se confirma el adelanto que ofrecimos. Cox fue destituído tres dias antes del choque automovilístico. Mala acción del Ministro de Gobierno de acusar "lo destituímos por conducir ebrio". Otra mentira evista mellando la dignidad del ex-viceministro de Justicia.

PÁGINA SIETE/LA PAZ

El viceministro de Derechos Fundamentales, Nelson Cox, será reemplazado de su cargo el próximo miércoles en la mañana. Según el director de comunicación del ministerio de Justicia, Julio Peñaloza Bretel, el relevamiento no obedece al accidente de tránsito que protagonizó Cox sino a una decisión que asumió esta instancia gubernamental.

“La salida de su cargo no tiene que ver con el accidente de Tránsito y el ministerio de Justicia no emitirá pronunciamiento alguno”, afirmó Julio Peñaloza en un breve contacto con ANF.

Cox protagonizó un hecho de tránsito ayer domingo, cuando manejaba en estado de ebriedad su vehículo, una vagoneta Suzuki con placa 2447 UFU, impactando contra otro motorizado en la zona sur de la ciudad de La Paz, dejando como saldo cuatro personas heridas.

El hecho de tránsito se produjo al promediar las 20.30 horas del domingo en la calle 10 de la zona de Achumani de la zona sur de la ciudad.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien además confirmó el hecho, lamentó que una autoridad de Estado maneje su vehículo en ese estado y dé un mal ejemplo a la sociedad. “Este caso no se produjo en horario de trabajo ni en una movilidad oficial, ni en un actividad oficial, pero desde el punto de vista moral representa una infracción que ha cometido el viceministro de justicia porque cualquier autoridad está en la obligación de dar ejemplo de nuestros actos y lamentablemente él ha incurrido en esta colisión, en un estado de alcoholemia positiva”, expresó el ministro a la prensa.

En tanto el, director de Tránsito de la zona sur, coronel Zenón Silva, confirmó el grado de alcoholemia del que hasta ahora ocupaba el cargo de viceministro de Justicia. “Se someten ellos a la prueba de alcohotest, donde el primer protagonista el señor Cox tiene un grado alcohólico de 1.4 y el segundo protagonista el señor Párraga está sano, sobrio, arrojando cero en su prueba”, explicó el jefe policial.

La institución del orden envió las pruebas de alcoholemia al Instituto De Investigación Forense (IDIF), institución que corrobora el estado de ebriedad de Nelson Cox, y que la prueba será entregada al Ministerio Público.

Por su parte el fiscal del caso, Luis Vargas, no descartó con imputar formalmente a la ex autoridad por el delito de conducción peligrosa en estado de ebriedad. “Bajo influencia del alcohol es una agravante que establece la misma norma penal, y que posiblemente llegue a una imputación formal, de acuerdo al artículo 301 y siguientes del código penal. Esa decisión se tomará una vez que se recepcione la declaración del señor Cox”, dijo el fiscal.

La madre de las víctimas, Isabel Guachalla de Párraga, dijo que la tía, una sobrina y su hija, resultaron heridas. Sus hijas Natalia Párraga de 19 años de edad y Daniela Párraga de 20, se encuentran aún internadas en la clínica del Sur.

En tanto, su cuñada, Lourdes Párraga de 60 años, fue dada de alta en la noche del pasado domingo, ya que sólo presentaba heridas leves. Los familiares de las víctimas cuestionaron que una autoridad de Estado maneje “totalmente borracho” su vehículo.

desafortuna actuación represiva de la Policía evista desdibuja la imagen de respeto a los DDHH que exhibió alguna vez el régimen. LTD subeditorializa al respecto

No es sólo la autoridad física del Gobierno la que está siendo puesta a prueba, sino, lo que es mucho más importante, su autoridad moral

Por segunda vez en lo que va de los últimos cuatro meses, después de que en octubre del año pasado se produjera el arribo de la marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) a la ciudad de La Paz, la plaza Murillo, núcleo del poder político boliviano, ha sido escenario de dramáticos momentos de tensión entre las fuerzas policiales y los manifestantes que esperaban coronar con un triunfal ingreso su larga caminata a tan emblemático sitio.

Lo que se suponía, dados los antecedentes del caso y suponiendo que después de hacer una evaluación de los magros resultados obtenidos en experiencias similares del reciente pasado, era que las fuerzas gubernamentales actuaran con más cautela y no optaran por recurrir a la desmedida represión policial, como finalmente ocurrió.

El resultado, como no podía ser de otro modo, fue que a la ya tradicional inclinación de los vecinos de La Paz a identificarse con las causas de los más débiles, reforzada en este caso por la compasión que inspiró el espectáculo ofrecido por una caravana de sillas de ruedas, filas de lisiados apoyados con muletas y las muchas formas como se hizo visible el drama con el evidente propósito de concitar compasión, se sumó la indignación que suele provocar cualquier muestra de abuso de poder.

Así, todo parece indicar que el costo político que trae consigo esta manera de actuar será a la larga para el Gobierno muy difícil de administrar. Es que no es sólo la autoridad física, entendida como la potestad de imponer el orden al resto de la sociedad, la que está siendo puesta a prueba, sino, lo que es mucho más importante, la autoridad moral y, por consiguiente, la legitimidad de quienes detentan el poder.

En el caso que nos ocupa, la principal deficiencia de la manera como el Gobierno está afrontando el conflicto es que no puede justificar ante la ciudadanía, y sobre todo ante quienes más esperanzas depositaron en él, tanto retaceo de recursos fiscales cuando, simultáneamente, hace ostentación de gastos a todas luces dispendiosos, lo que quita toda verosimilitud a los argumentos basados en la austeridad y escasez de dinero en las arcas fiscales.

A ello se suma el hecho de que además de la Constitución Política del Estado, que explícitamente asigna al Estado la obligación de atender las necesidades de las personas discapacitadas, una ley, la No. 769, aprobada el 20 de agosto de 2008, que a tiempo de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en los años electorales y no electorales, dispone en su artículo segundo la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad destinado a los discapacitados con un monto inicial de 40 millones de bolivianos, que serán erogados por el Tesoro General de la Nación (TGN). 

Casi cuatro años han transcurrido desde entonces y nadie sabe a dónde fueron a parar los 160 millones de bolivianos confiscados a los partidos políticos y acumulados en nombre de los discapacitados. Razón más que suficiente para temer que en éste, como en otros casos, la falta de transparencia y de buena fe en las negociaciones y convenios que se suscriben es parte fundamental del problema, por lo que revertir esa situación debe ser parte también fundamental de cualquier solución.

con vívida memoria Guillermo Capobianco nos trae a colasión lo sucedido 50 años ha, "la rebelión de los jóvenes" que entonces como hoy reivindican los mismos ideales

“La imaginación al poder”

Guillermo Capobianco Ribera

Memocapobianco@gmail.com

Fue uno de los lemas principales de la juventud parisina rebelde de aquel mayo del 68 cuando   desde la Sorbona, Vansens y el Barrio Latino, conmovieron al mundo y a las estructuras de la sociedad francesa arrancando piedras de las calzadas para emplearlas  como barricadas.

La “imaginación al poder” gritaban los muchachos sublevados de entonces que entre combates con la policía y aliados con el movimiento social sindical, estuvieron a punto de derrocar al Gobierno de la Republica Francesa y a su líder histórico el  Gral. Charles De Gaulle.

“Hagamos el amor y no la guerra”; “prohibido prohibir”, decían los sublevados al tiempo que las multitudes en las principales capitales del mundo, clamaban por la Paz y el fin de la Guerra en el Vietnam.

Medio siglo después y como si la historia girara en redondo, los jóvenes del mundo árabe y del norte africano, vuelven a la carga en multitudinarias concentraciones derrocando dictaduras y a dictadores que se creían y aún se creen  inamovibles.

El mismo “espíritu” de entonces, sigue en el combate hasta nuestros días, desafiando al Ejercito de Siria y el Yemen y protestando en la España de los Populares y de los mismos oligarcas financieros de siempre, parapetados en el FMI, el Banco Central Europeo y los gobiernos conservadores de la Unión Europea.

Reclaman, libertad, democracia, puestos de trabajo, estado de derecho, y el fin de la pobreza extrema, el  combate al narcotráfico y a la corrupción.

Reclaman el derecho de abrigar ilusiones, tener  un puesto de trabajo, ejercer  el  derecho humano a enamorarse y a construir una familia.

Sin embargo la riqueza del mundo se sigue concentrando en las manos, la avaricia y la  mezquindad  del sistema financiero internacional  que en estos mismos instantes extorsiona a países  y sociedades al punto de la quiebra como Grecia y Portugal para convertirlos en países “fallidos”.

Las llamadas “democracias radicales” en las que  sobresale Bolivia, pueden caer en la tentación de la “subvención como sistema”, descuidando el incentivo a la producción, a la unidad nacional, al desarrollo sustentable, a la autonomía auténtica y al respeto a la identidad histórica y cultural de nuestros pueblos.

La juventud  y los estudiantes son “la levadura” decía en sus canciones Mercedes Sosa y lo demuestran con hechos ahora los “indignados” del mundo árabe, de Europa del norte africano y de América Latina.

La gestión movilizada pero pacifica de los “indignados”  tiene que tener necesariamente el componente ineludible de la imaginación para reaccionar frente a las “coplas” groseras de nuestros gobernantes que ante la ausencia de argumentos válidos acuden a aquello de la “bajada de calzones“a  ministras dizqué livianas y complacientes.

¡La fiesta de carnavales no da para tanto!

Susana Seleme afirma que existe ineptitud para gobernar en el Gobierno de Evo Morales. "no está calificado para gobernar" es autócrata y autoritario. Mujer Valiente y oportuna!

Confirmo una certeza: el presidente Evo Morales no está calificado para gobernar en democracia. La práctica remite a la violencia contra libertades políticas y civiles, contra derechos humanos, contra opositores y disidentes, contra voces de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure(Tipnis); contra su propio nombre estampado en ley firmada y luego violada; contra la ‘gobernanza’ y rendición de cuentas.
En Bolivia el pueblo no gobierna por medio de sus representantes, tampoco vía la democracia directa con la que Morales y sus hombres engatusan a propios y a extraños: aquí gobierna un sindicalista cocalero, hoy presidente del Estado ‘plurificciones’, autócrata y autoritario, rodeado de afiebrados ‘intelectuales orgánicos’ más jacobinos y estalinistas que gramscianos. ¡Pobre Gramsci!
El uso indiscriminado de la violencia real y simbólica apunta a la acelerada descomposición de la función gubernamental para administrar el Estado de Derecho, manejar la economía, los bienes del Estado y la redistribución de la riqueza con transparencia y rendición de cuentas. Más bien, el Gobierno lanza consignas oportunistas, populistas y demagogas contrarias al interés general de la sociedad democrática. A Morales solo le interesa su reproducción política en el poder, aun a costa del ‘narcolavado’ de la coca excedentaria.
Él y sus hombres han hecho del bulo –mentira-falsedad-patraña-infundio-engaño-‘notición tendencioso’– el arma política para amedrentar, perseguir y acosar a oponentes políticos y para confundir a la ciudadanía. El mejor ejemplo es el montaje del complot ‘terrorista-separatista’ contra líderes políticos y cívicos autonomistas de la ‘media luna’: Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, opuestos al centralista Gobierno de Morales. Hoy como ayer, la estrategia para lograr el poder total es “aplastar al adversario”, el ‘vice’ dixit.
Tras la persecución, encarcelamiento o autoexilio, surgen las ‘guillotinas judiciales’ a gobernadores y alcaldes de oposición. Paralelamente, se cuela el obsoleto ‘desacato’ para acallar críticas. Sin tener prueba alguna del caso ‘terrorismo-separatismo’, inventan el ‘Terrorismo II’ para dar con los ‘financiadores’ del proyecto separatista-terrorista, cuyo cabecilla, según el Gobierno, habría sido Eduardo Rózsa Flores. Según Maité Rico, periodista española, a Rózsa lo contactó en Madrid, en agosto de 2008, un emisario del Gobierno. El caso Rózsa –concluye– fue “una operación de alta precisión” y “él fue asesinado a sangre fría”.
Con el Terrorismo II sigue el bulo y mandan a la cárcel a la secretaria de la Casa de campaña de la Autonomía, Jeimy Delbois, pues ‘habría’ pagado el alquiler de un auto para Rózsa. Entre bulo y revancha, abren juicio a Óscar Ortiz, secretario de Relaciones Internacionales y estrecho colaborador del gobernador Rubén Costas, por haber honrado, según ley, aguinaldos a funcionarios eventuales. Fue hace seis años, cuando era presidente del Senado.
Ineptos para gobernar en democracia, pero no para lanzar bulos y desviar la atención sobre el manejo dispendioso de dinero: compra de un avión usado: $us 40 millones; siete helicópteros: $us 110 millones; un satélite: $us 300 millones; un terreno aledaño al actual Palacio de Gobierno para construir otro, ajeno a tiempos ‘colonizadores’, $us 500.000, todo sin licitación. Al pueblo, bulo y circo: cero pan, cero trabajo productivo.
* Máster en Ciencias Políticas

Violeta Soria para el suplemento Lecturas de LTD entrevistó a Cecilia Lanza autora del libro que el mismo Emilio puso en mis manos "Después de Mayo, qué" prepara una película sobre la rebelión de su padre contra García Meza. (Ver "mis apuntes")

11 de mayo de 1981. Un grupo de militares, organizados por el teniente coronel Emilio Lanza Armaza, se levanta contra la dictadura de Luis García Meza. La revuelta fracasa. El militar es apresado y torturado en la Séptima División de Cochabamba, luego escapa. 14 días después retoma el control del CITE y vuelve a decirle al dictador: “¡Qué se vaya carajo!”

cumple 30 años de concena en Chunchu.k`oro

“¿Cómo no voy a contar esa historia?”, dijo la periodista cochabambina Cecilia Lanza, hija del coronel Emilio Lanza, quien prepara un documental de ficción sobre los últimos días de la caída del general Luis García Meza y que se estrenará en 2014.

La cronista explicó que ésta será la primera vez que se cuenta la historia de la dictadura desde “las entrañas de la institución militar”, pero sobretodo desde “la voz de una familia que vivió y sintió el proceso de recuperación de la democracia”.

Para Lanza, el origen y la importancia del documental radican en el firme propósito de no olvidar el pasado ni tampoco su dimensión histórica. De recordar que la democracia, en la que hoy vivimos, recorrió un duro y trágico proceso de gestación en la que campesinos, obreros, sindicalistas, civiles y militares se levantaron contra la dictadura.

El “docuficción”, escrito y dirigido por Lanza, está basado en su libro “Mayo y después: los últimos días de la dictadura”, publicado en 1995. 

Argumento

El documental narra la historia del Teniente Coronel Emilio Lanza, un militar, que al mando de un grupo de castrenses, se reveló contra el régimen violento y corrupto del dictador Luís García Meza, en dos ocasiones. Después de los dos fracasos es apresado, torturado y exiliado en compañía del grupo de militares que lo acompañó en la hazaña. Tres meses más tarde, Meza cae y con ello se recibe la democracia. 

En el exilio, Lanza y el grupo de militares que iniciaron la primera revuelta castrense son olvidados. Posteriormente es juzgado y apresado por su participación en la dictadura. Lanza escribirá esta historia desde la cárcel, mientras una niña, la entonces pequeña y hoy periodista Cecilia, contará la historia de su padre. “Lanza muere en 2007 con el corazón triste”, reveló Cecilia Lanza. 

Texto, sentimientos e historia

Lanza dijo que este nuevo proyecto cinematográfico demandará que haya una estrecha relación entre su postura crítica y firme con la historia y las vivencias y sentimientos de esa niña que atravesó con su padre y familia ese histórico mayo del 98.

Ante la pregunta de si este es el primer paso para iniciar una faceta nueva como directora y guionista, Lanza respondió que la vida está llena de oportunidades y desafíos y que ahora su narrativa visual, en la que la imagen y el texto se relacionan íntimamente, será llevada a la pantalla grande. Sin embargo, está consciente de los desafíos y complejidades que implica la cinematografía.

En cuanto a sus miedos y retos, la cronista dijo que esos se vivirán, afrontarán y superarán en el camino. “Lo que sí sé es que sé escribir y sé contar buenas historias en video. Eso es lo que he hecho en mi vida. Ahora lo haré en cine”, añadió. 

Cinematografía boliviana

Para la periodista y la ahora guionista Cecilia Lanza las financiadoras de proyectos cinematográficos cumplen un importante rol cultural y en la industria fílmica a la hora de contar nuestras propias historias. Sin embargo, para Lanza conseguir el financiamiento fue una tarea difícil. Aun así considera que el cine en Bolivia va por buen camino.

El documental ficción será una coproducción boliviana-argentina. “En Bolivia estoy yo con productoras bolivianas asociadas y en Argentina está Lagarto Cine de Hugo Castro Fau”, informó Lanza.

Según Lanza, creía que el proyecto sería realizado a sus 50 años, sin embargo, al conseguir el financiamiento, el proceso de creación tuvo que ser acelerado. 

Producción y estreno

El documental está en pleno proceso de elaboración. Este año Lanza concluirá el guión. El 2013 se realizará la preproducción, grabación y la posproducción. “La película estará en cartelera en mayo de 2014. Es un proyecto de largo aliento, complejo, profesional y de mediano presupuesto”, reveló Cecilia.

El proyecto se filmará en locaciones de La Paz, Cochabamba, Tupiza, Villazón, Argentina y Quito. En cuanto los actores, Lanza planea contar con reconocidos artistas internacionales y nacionales.

admiro a Mario Rueda. su insobornable poder de análisis lleva a inequívocas conclusiones. Bolivia sigue la misma, neoliberal y procapitalista. la economía de mercado rige sobretodo.

¿La Bolivia de hoy tiene rostro estructural diferente a la Bolivia de ayer?
Si analizamos el sistema o régimen económico que actualmente rige en el país, colegimos que, en lo esencial, el “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y Comunitario”, a pesar de tan pomposo marbete, sigue con los pies bien puestos en la ‘economía de mercado’.
La banca, el comercio, la agropecuaria, la construcción y casi todos los sectores industriales se hallan en manos privadas, igual que antes. Varias empresas multinacionales continúan operando en Bolivia (hidrocarburos), aunque presas de una incertidumbre que les induce a restringir al máximo sus inversiones.
Seguimos con las plantas bien puestas en la economía de mercado, pero también en ese aún incipiente capitalismo estatal que el actual Gobierno hizo recaer en ciertas empresas de servicios y producción (Entel, por ejemplo) a través de las respectivas ‘nacionalizaciones’.
En el orden económico (y también político) lo ‘social comunitario’ es solo para pueblos indígenas que aún viven ajustados a usos y costumbres. Aludimos a los menos, porque los más de este sector de la demografía nacional ya emigraron a las ciudades, donde pasarán a ser ‘urbanos’, cultural y lingüísticamente hablando.
Actualmente no faltan quienes cuestionan al Gobierno porque su ‘proceso de cambio’ no sea tal, puesto que no rompió el esquema neoliberal heredado de gobiernos anteriores. Parece que tales críticos creen que esa ruptura es posible de la noche a la mañana, con solo estruendos de retórica revolucionaria y ofrendas a la Pachamama.
Ilusa tan alucinante pretensión. Actualmente, la economía de mercado, políticamente regida desde el centro o con leves inclinaciones a la derecha o la izquierda, rige a escala universal. Así lo impone una globalización a cuyos efectos no puede escapar país alguno que busque ganar y no perder terreno en el mercado regional y mundial.
Sobre todo países pobres como Bolivia, que viven de exportaciones básicas, son totalmente incapaces de ensayar un modelo propio y antípoda a la economía de mercado. Si lo hacen, simple y llanamente, van al despeñadero.
Así que las tercas y duras realidades de la actual modernidad, desde un mercado internacional en el que los países compiten por réditos y no por predominios ideológico-políticos, reatan a Bolivia a seguir ajustándose a parámetros de economía de mercado. ¿Con cierto desplazamiento hacia la izquierda y parcelamientos social-comunitarios? Estas particularidades no cambian para nada el esquema, que en lo esencial sigue y seguirá siendo el mismo de antes.

* Abogado y periodista

Victor Gutiérrez de manera clara y valiente muestra la maniobra de EM y el MAS con aquello de "la consulta previa" desconociendo la Ley Corta. "falso proceso de cambio" burdo neopopulismo

La aprobación de la denominada “Consulta Previa” registrada en el Senado en pasadas horas cuya finalidad no es otra que acabar con la Ley 180 (Ley Corta) que prohíbe que el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el corazón del TIPNIS, es la mayor demostración del falso proceso de cambio que falazmente encarnan el presidente Morales y el MAS. Aquellos que delirantes afirmaban que a partir del 22 de enero de 2006 se inauguraba una nueva historia en nuestro país, tardaron menos tiempo del imaginado en quitarse la máscara y mostrarse así en todos sus actos nada más que como la expresión de un burdo proceso neopopulista. 

En momentos en que el Presidente promulgaba la referida “Ley Corta” a finales del año pasado se percibía el tremendo enfado con que lo hacía, y no era para menos, un puñado de indígenas de tierras bajas vilipendiados desde el inicio de su marcha, calumniados y acusados de ser “socios del imperialismo”, de “estar andando en planes conspirativos con representantes de la Embajada americana”, “de ser poco representativos”, y resulta que ese movimiento indígena desahuciado ha sido capaz de infligirle la mayor derrota política que haya tenido lugar en estos casi siete años de Gobierno. A pocas horas de haber aprobado la Ley Corta era el mismo Presidente que instruía a sus bases cocaleras a que de su parte inicien otra marcha y a la que deberían sumar en forma imperiosa a algunos indígenas del TIPNIS que como todos saben hace mucho tiempo atrás que perdieron esa su condición para convertirse en nada más que un conjunto de nuevos colonos para ir en contra de la gran mayoría de las comunidades indígenas del TIPNIS que, evidentemente, decidieron en forma soberana el contenido de la Ley Corta, y en cuyo propósito gozaron del apoyo de millones de bolivianos que en las calles de La Paz les testimoniaron su apoyo incondicional y pocas veces visto en el país.

Es sobre este amplio respaldo que recibió la marcha indígena de tierras bajas que hoy día se sobrepone la voluntad del Gobierno que instruye a la Cámara de Diputados y de Senadores a que aprueben la “Consulta Previa” que claramente desconoce los alcances de la Ley Corta, consulta Previa cuyo objetivo no es otro que la carretera atraviese de todas maneras el corazón del TIPNIS. Lo paradójico es que el supuesto régimen indígena del MAS es quien hoy día desconoce no sólo la Constitución Política del Estado, sino convenios y acuerdos internacionales como el convenio 169 de la OIT dictado y aprobado a favor de los pueblos indígenas. 

Mario Rueda a propósito de la Ley Siñani relaciona con la Reforma Agraria los cambios allí propuestos. de los intentos de mejorar la Educación pregunta i no conducirán a mayores confusiones

Desde el lunes pasado se intenta aplicar en el país una ley (denominada Avelino Siñani-Elizardo Pérez) que marca rumbos inéditos a la educación en Bolivia. Algunos de sus objetivos empiezan a ser cuestionados por algunos sectores, como el del magisterio, tanto urbano como rural, que prepara acciones contra mudanzas que, en su criterio, le perjudican.
Siñani era un pedagogo que se hizo de gran prestigio por sus emprendimientos pedagógicos en el centro educativo altiplánico de Warisata (La Paz), en favor de los indígenas, en tiempos en que estos eran meros ‘pongos’ de los latifundistas. No se los consideraba ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos. Tenían las puertas cerradas a la propiedad de la tierra. Se daban de narices contra toda posibilidad de afirmar su identidad étnico-cultural. El prestigioso maestro apostaba esencialmente a la educación para sacar del rezago a las comunidades indígenas.
Obviamente que tal vía iba a conducir al destino deseado siempre y cuando apuntase también a un cambio en el régimen de tenencia de la tierra, que convirtiera a los campesinos en propietarios de la misma. De esto se encargó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, con la Reforma Agraria de 1953, cuyas deficiencias pondría en evidencia, después, un minifundio que condenó a los ‘liberados’ a una economía de subsistencia que les frenó el ascenso económico-social y su plena integración a la sociedad.
A consecuencia de tan lamentable falla, la mayor parte de la población rural (predominantemente indígena) emigró a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida y ahora representan una manifiesta minoría demográfica las comunidades indígenas que aún quedan en regiones del altiplano, los valles y selvas tropicales del oriente.
En las ciudades del eje troncal y subtroncal del país, que concentran más del 70% de la población total de Bolivia, predomina el idioma español, y los nietos de los que llegaron del altiplano, los valles o las selvas orientales ya no hablan la lengua nativa de sus abuelos o padres. Podría decirse que desde el punto de vista cultural y lingüístico aquellos pasaron a formar parte de lo mestizo-urbano, más acercados a la modernidad que a cosas del pasado. No altera esta verdad su afición al folclore nativo (danzas de Carnaval o de festividades religiosas).
Entre los objetivos de la ley educativa que empieza a aplicar el Gobierno figura el de salvar la identidad étnico-cultural de nuestros pueblos indígenas, sobre bases curriculares específicas, como la enseñanza obligatoria de lenguas nativas en las escuelas y el énfasis didáctico en la cosmovisión de las comunidades originarias, entre otras cosas.
En síntesis, una pulseada del pasado con el presente. ¿El primero imponiéndose al segundo? Para una correcta respuesta a esta interrogante debe considerarse que nunca pasan las mismas aguas bajo el puente de la historia. Ellas siempre cambian de color y contenido…
Es de elogiar, por supuesto, el énfasis de lo técnico-científico en el currículo escolar. Pero, ¿cómo conciliar ciencia y tecnología modernas con esa cosmovisión indígena que convierte a la Tierra (Pachamama) y a los astros del universo (el Sol y la Luna) en dioses a los cuales adorar, sin sumir a los escolares, particularmente a los urbanos, en una grave confusión?
* Abogado y periodista

El Dia se refiere a un país sin leyes, cuando se detiene a ver lo que está ocurriendo en Bolivia, el olvido de la CPE no obstante de sus graves errores. falta estabilidad

Tarde o temprano, la carretera por el Tipnis se va a construir. En unas décadas no quedará ni rastro del parque Isiboro Sécure ya sea por el impacto de la ruta, por la acción de los cocaleros, de los narcotraficantes o por el apetito de los piratas madereros. No es pesimismo, es la realidad en este país, que parece condenado a vivir como un "volantín", sin cola, sin rumbo, sin estabilidad, sin un objetivo común.

El presagio surge del comentario del vicepresidente García Linera, el gran intelectual del "proceso de cambio". Le preguntaron si aquello de aprobar una ley y cambiarla mañana no es poner en tela de juicio la imagen del Estado y él contestó que no existe ningún problema en eso, porque no es lo mismo que cuidar la reputación de una reina de belleza.

Para el vicepresidente, las leyes se pueden redactar hoy y cambiarlas cuando la realidad social así lo indique, no importa si entre ambos procesos no han pasado más que dos meses o algunos días, como sucedió con el fallido gasolinazo navideño,   que murió antes de que llegue el nuevo año. García Linera bien puede argumentar que se trata de una visión marxista de la realidad, pero nadie puede admitir, ni siquiera los que proponían la "Revolución Permanente", que la dialéctica se mueva a tanta velocidad.

Las leyes, ya sea en un contexto marxista o liberal, constituyen un producto fundamental de la civilización. Y no se trata de que sean fórmulas pétreas, pero sí es imprescindible que sean estables, previsibles y que no estén sujetas a cualquier ventarrón ideológico, al capricho de un sector o a las elucubraciones de algún sofista que se regodea con poder.

Un Estado que aprueba leyes para favorecer a los contrabandistas, que de un día para otro se levanta con impulsos nacionalizadores para beneficiar a los violadores de la propiedad privada, que firma y luego borra, que aprueba una constitución y que a los pocos años reniega de ella, no puede estar condenado más que al eterno fracaso. El vicepresidente habla de cambiar las leyes en función de una correcta lectura de la realidad social, pero en Bolivia, ese fenómeno, además de vertiginoso, es el resultado de una conducción errática, sin norte, enmarañada en conceptos y cuya única relación con el entorno tiene que ver con intereses de los grupos que controlan el poder y a quienes no les interesa en lo más mínimo el futuro del país.

Ninguna nación puede aspirar a la prosperidad y al bienestar de su gente con leyes que pueden cambiarse de un momento a otro. En Bolivia cada Gobierno ha querido "inventar la pólvora", han cambiado la Constitución en numerosas ocasiones y hasta el Estado, el nombre del país y sus símbolos, han sido modificados. Nadie puede construir nada en una situación así, en contante reforma, entre marchas y contramarchas, en medio de un laberinto creado por políticos inmaduros, ególatras y soberbios. Bolivia redactó una Carta Magna que pudo haber metido al país en una nueva generación legislativa y ponerse a la vanguardia en el mundo, pero al final se impuso el paradigma presidencial que ordena "meterle nomás aunque sea ilegal...". Eso está bien para un lapsus presidencial, de los tantos a los que nos tiene acostumbrados, pero viniendo de un hombre tan ilustrado como el vicepresidente es como para preocuparse.

La gente sabe que Bolivia es así y conoce perfectamente a los políticos, capaces de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Y mientras las cosas permanezcan de esa manera, la población o al menos los más "vivos" tratarán de sacar siempre la mejor tajada de esta torta carnavalera. El resto, los pobres, los ilusos y los ingenuos, que son la gran mayoría, seguirá  soñando con el cambio.

Las leyes, ya sea en un contexto marxista o liberal, constituyen un producto fundamental de la civilización. Y no se trata de que sean fórmulas pétreas, pero sí es imprescindible que sean estables.

José Gramunt "desacato" es invento colonial para desagraviar a la autoridad. no debería existir en la legislación como pide la senadora Gonzáles

La detención ilegal, por el lapso de seis horas, de la senadora pandina Carmen Eva Gonzales, y las notificaciones fiscales entregadas a los parlamentarios cruceños, Germán Antelo y Tomás Monasterios, levantaron la indignación y la memoria olvidadiza de algunos, sobre la prerrogativa personal de la inviolabilidad e inmunidad que les corresponde por derecho a los senadores y a los diputados. El paciente lector disculpará que vuelva sobre este asunto que ya traté en mi anterior artículo. Hoy me referiré a hechos ocurridos en el lejano pasado y que confirman la improcedencia de las acciones de la Fiscalía contra los mencionados legisladores.

Esta vez me remonto a los tiempos de la emancipación de las colonias de la Corona de España. La administración de Madrid se veía amenazada sucesivamente por los movimientos libertarios y sus correspondientes líderes indígenas y criollos. Con objeto de facilitar el rápido enjuiciamiento, encarcelamiento o destierro de los revolucionarios, los leguleyos peninsulares usaron y abusaron de la figura del “desacato”. Lo mismo que la semana pasada utilizaron los fiscales para el caso que denunciamos.

Así se produce la paradoja de que los ahora autocalificados de descolonizadores plurinacionales, se valen de los mismos procedimientos que utilizaban los antiguos colonizadores hispanos. Es curioso que la tradición oral y escrita nos ha legado el recuerdo del razonamiento que los rebeldes americanos aplicaban a las órdenes reales que llegaban de la Península: “se acata pero no se cumple”. En principio, era una expresión de la imposibilidad de cumplir en tierras americanas lo que se había dispuesto en la Península, sin embargo, la idea fue una forma de insumisión, de resistencia clara pero no violenta a la dominación hispana. Una insumisión que rápidamente fue pasando a los levantamientos populares e incluso a determinadas guarniciones militares.

La senadora Carmen Elsa Gonzales anunció ayer que presentaría un proyecto de ley que excluya del Código Penal la figura del desacato. De inmediato un parlamentario del MAS manifestó que su partido se opondría. Muy probablemente porque en el caso de que dicha figura de delito sea eliminada de la legislación boliviana el Gobierno perdería una de sus martingalas judiciales para enviar a galeras a los opositores que le molesten.

El siguiente paso que la senadora anuncia es el recurso a los organismos internacionales que dicen amparar y promover los derechos humanos. Nadie puede negarle esta gestión internacional. Sin embargo, mi modesta opinión personal es que los dichos organismos van a paso de tortuga y llegan a su meta cuando el conflicto se ha enfriado. Es más, sus fallos o recomendaciones suelen ser más tibias que contundentes. Al ciudadano común como el que suscribe, no le queda otra vía que la indignación y la protesta.