilibrio; es decir, que parte de esa valiosa energía que aprovechan los grandes centros industriales de Brasil y Argentina, se queden en el país para hacer exactamente lo mismo, ayudar a mejorar el bienestar de los bolivianos, 30 por ciento de los cuales continúan cocinando a leña.

Teresa Zubieta de la Asamblea Permanente de DDHH recordó que en la masacre de Todos Santos hace 34 años 300 murieron y otros cientos resultados heridos cuando Natusch Busch tomó el poder de manos del Dr. Walter Guevara Arce que había sido designado Presidente Constitucional. hasta ahora no hay un proceso. (LTD)

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Teresa Zubieta, dijo hoy que la "Masacre de Todos Santos", en la que murieron al menos 300 personas y quedaron heridas alrededor de 500 en el golpe de Estado ejercido por el coronel Alberto Natush Busch en 1979, fue el "horror y la vergüenza en la historia del país".

"La Masacre de Todos Santos, viene a constituir el horror y la vergüenza de nuestro país", dijo en entrevista con radio Patria Nueva al recordarse en Bolivia 34 años de ese suceso que duró 16 días por la resistencia ciudadana y sindical.

La madrugada del 1 de noviembre de 1979 la ciudad de La Paz amaneció tomada por militares, en víspera de la tradicional fiesta de Todos Santos.

En ese entonces el coronel Alberto Natusch Busch, apoyado por un grupo de militares y dirigentes políticos del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) protagonizó un violento y sangriento golpe de Estado, y derrocó al Gobierno de Walter Guevara Arce, que en agosto de ese año fue electo presidente por el Congreso.

La presidenta de la APDH dijo que ese golpe de Estado estuvo dirigido por el "narcotráfico"que ejercía un sistema de seguridad nacional coordinado con el "imperialismo norteamericano".

"Realmente un momento histórico muy difícil para el pueblo boliviano, 16 días de un militar paranoico y detrás de él un grupo de militares prorrogistas como el señor Hugo Banzer Suarez que no había aceptado su derrota después de una famosa huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras y en un segundo grupo (conformado por) nuestra compañera Domitila Chungara junto a la Asamblea de Derechos Humanos", recordó Zubieta.

Agregó que ese hecho fue generado a raíz de la mala administración de recursos económicosde los gobiernos militares, lo que provocó una crisis económica profunda e insostenible.

"El golpe de Natusch Bush se debe a que (los militares) estaban preocupados de cómo tenían quesalir de esa crisis económica y ellos estaban siendo enjuiciados por Marcelo Quiroga en el Congreso", complementó.

A 34 años de ese hecho aún no se abrió un proceso contra los responsables de la muerte de los civiles, dejando ese caso en la impunidad.

En ese sentido, la presidenta de la APDH pidió al Gobierno del presidente Evo Morales promulgar la "Ley de la Comisión de la Verdad", para esclarecer y encontrar a los responsables de esa masacre.

"A gritos ojalá el hermano Presidente estuviese escuchando que sabe que creemos en él, que la Ley de la Comisión de la Verdad es importante por estas masacres del 64 hasta el 82 que estamos pidiendo que se descubra a los verdaderos asesinos", finalizó.

desde la perspectiva histórica J.M.Backovic ejemplo de dignidad, de profesional capaz, de administrador intachable. Carlos Mesa ofrece su testimonio personal como amigo y como ex-presidente de Bolivia

Bakovic es una víctima más de una larga lista en un camino de judicialización de la política cuya perversidad mayor es mezclar intencionalmente a justos con pecadores, cuya terrible realidad es la confusa línea entre las investigaciones necesarias y las venganzas personales

La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país porque muestra la cara descarnada de un poder desmesurado que no repara que su primera obligación, la más importante de todas, es garantizar la vida de los bolivianos como valor sagrado.

Conocí a José María desde muy niño, pues su familia estaba muy vinculada con la nuestra por el ancestro común de su origen español –en su caso por la vía materna–, embarcadas ambas en la aventura de la migración de quienes desde la desesperanza de la pobreza buscaron en la América de principios de siglo un horizonte mejor. Bolivia se convirtió para ellos en la patria escogida y en la patria adoptada, la que las generaciones que seguimos sentimos como profundamente nuestra, como parte esencial de nuestra vida.

Profesional de incuestionable idoneidad, trabajó muchos años en la Empresa Nacional de Electricidad y por sus méritos fue contratado por el Banco Mundial donde logró una experiencia invalorable en misiones desarrolladas en varios países de América Latina.

Cuando en 2001, a tiempo de jubilarse y volver a Bolivia, aceptó ser parte de una terna propuesta por el Parlamento para ocupar el cargo de director del Servicio Nacional de Caminos, y tras ser nombrado por el presidente Jorge Quiroga, no podía adivinar que el costo de servir a su país, devolviendo lo mucho que de él había recibido, iba a convertirse en una pesadilla que acabaría literalmente con su vida.

En mi gestión presidencial, José María, el amigo y el servidor público, ratificó la combinación extraordinaria de calidad humana y profesional que le había conocido tantos años antes. Gracias a su trabajo y el de su equipo –aquel que dentro del SNC realmente lo respaldaba– pudimos hacer en algo menos de dos años varias obras. Terminamos trabajos de gestiones anteriores: El puente Yata I (Santa Rosa-Riberalta); el tramo Oruro-Toledo; parte de la ruta Oruro-Pisiga; San Javier-Concepción; Tarapaya-Ventilla (que culminó el asfalto de la carretera La Paz-Sucre); Abapó-Camiri (que culminó la ruta Santa Cruz-Yacuiba); La Mamora-km 19 (que culminó la ruta Tarija-Bermejo) y Cuchu Ingenio-Bella Vista en Potosí. Iniciamos obras de importante magnitud: La carretera Potosí-Tarija y el asfaltado Cotapata-Santa Bárbara. Firmamos contratos cruciales en el plan vial nacional: Puente Pailas (el más grande del país); Roboré-El Carmen y el Carmen-Arroyo Concepción (carretera Santa Cruz-Puerto Suárez). Además adjudicamos la construcción de Palo-Marcado-Hito BR94 (ruta al Paraguay).

Pero la obra “estrella” de nuestra gestión fue la construcción del puente Gumucio de 1,3 km, que había sido destruido por una riada interrumpiendo la principal carretera del país (Cochabamba-Santa Cruz). En una modalidad de “llave en mano” y a marchas forzadas, entregamos el viaducto en algo menos de siete meses.

Bakovic me mantenía siempre al tanto de los avances de obra, sugería acciones para resolver problemas, explicaba las dificultades técnicas, trabajaba con un entusiasmo contagiante y entendía los apremios que algunas proyectos demandaban para nosotros una especial atención por razones políticas.

Su vida como profesional asalariado, como pequeño empresario agropecuario, como funcionario internacional y como servidor público, fue siempre intachable. Nadie que lo haya conocido ha sugerido nunca observación alguna sobre su honestidad. Su calidad humana fue un atributo que acompañaba con sencillez de trato. Su patrimonio personal es la prueba mayor de esa verdad incontrastable.

Fue a ese servidor público al que el actual Gobierno acusó y persiguió sin tregua, a quien ahogaron literalmente en juicios que buscaron varias cosas: destruir su limitado patrimonio económico, destruir su libertad, destruir su fortaleza psicológica y destruir su dignidad. Acabaron destruyendo su vida.

José María Bakovic es una víctima más de una larga lista en un camino de judicialización de la política cuya perversidad mayor es mezclar intencionalmente a justos con pecadores, cuya terrible realidad es la confusa línea entre las investigaciones necesarias y las venganzas personales disfrazadas de lucha contra la corrupción. Su mecanismo de acción es un control evidente del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado.

Quienes obligaron a Bakovic a ir a La Paz a declarar en uno de sus innumerables juicios, no pueden eludir la responsabilidad de su muerte. Un sistema que lleva sin pestañear a una persona a la muerte (recuérdese el caso de Guillermo Fortún), vulnera no sólo derechos humanos importantes (el del debido proceso) sino el más sagrado de todos, el derecho a la vida.

Doy fe de mi amistad, respeto y admiración por un hombre de bien quien –lo digo con dolor– cometió el error de destinar los últimos años de su vida a servir a su país. Lo que sí, José María se llevó intacta su dignidad para siempre. No es un consuelo para tal tragedia, pero sí un testimonio de los valores esenciales de un hombre.

nuevos actores políticos en el proceso democrático en que afloran deficiencias y el "octubre negro" nivel terminal de los partidos y fuente de corrupción con la prebenda y el clientelismo. reflexiones de El Dia marcando lo pendiente

El sereno análisis de los últimos diez años de la democracia boliviana muestra con claridad que el denominado “Octubre Negro” constituye un notable punto de inflexión en el ejercicio del estado de derecho en el país. De la recuperación de la democracia y la hegemonía del modelo económico neoliberal, se ha pasado a un modelo económico con fuerte presencia estatal, y a la implementación de un nuevo marco jurídico. Ello ha supuesto la emergencia de nuevos actores políticos en el complejo escenario nacional y la puesta en evidencia de un proceso democrático vivo y dinámico, donde han aflorado las deficiencias e insuficiencias de un sistema, antes que sus proclamadas bondades.

En este punto, los analistas han coincidido en que “Octubre Negro” ha marcado el fin de la era de los partidos creados antes y después de la Guerra del Chaco. Ello conlleva consecuencias políticas, sociales y económicas profundas por el peso específico y significado de cada una de las tiendas partidarias que han escrito la historia del país. También ha entrañado la madurez y la organización de los movimientos sociales que han agotado su confianza en las propuestas de los partidos tradicionales. Sin duda, la democracia pactada ha pasado una elevada factura al modo de hacer política en el país, dando lugar a una democracia más participativa pero sin fuerte correlato institucional.

De hecho, una de las grandes deficiencias de la democracia boliviana viene a ser su débil institucionalidad, que hace posible la persistencia de viejos males del partidismo político, como son el clientelismo y la prebenda. De esta manera, los conmilitones del partido oficialista de turno se fijan como objetivos y botines políticos las instituciones del Estado, creando un caldo de cultivo para la corrupción y la errática administración del bien público. La débil institucionalidad también facilita la injerencia de los poderes del Estado, configurando un círculo vicioso donde la ciudadanía es la que más pierde y ve postergadas sus aspiraciones de mejor calidad de vida por esta perniciosa práctica.

El punto de inflexión que significa “octubre negro” muestra asimismo una mayor inclusión ciudadana, participación más directa de las organizaciones sociales y una bonanza económica producto de la recuperación de los recursos naturales. Sin embargo, a diez años de los luctuosos acontecimientos que provocaron su irrupción, falta mucho para cumplir con la “agenda de octubre”, que incluye puntos difíciles de abordar. Por otra parte, la “judicialización” de la política amenaza echar por tierra las mejores intenciones de mejorar la Justicia, hoy por hoy inmersa en una crisis de proporciones, donde destaca la retardación de la misma, su manipulación y la inseguridad ciudadana.

La nueva distribución del poder y nuevo orden jurídico generaron grandes transformaciones políticas en el país, pero varias de las demandas de “octubre negro” siguen vigentes, esperando la solución prometida. Desde entonces el país se ha manifestado por un nuevo orden de cosas que beneficie a todos, donde la democracia no sea retórica sino práctica evidente para transparentar el Estado y fortalecer la inclusión y participación. La estabilidad económica debe encontrar eco en la economía familiar, sin la especulación y el agio como problemas de larga data. Está por verse si hay paciencia y fortaleza para seguir impulsando un proceso cuyas metas impresionan como lejanas.

Desde 'Octubre Negro' el país se ha manifestado por un nuevo orden de cosas que beneficie a todos, donde la democracia no sea retórica sino una práctica evidente.