ética y honestidad intelectual reclama Carlos Mesa a la hora de entablar el debate Revolución Democracia Estad Plurinacional República. Estado de Derecho burgués contra socialista

En los últimos días, a raíz de un manifiesto publicado por un pequeño grupo de disidentes del MAS, ha surgido un dinámico debate en torno al proceso político que vive el país. Quizás lo más interesante de ello sea la toma de posición de quienes lo alientan, a partir de una tabla de calificaciones en torno a las ideas defendidas que inevitablemente conduce a una no menos maniquea división de valores. Revolución contra Democracia, República contra Estado Plurinacional. Estado de Derecho (liberal-burgués) contra Estado de Derecho (socialista revolucionario).

No cabe duda de que se trata de un posicionamiento legítimo y que establece la naturaleza de la confrontación dentro de nuestra sociedad y sobre todo en sectores políticos e intelectuales polarizados. Pero detrás de esa discusión que obviamente no será sino un juego de esgrima apuntalado por la mayor inteligencia de los esgrimistas, está lo que a mi juicio es el meollo del problema que enfrentamos.

Aquí lo que está en juego es una ética universal subvertida y ninguneada, y una honestidad intelectual abandonada por algunos de los protagonistas de la discusión.

¿Hay una ética universal? Sí la hay. Una ética en la que los valores esenciales no pueden ser subastados ni a nombre de la democracia ni a nombre de la revolución. No voy a hacer el recuento de esa ética recogida con sobrada consistencia por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ésa es nuestra rosa de los vientos, nuestra brújula, y si me apuran la piedra filosofal descubierta por nuestra especie después del mayor holocausto de la historia.

¿Se puede exigir honestidad intelectual? Más que eso, se debe exigir honestidad intelectual en aquellos que demandaron a unos lo que consienten a otros.

Muchos creyeron, pelearon y sufrieron prisión, tortura y exilio. Muchos otros conocieron la muerte por la utopía socialista. Una buena parte de quienes dedicaron toda su vida a ese ideal creyeron (no por primera ni única vez) que el Gobierno de Morales era por fin la respuesta histórica a sus anhelos, a la lucha de toda su vida, y creyeron además que el cambio le daba a sus ideales un ingrediente añadido al cerrar la herida histórica de la discriminación del otro, el indígena, recuperando una dignidad y una humanidad que comenzó a amasarse medio siglo antes.

Yo no creí que Morales fuera esa respuesta, ni la consecución del ideal anhelado, y no lo creí por algunas razones esenciales. Ningún proceso histórico de magnitud puede ni debe ser encarnado por una sola persona sin pervertirse. La fuerza y el derecho soberano del pueblo se encarnaron equivocadamente en la mitificación y deificación del valor y la proyección de la política de las calles. No sólo que esa política de las calles carecía de un fundamento ideológico consistente como lo tuvo la COB en los tiempos revolucionarios del 52, sino que disfrazó un conjunto de grupos de presión y de interés. Muy pronto se pasó de reivindicar el bien común y un ideal superior, a defender en muchos casos objetivos mezquinos cuando no ligados al delito. Pero lo más grave, la idealizada política de las calles que hundió el viejo sistema político, a la vez comenzó a debilitar al actual Estado que, en apariencia poderoso, es también víctima del zarandeo de esas masas que lo entronizaron y que hoy están casi fuera de control. Digámoslo de una vez. Los movimientos sociales están moralmente tocados, son manipulados y mal usados y han sido profundamente penetrados por la ilegalidad.

Con el paso del tiempo se fue desmontando más aún esa ilusión de transformación. El nuevo régimen reveló muy pronto su naturaleza autoritaria. No hay cambio ni renovación ni nuevo Estado ni nuevo ser humano en Bolivia, sin una democracia real, participativa sí, pero real en su educación y práctica, basada en los derechos individuales tanto como colectivos, sin reservas y sin discursos relativistas a título de la razón superior de la sociedad (para hacer papilla a quien sea menester, vulnerando los principios innegociables de una ética humana). El proceso se vio capturado además por la corrupción que asoló a tantos gobiernos del pasado. Hay que insistir en algo fundamental, no sólo la corrupción de quien como funcionario comete un delito, sino la corrupción de las estructuras de funcionamiento del Estado por la forma de administrar el poder, por la tergiversación de sus principios, por el prebendalismo y la cooptación, por el chantaje y el tráfico de influencias, por el aprovechamiento indiscriminado de la jerarquía que se ostenta. Muchos de los actuales gobernantes practican la idea perversa en si misma de que en política sólo hay dos objetivos concretos, llegar al poder y quedarse en el poder.

El debate ideológico es necesario siempre y cuando no se olvide que aquella utopía por la que tantos bolivianos dieron su vida no se resuelve en la discusión de abstractos que prescindan de una combinación que en Bolivia hace mucha falta: ética y honestidad intelectual

El autor fue presidente de la República
http://carlosdmesa.com/

La Prensa se ocupa de lo que podrá suceder cuando el Tribunal Electoral faculta a cada ciudadano a controlar a los medios en una gigantezca cacería de brujas jamás vista en la historia nacional. escándalo!

Todos contra los medios! 

Así por lo menos es el sentir, después de tomar razón de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a la imposibilidad que tiene este organismo de controlar el trabajo de difusión de los aproximadamente 1.000 medios de comunicación que giran en el Estado Plurinacional de Bolivia, ha tomado la decisión de habilitar al ciudadano común como instrumento denunciante, de lo que a su consideración pueda constituir campaña electoral a favor o en contra de los candidatos del Órgano Judicial. 

Si el reglamento de propaganda especial (o como vaya a denominarse el mismo) contempla la facultad a favor del pueblo, de acusar a los medios de comunicación de realizar propaganda en pro o en contra de los postulantes, avecinamos centenares de escritos y llamadas —muchos de ellos anónimos, sin fundamento, sin cumplir los requisitos que serán exigidos en la norma, carecientes de prueba documental, completamente fuera de contexto, motivadas por el simple afán de denunciar— que empañarán el normal desarrollo de los comicios electorales. Esta potestad, por ahora altamente difusa —dada la ausencia de un reglamento que exprese las formas, condiciones, plazos y requisitos para estas acciones populares—, puede ser utilizada con mucha subjetividad, con ánimo perverso, destinado únicamente a afectar el ejercicio libre del periodismo. 

¿Qué es hacer campaña electoral? Este concepto será definido por el TSE o esto quedará al mejor criterio de las personas. ¿Una entrevista a un candidato motivará el accionar de la ciudadanía? Hasta ahora, todo indica que sí. ¿Publicar los méritos o deméritos de los postulantes a estas máximas magistraturas podrá caer en el objeto de las acusaciones? Sin duda. Ni qué decir de proponer un debate entre una o más personas, que es lo más común en países democráticos. ¡Entonces, de qué libertad de expresión estamos hablando! 

Es importante recordar al TSE que el Presidente del Estado, de manera pública, ha exigido la modificación del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, mismo que inicialmente impedía la libertad de expresión en el proceso electoral. El cambio de criterio por parte del Primer Mandatario responde a la conciencia de una posible vulneración a uno de los derechos constitucionales más importantes de la vida demócrata. La solicitud de modificación del artículo en cuestión tiene como objetivo garantizar la libre información a favor de la ciudadanía, titular de este preciado derecho fundamental. 

En vez de emitir declaraciones que contienen, a nuestra consideración, figuras jurídicas atípicas, el Presidente de esta institución debería agotar esfuerzos para concluir y hacer público el reglamento que regulará la relación de los medios con los candidatos, en lo que significarán las elecciones venideras de octubre de este año. Lo contrario representa seguir en la incertidumbre, aspecto que no es justo para la población, que tiene hambre de conocer a los postulantes que definirán millares de procesos judiciales en curso. 

excelente propuesta Adriana. dar ejemplo efectivo de lucha contra la cocaína. pasar por un antidoping para estar limpios. sanos para senadores y diputados que hoy van a dormir su borrachera y "otros males" al Congreso de levantamanos.

La diputada opositora, Adriana Gil propuso este vienes un proyecto de ley para aplicar exámenes antidopaje, al igual que en el deporte, a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto busca que los asambleístas sesionen en "óptimo estado de salud y sin el influjo de estupefacientes". 

La legisladora informó que el proyecto de ley que será presentado al plenario de la Cámara Baja la próxima semana. 

"Se trata de un proyecto de ley que pretende mostrar ante la comunidad internacional y al seno mismo del Parlamento de que se quiere luchar efectivamente contra el narcotráfico y es por eso que como padres de la Patria debemos estar limpios, sanos, con nuestros cinco sentidos, sin influjos de agentes externos que nos hagan insensibilizar o adormecer", apuntó. 

La asambleísta precisó que la norma también alcanza a alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos. "Se trata de una ley que así como se exige a los jugadores estar limpios, los políticos también debemos asumir este aspecto". 

Por el proyecto, los asambleístas se someterán periódicamente a controles médicos y de laboratorio para establecer si acaso hubieran consumido estupefacientes. 

Por su parte, el jefe de Bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, manifestó que no existe temor "caiga quien caiga". 

"Quienes no estamos empañados en nada vamos a hacerlo (controles antidoping), si no estamos metidos ni empañados con nada, vamos a ser implacables, porque estamos en un proceso de cambio, caiga quien caiga", agregó. 

Entre tanto, el diputado opositor Jaime Navarro expresó que la norma servirá para controlar el narcotráfico que penetró en instituciones principales del Estado./ANF

Todos son traidores "al cambio" menos Evo Morales aseguran Prada, Almaráz y Guzmán otrora incondicionales de Evo. Humberto Vacaflor "los reciclados del MAS"

Raúl Prada, Alejandro Almaraz y Gustavo Guzmán acaban de entregar a los medios una dura crítica al Gobierno de Evo Morales, al que acusan de haber traicionado a quienes lo llevaron al poder.

La debilidad de las críticas es que los tres autores (hay otros que figuran en la lista de autores del documento) no dijeron esta boca es mía mientras recibían los salarios del “Gobierno del cambio”, al que ahora condenan. Lo que tendrían que exigir es una indemnización, que les compense por haber hecho todos los sacrificios que hicieron, todas las mentiras que repitieron, todas las falacias que secundaron. Se trata, en suma, de un arreglo de cuentas entre masistas, en el que el resto de los bolivianos nada tiene que ver.

Mientras estaban en sus cargos, de improvisado ideólogo, el rabioso enemigo de los terratenientes y del sesudo embajador en Washington, no advirtieron los errores del “proceso de cambio”.

El documento que entregan a los medios repite, con algunos errores garrafales, las críticas de quienes nunca creyeron en “el Gobierno del cambio”.

Quienes creyeron, el 1 de mayo de 2006, que la “nacionalización” iba en serio, merecen un premio por ingenuos, incluidos aquellos que cantaron el himno con el puño izquierdo en alto, con ademán de pasajero de micro.

Los relocalizados del MAS tendrían que revisar su documento, advertir los errores que cometieron y elaborar otro texto en que digan cómo es que ellos creyeron que era honesta la propuesta política del líder de los cocaleros ilegales.

Deberían explicar cómo es que ellos se quedaron callados mientras estuvieron recibiendo salarios. Cada uno de ellos tendría que revelar el proceso por el cual se produjo su destitución.

Pero la duda principal se refiere a que los ahora críticos del “Gobierno del cambio” creen que todos tienen la culpa de la “traición”. Todos, menos Evo Morales. Eso no lo entiende nadie.
 
El autor es periodista

Historia pero también diplomacia aborda Manfredo Kempff en este artículo que reivindica a Santa Cruz y su desarrollo actual

Fue muy importante que durante y después de la tragedia chaqueña se conformara en Bolivia una diplomacia eficiente. Eso salvó gran parte del territorio nacional en la mesa de negociaciones en Buenos Aires. Grandes personalidades ocuparon la Cancillería de la República y otros diplomáticos de carrera dirigieron las principales embajadas en los países que más interesaban a la nación. Además, cruceños como el ex presidente Germán Busch y Enrique Finot, Dionisio Foianini, y otros, tuvieron influencia en la conducción del Servicio Exterior.

Fue cuando el ministro Ostria Gutiérrez -con seguridad el más insigne de los diplomáticos bolivianos del siglo pasado- negoció la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, que vincularía al oriente con el Atlántico. El costo de la obra estaría respaldado, fundamentalmente, “con el producto de la explotación de las zonas petrolíferas bolivianas que atraviese o que llegue el ferrocarril proyectado”.

En 1941 el propio ministro Ostria negoció con Argentina la construcción del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz cuyo costo sería pagado por Bolivia en amortizaciones anuales “en petróleo crudo, fuel oil, pesos argentinos, dólares americanos u otra moneda de curso universal”. Estos logros con Argentina y lo hecho con Brasil, garantizaron, por supuesto, la integridad de los territorios que habían estado en disputa con Paraguay.

Los convenios referidos fueron censurados  por los centralistas de siempre, que expresaban su seguridad de que los ferrocarriles desde Brasil y Argentina serían la vía de penetración que significaría la pérdida de Santa Cruz. Como podemos ver el encono político nublaba la visión de muchos compatriotas que entendían al revés lo que se había construido. Ostria defendió su obra y afirmó que ésta no era “la labor de un solo hombre, de un solo partido de un solo gobierno”, sino el esfuerzo perseguido por muchos estadistas bolivianos. El preclaro chuquisaqueño merece el reconocimiento de Santa Cruz, pese a que él no hubiera esperado homenaje alguno.

Ahora vemos que desde el centralismo enrostran a Santa Cruz de haberse beneficiado con los recursos generados por el país. Se ha llegado a afirmar, en estos días de alienación, que le debe su desarrollo a los “excedentes de las nacionalizaciones”.  ¿Así que los ferrocarriles se pagaron con los dividendos generados por el estaño? Eso no tiene sentido, porque antes de la nacionalización de las minas ya estaban por concluirse los dos ferrocarriles. Y porque Comibol no dio sino enormes pérdidas económicas. Asimismo, como dicen los tratados suscritos con Brasil y Argentina, la garantía era el petróleo de Santa Cruz, que luego fue el gas.
Algo similar ha sucedido en el desarrollo agroindustrial cruceño. Se afirma que Bolivia volcó la mayoría de sus recursos en nuestro departamento. Más se debe considerar que cada dólar que se invertía aquí significaba que alguien llegaba a estos llanos a ganarse la vida. Se invirtió dinero en Santa Cruz pero esta tierra respondió dando trabajo y  a cientos de miles de campesinos. Por lo tanto esas facturas -las quieren presentar como facturas en mora- fueron pagadas con creces.

Si antes la diplomacia republicana vinculó a Bolivia con el Atlántico mediante los ferrocarriles, hoy nos encontramos con que el Estado Plurinacional pone a Santa Cruz  toda clase de obstáculos en su desarrollo, al extremo de querer romper con su modelo productivo. Ha sido esta administración la que se ha encargado de ponerle cortapisas a su empuje. Antes de que el MAS accediera al poder, su táctica era cercar a Santa Cruz bloqueando su salida al Pacífico. Una buena parte de la producción cruceña pudo salir utilizando la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde otro gran cruceño por adopción, diplomático, empresario y escritor, don Joaquín Aguirre Lavayén, fundador de Puerto Aguirre, merece nuestro máximo reconocimiento.

Santa Cruz comenzó a perder la importante posición que había obtenido, cuando parte de la producción del agro cruceño se tenía que podrir en los caminos o cuando no llegaban oportunamente los envíos a los puertos del Pacífico y se malograban no sólo los productos perecederos, sino algo más grave aún, los contratos. Era una agresión intencional que no iba precisamente contra los gobiernos “neoliberales”, sino contra el corazón de la economía nacional. Los incumplimientos que forzaron los bloqueos fueron graves porque no existe país ni compañía que acepte disculpas de ninguna naturaleza cuando se producen demoras.

Los peores obstáculos llegaron con el actual Gobierno cuando con el pretexto de sanear las tierras presuntamente adquiridas de forma dolosa, se restringieron las inversiones privadas en el agro. La falta de seguridad jurídica, tantas veces reclamada, se mantuvo amenazante. A esta política de desaliento a la inversión privada se sumó el hecho de que el Gobierno ordenara la aplicación de cupos de exportación para los productos que salían del campo cruceño. El argumento del MAS es que primero se debe cubrir el mercado interno de alimentos, asunto que siempre se hizo. Hoy nos encontramos con la noticia de que muchos excedentes agrícolas -el arroz por ejemplo- corren riesgo de no ser comercializados por esas políticas erróneas. El anuncio gubernamental de una “Revolución Productiva” causa desconfianza en Santa Cruz y algunos sectores piensan que resultaría fatal para la agricultura boliviana.

varios meses más si acaso no un par de años antes de cumplir con la Ley 2640 de Carlos Mesa indemnizando a víctimas de la violencia política

El Ministerio de Justicia culminó, en dos etapas, con la calificación de los sumarios que se establecieron desde el 2004, con la Ley 2640, y prosiguió con la reconsideración de listas desde el 2010 con la Ley 4069, donde se habían anotado 6.500 personas para exigir el pago.

“Se está cerrando este proceso que ha culminado con 1.600 beneficiarios (de 2.450 partidas que ingresaron al proceso). Ha sido eficiente el trabajo desarrollado”, manifestó el viceministro de Justicia, Nelson Cox.

La autoridad dijo que, en los siguientes meses, esta cartera de Estado presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que el Ministerio de Economía desembolse el dinero que se utilizará para esta compensación económica. Por último, a través de un decreto supremo, se hará oficial la lista de los beneficiarios y el monto económico a recibir.
No obstante, este proceso es observado por derechos humanos y el Defensor del Pueblo.

Leyes. El 11 de marzo del 2004, el entonces presidente Carlos Mesa promulgó la Ley 2640, que establecía procedimientos destinados a resarcir daños a las personas que fueron víctimas de actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales que violaron y conculcaron derechos humanos y garantías constitucionales.

La indemnización, calificada por la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política (Conrevip), comprendió a las víctimas que sufrieron violencia política entre el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Para el caso, preveía un 20% de recursos económicos erogados del Tesoro General de la Nación (TGN), con un monto de $us 3,6 millones y el trámite de “aportes porcentuales anualmente”, por donaciones privadas o extranjeras y de organismos internacionales, hasta cubrir el resarcimiento.

Preveía también el pago porcentual a los beneficiarios durante la gestión 2005, hecho que no se cumplió por los requisitos difíciles de conseguir. No obstante, con la Ley 4069 el Ministerio de Justicia pudo flexibilizar las exigencias a través de la Comisión Técnica de Calificación (Comteca) que reemplazó a la Conrevip.

La ley prevé el pago de entre 60 salarios mínimos (unos Bs 48.924) y 300 (Bs 244.220), de acuerdo con la calificación por secuelas dejadas o muerte.

En la actualidad, el Gobierno aún no sabe cómo se hará efectivo el pago del beneficio. “El Ministerio de Economía verá si va a presentar un presupuesto reformulado o alguna forma jurídica y legal para un presupuesto adicional para este año, con el fin de que se efectivice el pago a las personas que han sido beneficiarias de esta calificación y que se han admitido sus peticiones”, manifestó Cox.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que si bien el proceso de calificación y reconsideración es valorable, no debería ser el único, y que el Estado debe hacer lo posible por realizar otras acciones “menos complicadas” que lleguen a más beneficiarios.

“Debió haber un criterio más consensuado, más político, pero integral. Se pidió a las víctimas documentos imposibles de proporcionar. Pero hay información importante, resultado de trabajos que se han registrado en la hemeroteca”, señaló Villena.

Crítica. Tras rechazar la calificación que concluye, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se sostiene que se ha “revictimizado” a las personas que han tenido que recordar el periodo de dictadura para poder evidenciar que fueron víctimas.

“Pedían certificados forenses, pasaportes, salvoconductos, testigos que eran imposibles de conseguir porque en un periodo de excepción y dictadura, lamentablemente, esos documentos y esa gente que conoció cada ciudadano que ha sufrido, no quisiera nunca más recordar”, dijo la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.

Añadió que si bien hay 1.600 personas que van a acceder al beneficio, “se está cometiendo una gran injusticia con cientos de hombres y mujeres que han desestimado su participación porque se han visto vulnerados en sus derechos al ser rechazados por razones sin mucha consistencia”.

Freddy Salazar, víctima de la violencia política, cuestionó la labor del Ejecutivo. “Rechazar a varias víctimas, del proceso de calificación, significa borrar de la memoria  lo que pasó en nuestro país y decirle al pueblo boliviano  que son sólo 1.600 todas las víctimas de la dictadura”, señaló.

Qué indica la norma del caso

La Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional establece que los hechos materia de resarcimiento serán procedentes en casos de detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificadas, muerte en el país o el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada, perseguido por razones político sindicales. Añade que los hechos o acciones de violencia serán resarcibles, previa presentación de pruebas, a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a la ley.

Se analiza plan para ampliar beneficiarios

Las víctimas piden que el Estado también colabore en buscar a los desaparecidos

El Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso para beneficiar a más víctimas de violencia política, pero sólo para quienes fueron rechazados en los trámites de calificación y reconsideración, nómina que no sobrepasa las 800 personas.

“De las 2.450 personas que han ingresado (a la calificación), casi 800, entre hombres y mujeres que se toparon con las falencias procedimentales, van a poder ingresar en el último grupo. Este bloque es el que no pudo cumplir con los requisitos mínimos de las dos leyes (Ley 2640 y 4069), lo que imposibilitó que accedan a este proceso de calificación y que se verá en una revisión final”, indicó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox.
Recalcó que no se abrirán nuevas calificaciones para otros que no se enlistaron anteriormente.

La autoridad señaló que esta nueva “reconsideración especialísima”, en consenso con las organizaciones de víctimas de la violencia política, saldrá una vez que se haya gestionado el proyecto de ley que facilite la entrega de recursos económicos para el resarcimiento de las primeras 1.600 personas beneficiarias.

Freddy Salazar, una de las víctimas de la dictadura, rechazó la forma en que se calificó a las víctimas y señaló que debió ser el Estado el que, con sus recursos económicos y humanos, se encargue de investigar y definir quiénes fueron las víctimas de tantos años de dictadura.

“Lo que queremos es que se haga una reparación integral, lo quiere decir que deben esforzarse en hacer aparecer los restos de los desaparecidos y que haya justicia para los asesinados”, manifestó.

Un 90% no se ha registrado

Según la Asociación de Familiares de Detenidos, De-saparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), a un 90% de sus miembros no se los ha reconocido como beneficiarios del resarcimiento, ni se les ha hecho justicia por el sufrimiento que padecieron en las dictaduras.

Juan Claudio Lechín se refiere al aumento de la delincuencia en nuestro medio y el asalto a los bancos y oficinas de manejo de dinero. con precisión describe cómo la justicia es sin embargo arma política manejada por los gobiernos

Hace algunas semanas, una juez ordenó prisión domiciliaria para el gobernador del Beni, Ernesto Suárez. Antes apresaron a Leopoldo Fernández, de Pando, elegido por voto popular y hasta ahora sin proceso, y, también por presión judicial, enfilaron al exilio los gobernadores de Tarija y Cochabamba. Eran opositores al Gobierno de Evo Morales con la llamada media luna, de la que sólo falta deponer al Gobernador de Santa Cruz, a quien ya le están abonando la caída. En esta represión judicial–política también hay dirigentes campesinos, empresariales y cívicos. 

Esto parecería ser una acción local, sin embargo, en Venezuela sucede lo mismo. Los gobernadores de Aragua y Maracaibo, junto con periodistas, dirigentes estudiantiles y sindicales están exilados, perseguidos o presos, como preso está el Prefecto de Caracas y como estuvieron los de Yaracuy y Miranda, entre otros. En Ecuador, el gobernador Arias Cárdenas y otros también sufren exilio. 

Tanta similitud en la aplicación de este instrumento debe hacernos sospechar una fórmula internacional de exportación. En los tres países, los cargos levantados son, fundamentalmente, por corrupción, acusación que goza de simpatía mediática por el desprestigio de los políticos, lo cual facilita y justifica las acciones de estos regímenes. 

La política, en América Latina, es indudablemente una fuente de enriquecimiento ilícito, pero se debe probar el delito, aunque los corruptos se cuiden de no dejar rastros o se los encubra. Sin embargo, hay que insistir en erradicar la corrupción con un sistema legal separado del control político de los gobiernos, a menos que, con imaginación, fundemos una legislación que presuma culpabilidad de entrada; y apenas salgan de sus funciones se los aprese, sin proceso; inocentes o culpables, su destino será irremediablemente la cárcel, fatalidad inevitable parecida a la del macho araña que apenas concluye la cópula, ella lo mata. 

Incluso la alucinada medida que, en broma, sugiero, debe aplicarse a todos, pero no es correcto que una parcialidad política destroce sistemáticamente a sus adversarios utilizando la justicia. Y si lo hace, no puede ser considerada democrática. 

Hagamos memoria, pues siempre se le acusa a la desmemoria la culpa de volver a tropezar. La justicia como arma de represión política se hace en Cuba, con los Tribunales Revolucionarios. Francisco Franco lo hizo con el Tribunal de Orden Público y la Ley de Responsabilidades Políticas (1939). Diez años antes, Mussolini formó el Tribunal Especial para la Defensa del Estado y la Alemania nazi hizo el Sondergericht o tribunal para la represión política, y los Volksjustiz, tribunales populares. Todos con el mismo propósito de reprimir políticamente usando la justicia. 

Paradójicamente, estos caudillos subieron al poder reclamando justicia. En estas similitudes hay, sin embargo, una diferencia. Antes mataban a los opositores políticos, ahora, en sociedades menos épicas, con apresar u obligar a escoger el exilio se introduce el miedo como una sangre y se desmantela el espíritu crítico, es decir, el espíritu democrático. 

Escritor

Juan Claudio Lechín