Además de impulsar un gran y transparente debate interno sobre el tema, el Gobierno debe abandonar su conservadora posición prohibicionista, alineada con los exponentes más reaccionarios de la política estadounidense
Presionado por la comunidad internacional y varios sectores del país, el Gobierno ha tenido que difundir los resultados de una investigación sobre consumo de hoja de coca, financiado por la Unión Europea.
Más allá de los resultados difundidos y de su cuestionada credibilidad, y pese a que las autoridades intentan limitar el debate sobre ellos con los productores de coca, lo cierto es que el tema de la hoja –y su inevitable relación con la producción de cocaína y sus derivados– es central para la vida del país y, como tal, debe ser tratado en forma transparente y participativa para definir una política de Estado.
Se puede constatar que lo que hasta ahora se ha hecho constituye un rotundo fracaso: han aumentado los cultivos de coca y la producción de cocaína. Además, hay un evidente empoderamiento de ciertos sectores productores de coca que se relacionan con fabricantes y comercializadores de drogas ilegales, lo que limita la capacidad de interdicción del Estado. Así, mientras que, de un lado, se puede considerar como un éxito el aumento del volumen de las incautaciones y reducción de cultivos, del otro lado se confirma la mencionada expansión.
Hay que añadir que aumenta el consumo interno de drogas ilegales y los países vecinos denuncian el crecimiento del ingreso de éstas desde Bolivia y Perú, lo que afecta a sus propias sociedades y los convierte, además, en puertos de salida de esos productos hacia el mundo desarrollado. Asimismo, se debe sumar el ingreso de drogas sintéticas y su creciente consumo en el país.
Se trata, en definitiva, de un complejo problema que trasciende visiones particulares. Es decir, sería un error que el Gobierno debata sobre el tema sólo con los productores de coca, pues éstos, más allá de su identificación política (ya no tanto ideológica) con éste, harán primar sus propios intereses que, ahora, están contrapuestos a los del resto de la sociedad. Es decir, ya no sucede, como pudo creerse en el pasado, que la defensa de la producción de coca es una cuestión de dignidad nacional o un instrumento de lucha contra el “imperialismo”. En las condiciones actuales, esta situación sólo tiende a deslegitimar interna y externamente al Gobierno y ha sido el propio presidente del Estado quien implícitamente lo ha reconocido hace algunas semanas frente a su principal base de sustento.
En ese escenario, el Gobierno, además de impulsar un gran y transparente debate interno sobre el tema, debe abandonar su conservadora posición prohibicionista, alineada con los exponentes más reaccionarios de la política estadounidense, y acercarse a Gobiernos y personalidades de la región que, al margen del signo ideológico que representan, han decidido impulsar un proceso de reflexión sobre las estrategias de lucha contra la producción, comercialización y consumo de drogas ilegales.
Si para esto sirve este mal nacido informe sobre consumo de coca en el país, se habría dado un paso adelante. De contrario, asistiremos a una situación en la que, fundamente, todos seguiremos mintiéndonos, ahondado el problema.
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