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sábado, 19 de octubre de 2013

nuevos actores políticos en el proceso democrático en que afloran deficiencias y el "octubre negro" nivel terminal de los partidos y fuente de corrupción con la prebenda y el clientelismo. reflexiones de El Dia marcando lo pendiente

El sereno análisis de los últimos diez años de la democracia boliviana muestra con claridad que el denominado “Octubre Negro” constituye un notable punto de inflexión en el ejercicio del estado de derecho en el país. De la recuperación de la democracia y la hegemonía del modelo económico neoliberal, se ha pasado a un modelo económico con fuerte presencia estatal, y a la implementación de un nuevo marco jurídico. Ello ha supuesto la emergencia de nuevos actores políticos en el complejo escenario nacional y la puesta en evidencia de un proceso democrático vivo y dinámico, donde han aflorado las deficiencias e insuficiencias de un sistema, antes que sus proclamadas bondades.

En este punto, los analistas han coincidido en que “Octubre Negro” ha marcado el fin de la era de los partidos creados antes y después de la Guerra del Chaco. Ello conlleva consecuencias políticas, sociales y económicas profundas por el peso específico y significado de cada una de las tiendas partidarias que han escrito la historia del país. También ha entrañado la madurez y la organización de los movimientos sociales que han agotado su confianza en las propuestas de los partidos tradicionales. Sin duda, la democracia pactada ha pasado una elevada factura al modo de hacer política en el país, dando lugar a una democracia más participativa pero sin fuerte correlato institucional.

De hecho, una de las grandes deficiencias de la democracia boliviana viene a ser su débil institucionalidad, que hace posible la persistencia de viejos males del partidismo político, como son el clientelismo y la prebenda. De esta manera, los conmilitones del partido oficialista de turno se fijan como objetivos y botines políticos las instituciones del Estado, creando un caldo de cultivo para la corrupción y la errática administración del bien público. La débil institucionalidad también facilita la injerencia de los poderes del Estado, configurando un círculo vicioso donde la ciudadanía es la que más pierde y ve postergadas sus aspiraciones de mejor calidad de vida por esta perniciosa práctica.

El punto de inflexión que significa “octubre negro” muestra asimismo una mayor inclusión ciudadana, participación más directa de las organizaciones sociales y una bonanza económica producto de la recuperación de los recursos naturales. Sin embargo, a diez años de los luctuosos acontecimientos que provocaron su irrupción, falta mucho para cumplir con la “agenda de octubre”, que incluye puntos difíciles de abordar. Por otra parte, la “judicialización” de la política amenaza echar por tierra las mejores intenciones de mejorar la Justicia, hoy por hoy inmersa en una crisis de proporciones, donde destaca la retardación de la misma, su manipulación y la inseguridad ciudadana.

La nueva distribución del poder y nuevo orden jurídico generaron grandes transformaciones políticas en el país, pero varias de las demandas de “octubre negro” siguen vigentes, esperando la solución prometida. Desde entonces el país se ha manifestado por un nuevo orden de cosas que beneficie a todos, donde la democracia no sea retórica sino práctica evidente para transparentar el Estado y fortalecer la inclusión y participación. La estabilidad económica debe encontrar eco en la economía familiar, sin la especulación y el agio como problemas de larga data. Está por verse si hay paciencia y fortaleza para seguir impulsando un proceso cuyas metas impresionan como lejanas.
Desde 'Octubre Negro' el país se ha manifestado por un nuevo orden de cosas que beneficie a todos, donde la democracia no sea retórica sino una práctica evidente.

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