La primera vez que el Presidente sostuvo que los abogados estudiaban y estaban para arreglar las decisiones gubernamentales no ajustadas a la ley –léase arbitrarias– se produjo una ola de críticas sin mayores consecuencias para su entonces incuestionable popularidad. Los condescendientes moderaron la crítica por tratarse de un presidente indígena, esperanzados en la transparencia, el respeto al Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Los alineados a la revolución democrática y cultural aplaudieron a Su Excelencia (S.E.) ya que, desde su perspectiva, no habría pena en pasarse por alto al legado jurídico del Estado colonial y neoliberal. Desmontarlo y transgredirlo era y es aún lo deseable, un ritual revolucionario casi obligatorio.
Era el tiempo en el que se tramitaba la ley anticorrupción, la misma que, al contrario de la “flexibilidad” solicitada por el Presidente, terminó convirtiéndose en instrumento jacobino al consagrar la presunción de culpabilidad y al violentar el principio de no retroactividad de la ley reconocido por el derecho internacional.
Cuando por falta de azúcar la vida de la población se torna amarga y la gestión oficial recibe los duros golpes de la realidad del mercado en medio de gran ineficiencia, el Presidente insistió en el planteamiento de marras. Sin siquiera sonrojarse sostuvo que “si queremos acelerar la inversión (para) atender la demanda rápidamente”, no habría que seguir procedimientos y normas legales ya que diría a los abogados: “¿Para qué ustedes han estudiado (para) ser abogados? Ahora legalicen lo que hice”. Les pide “salvar las ilegalidades normativas” con tal de hacer obras y curarse en sano de toda burocracia y control gubernamental.
Con este antecedente, y de oficiar de juez supremo, S.E. ya habría liberado de toda sospecha y eximido de culpa a varias exautoridades hoy procesadas por el Estado Plurinacional. Me pregunto: ¿Qué pensarán al respecto los auditores comandados por el contralor general “interino” y diligentes fiscales ahora convertidos en sabuesos incriminadores prestos a iniciar procesos penales sin siquiera respetar el debido proceso? La incoherencia es visible. Por un lado, se desea tirar por la borda la ley Safco como instrumento de control gubernamental y, por otro, se la aplica con rigor y diligencia sesgada.
Lo cierto es que la opinión presidencial y la benevolencia judicial no se aplican a los adversarios políticos ni a aquellos críticos a su “causa”. Los casos del suspendido René Joaquino; de Juan del Granado y sus concejales; del gobernador suspendido Cossío (en algunos de los juicios que le llovieron); y del alcalde de Tarija Oscar Montes recientemente sindicado, entre otros, confirman la intolerancia política. Conste que hablamos de autoridades legitimadas por su desempeño, como que Del Granado llegó a ser calificado por el mismísimo Presidente como un “alcalde clonable” por su capacidad de gestión y de trabajo.
El sui géneris criterio presidencial no es inocente, al contrario, es peligroso. El abuso en las contrataciones y compras por excepción induce a la improvisación, a incrementar costos por incumplimiento de normas mínimas de calidad incidiendo en ineficiencia y corrupción. Es el caso del avión presidencial, del satélite, de los coliseos y “regalos sindicales” del programa Evo Cumple entre otros juguetes que entusiasman al Presidente. Lamentablemente, detrás del pedido de “arreglar lo ilegal”, S.E. esconde una visión mesiánica de sí mismo frente a la ley, en una coyuntura que desnuda, como nunca antes, su vulnerabilidad y naturaleza terrenal.
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