La ciudadanía reacciona de manera acertada ante el conflicto que ha creado el Gobierno al decidir atentar contra la libertad de expresión con una ley que, supuestamente, debía atacar al racismo.
La percepción de la ciudadanía fue correcta desde el principio, porque advirtió que la medida del Gobierno que afecta la libertad de prensa iba a reducir también la libertad de expresión del pueblo.
En efecto, los medios de comunicación del país que tenían espacios destinados a recoger y difundir la opinión de los ciudadanos comenzaron a eliminarlos para no hacerse pasibles de las sanciones contenidas en la ley mencionada.
En nuestro medio, La Prensa, en el que proclamamos nuestro carácter de diario interactivo, en el que difundimos y recogemos ideas, convirtiéndonos en una tribuna del pensamiento, hemos decidido suprimir esos espacios.
Lo mismo han hecho otros diarios del interior y la agencia de noticias de Radio Fides.
Es que como medios ya no nos atrevemos a difundir la opinión de los ciudadanos porque sobre sus directores y sobre los propios medios podría caer una sanción ciega prevista por la conflictiva ley.
El temor es que todo esto se trata de un instrumento creado para cerrar medios que sean incómodos al Gobierno. La mecánica podrá ser fácil, en vista de que la justicia también responde a los intereses del Gobierno.
Es tal el dominio que tiene el partido de Gobierno de todos los instrumentos de la democracia, que la autoridad electoral ya ha desahuciado la posibilidad de un referéndum sobre este tema, como quieren los luchadores de la libertad de expresión.
No hay democracia, dice la consigna de esta lucha, sin libertad de expresión. Esto es tan cierto que los ciudadanos ya no podrán expresar sus opiniones de manera democrática en los medios de comunicación, pues la ley les ha cerrado el acceso a esos medios.
Esa ley condena a los ciudadanos a ser meros espectadores, sin derecho a participar ni opinar. Meros espectadores de los medios pero también de la democracia. Ahora queda claro que los medios son instrumentos de la democracia y que ésta pierde cuando aquéllos son afectados.
Se trata de un panorama parecido al de Venezuela, donde el Gobierno de Hugo Chávez clausura medios a su antojo, persigue periodistas y los encarcela, como ocurre en Cuba, donde los periodistas que le caen mal al régimen llegan a morir en las cárceles.
La respuesta de los periodistas bolivianos a este atentado contra la libertad de expresión ha sido unánime, valiente y está obligando al Gobierno a mostrarse contrario a las libertades democráticas.
Autoridades del Ejecutivo han dicho, en efecto, que ninguna iniciativa de los periodistas tiene esperanzas de lograr un cambio en la ley aplicada de manera inconsulta y prepotente. Se ha dicho que cualquier iniciativa contra la ley sería un desacato.
En cuestión de criticar desacatos, el Gobierno no podría arrojar la primera piedra, pues la propia ley contra el racismo afecta la Constitución y pone en evidencia que el Gobierno miente cuando dice que respeta la Ley de Imprenta.
El pueblo boliviano, tan perceptivo como siempre, ha definido su posición: está del lado de la libertad.
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