valentía y coraje de Los Tiempos para llamar las cosas por su nombre cuando atribuye a la falta de gas para explotar El Mutún, incumpliendo el contrato y dando lugar a un arbitraje que EM lleva las de perder.

La decisión de la empresa siderúrgica Jindal de India de presentar una demanda arbitral contra Bolivia en la Corte de Arbitraje de París, por la decisión boliviana de ejecutar en 2010 una boleta de garantía de 18 millones de dólares por un supuesto incumplimiento del contrato suscrito para explotar el yacimiento de hierro del Mutún, ha vuelto a dar actualidad a un tema que, prácticamente desde el inicio, ha sido motivo de múltiples controversias.

Como se recordará, Jindal Steel and Power se adjudicó en 2007 la explotación de hierro en el cerro Mutún para extraer aproximadamente 20.000 millones de toneladas de hierro, con la promesa de invertir en los primeros 10 años 2.100 millones de dólares. En una primera fase, Jindal debía invertir unos 600 millones de dólares, pero sólo lo hizo en un monto aproximado del 2 por ciento.

Al justificar su incumplimiento, la empresa india alegó que pese a tener la mejor intención de hacerlo, no pudo cumplir con su parte del contrato porque el Gobierno boliviano, a su vez, incumplió la suya, la que consistía en asegurar la provisión de gas natural sin el cual sería imposible la buena marcha del proyecto. El Gobierno boliviano tendría que garantizar la provisión de hasta 6 millones de metros cúbicos diarios, cantidad que supera con mucho la capacidad productiva de nuestro país.

Hasta ahora, y a pesar de que la verdadera naturaleza y complejidad del problema es ampliamente asumida por quienes conocen los alcances y las limitaciones del contrato suscrito, ambas partes —el Gobierno boliviano y la Jindal— han hecho sus mejores esfuerzos para minimizarlo y dar un aspecto de amistosa y mutua buena voluntad a las dificultades que han tenido prácticamente desde el día mismo en que iniciaron su relación contractual.

Sin embargo, ante la contundencia de los hechos y la enorme falta de correspondencia entre los buenos deseos y la realidad, todo parece indicar que ha llegado el momento de la verdad y ya no será posible mantener por más tiempo la ficción. Ni Jindal puede seguir disimulando su disconformidad por la manera sistemática como durante los últimos cuatro años el Gobierno boliviano ha eludido su parte del compromiso ni éste puede fingir un insostenible optimismo sobre la viabilidad del proyecto atribuyendo todas las dificultades a la empresa india.

Lo cierto es que, al margen de los muchos tecnicismos con los que las partes en conflicto intentan defender sus respectivas posiciones en las instancias judiciales nacionales y extranjeras, el proyecto del Mutún sigue hoy, como hace cuatro años y otras tantas décadas, en el plano de los deseos más que en el de las realidades concretas. Y así está condenado a permanecer, más allá de la voluntad de quienes se hagan cargo de su ejecución, porque requiere de una fuente de energía de grandes proporciones. Y Bolivia, por lo menos por ahora, no está en condiciones de proporcionarla.

Así las cosas, no es sorprendente que el proyecto del Mutún esté condenado a ser uno más de los que en vez de dar sólidas esperanzas al futuro económico de nuestro país no hace más que producir frustraciones.